Entre muchas poblaciones del país se ha abierto la discusión sobre la pertinencia de la quema de cohetes pirotécnicos relacionados con tradiciones y fiestas populares. Por un lado están quienes defienden esta práctica milenaria como símbolo cultural y de devoción. Por el otro, quienes cuestionan su uso ordinario y alegan perjuicios ambientales y de orden público. Ante esta disyuntiva es necesario revisar el marco legal que regula esta materia.

Lo primero que advertimos es que en México no existe una ley particular que regule la quema de pirotecnia civil o popular. Si bien la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hace referencia a la pirotecnia, su contemplación corresponde más a un artículo o instrumento armamentista, que a una actividad recreativa, civil, artística o cultural. De la dley federal se desprende que es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien tiene la autoridad plena para autorizar la compra, importación y exportación de materiales explosivos y todo lo concerniente a la fabricación. Infiriendo en ello la producción de fuegos artificiales. En cuanto a la distribución, almacenamiento, venta y uso de estos materiales y sus productos, la SEDENA comparte responsabilidades con las entidades federativas y municipios por lo que a la normatividad ambiental local y de protección civil se puede referir. Es decir, podemos concluir que el Ejecutivo Federal, por medio de la SEDENA, tiene el control y la vigilancia de toda actividad y operación que involucre explosivos y es la instancia encargada de emitir las autorizaciones correspondientes para su fabricación, distribución, almacenaje, comercialización y uso.

Partiendo de lo estipulado por el marco legal, entramos al fondo de la polémica ¿Se debe prohibir el uso de la pirotecnia popular o la quema de pirotecnia con fines civiles? Prohibir no. Regular sí. Para ello existen dos rutas: crear una ley particular sobre la materia o reformar específicamente diversas leyes como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en cuanto a la definición, características y autorizaciones para su desarrollo; especificar en la legislación federal y en las locales, en materia ambiental, las cantidades máximas permitidas de quema evitando una contaminación ambiental, incluyendo la auditiva; perfeccionar la Ley General de Protección Civil y los bandos de protección civil para asegurar las condiciones para su uso, almacenaje y distribución; contemplar en la reglamentación municipal los horarios, días y condiciones básicas para la autorización de eventos o actividades en los que se contemple la quema de pirotecnia, previa autorización de la Sedena, así como sancionar administrativamente la quema ilegal.

En todo caso, los cambios legales que nos permitan regular con mayor claridad y eficacia la pirotecnia deben perseguir tres objetivos: el aseguramiento de las óptimas condiciones para la protección civil, el cuidado al medio ambiente y el reconocimiento de esta actividad, desde lo local, para respetar la cultura y tradiciones sin afectar la tranquilidad y orden público.

México es uno de los países con más horas de jornada laboral de entre todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en México se laboran en promedio 2,124 horas al año, en Alemania se laboran 1,332 horas, en Costa Rica 1,913, en Japón 1,598, en Dinamarca 1,346 y en Reino Unido 1,367, en este último caso 62.71% menos horas que en nuestro país.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipuló desde 1948 que “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

Nuestra Constitución establece que la duración de la jornada máxima será de ocho horas y que por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar de un día de descanso con goce de salario, cuando menos. Por lo tanto, se concluye que constitucionalmente tenemos una jornada laboral semanal de 48 horas contradiciendo el Convenio CO47 1935 emitido por la Organización Internacional del Trabajo que establece una jornada de 40 horas como máximo.

Distintos países y empresas han implementado la reducción de la jornada laboral con buenos resultados y con un gran optimismo frente a esta nueva modalidad. Destaca el programa “4 Day Week Global” en Reino Unido que planteó la regla 100-80-100: 100% del sueldo, 80% del tiempo, 100% de productividad. En todos los casos observados en Islandia, Japón, Nueva Zelanda, España, Estados Unidos, Canadá y Australia los resultados son similares: se mejora la salud y el estado anímico del trabajador, se reduce el estrés, se incrementa la productividad y se generan ahorros en gastos operativos.

La propuesta para reducir la jornada laboral en México consiste en establecer 4.5 días laborales con un jornada de 8 horas para reducir de 48 horas a 36 horas semanales o 1,728 anuales si consideramos un promedio de 48 semanas laborales en un año; de esta forma apenas nos acercaríamos al promedio de horas laborales anuales de la OCDE que es de 1,687 horas.

Una jornada laboral 20% más corta debe ocasionar en los trabajadores un mejor estado de salud y promover una mayor convivencia familiar, pero también puede convertirse en un factor para reducir el tránsito vehicular y la contaminación.

La reducción de la jornada laboral se suma a un paquete de iniciativas para alcanzar una mayor justicia laboral. Actualmente se está avanzando en la propuesta para aumentar – duplicando o triplicando- los días de vacaciones de un trabajador desde su primer año de servicio, tal y como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo desde hace 52 años que fijó un periodo mínimo de 18 días vacacionales desde el primer año laboral. Otra iniciativa tiene que ver con el derecho al disfrute de permisos o licencias con goce de sueldo para atender cuidados médicos de familiares directos. La iniciativa plantea otorgar hasta 15 días para que el trabajador pueda cuidar a un familiar hospitalizado, en reposo o con algún padecimiento que requiera de cuidados especializados. Llegó la hora de la justicia laboral.

La seguridad social es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y en nuestra propia Constitución. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo señala que la seguridad social permite a los trabajadores y a sus familias tener acceso a la asistencia médica y a la protección por falta de ingresos, en la vejez, para la niñez o ante una incapacidad. Las prestaciones de la seguridad social deben amparar a los familiares directos del trabajador, sin embargo, existe una omisión que debe corregirse: los cuidados médicos por enfermedad familiar. La atención necesaria de una enfermedad de un familiar directo puede ocasionar al trabajador un serio problema laboral y económico ya que ausentarse de su trabajo, sin una clara regulación, puede ocasionarle descuentos en un salario o incluso ser despedido.

¿Qué pasa si un hijo o hija requiere reposo derivado de algún padecimiento y no puede asistir a la escuela? ¿Quién lo cuida? ¿Y si uno de los cónyuges es hospitalizado por algún accidente y requiere tratamiento? ¿Quién lo procura? En el caso de que la abuela o el abuelo se encuentren en etapa terminal ¿Quién los acompaña?

Diversos pactos internacionales en favor de los derechos civiles y por la protección de las personas con discapacidad y la niñez, consideran que la familia es un elemento fundamental que debe estar protegido ampliamente en la salud y cuidados; por lo que resulta necesario implementar y regular la licencia o permiso indicado para que los trabajadores puedan atender a familiares directos que se encuentren con enfermedad, incapacidad o sufran un accidente.

Para referencia, actualmente La Ley del Seguro Social en su artículo 140 Bis contempla que “Para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico […] La licencia expedida por el Instituto al padre o madre trabajador asegurado, tendrán una vigencia de uno y hasta veintiocho días.”

Lo que se persigue es aumentar los supuestos aplicables para el otorgamiento de licencias de cuidados médicos para que el trabajador asegurado tenga el derecho a una licencia de hasta 15 días para cuidados por enfermedad familiar, entendiéndose que podrá ausentarse de sus labores en caso de que deba cuidar de un familiar directo: hija o hijo, madre, padre, hermana o hermano, cónyuge, concubina o personas sujetas a su tutela.

Debemos avanzar en materia de derechos laborales y adecuarnos a los criterios internacionales. Estas son leyes que neta sirven a la gente y que encaminan el trabajo legislativo en ruta a la justicia laboral.