#EntreNetas | Atentado contra la democracia

Los ataques sistemáticos de López Obrador y sus discípulos de MORENA al Instituto Nacional Electoral (INE) son una clara muestra de lo importante que es para él controlar al órgano electoral con miras a la sucesión presidencial. Pareciera que, como en cada sexenio ocurre, la luna de miel termina y la realidad lo alcanza: sus obras faraónicas no terminarán de funcionar al cierre de su gobierno, una economía detenida y retraída, un contexto de inseguridad agravado en variadas regiones del país y nuevos casos de corrupción y de conflictos de interés en su círculo más cercano. Todo ello echa por la borda su constante consiga de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Ante este sorpresivo escenario, lo que le queda al presidente para mantener el poder e “institucionalizar” su proyecto personal al puro estilo del priismo cardenista y de Echeverría es atentar y apoderarse del INE.

El diccionario de la lengua española define la palabra atentado como la agresión o desacato grave a la autoridad u ofensa a un principio u orden que se considera recto, asimismo le da el significado de delito que consiste en la violencia o resistencia grave contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de funciones públicas, sin llegar a la rebelión ni sedición. Las descalificaciones, amenazas y agresiones públicas que han realizado actores relevantes del oficialismo dan cuenta del acecho del gobierno a la autoridad electoral al grado de “exterminarlos” en la literalidad expresada por el presidente de MORENA, Mario Delgado. El hostigamiento desde el poder en contra de los consejeros del INE se ha materializado hasta llegar a la persecución penal como no habría ocurrido jamás en los 30 años de existencia del Instituto. “En México se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú” sentenció Lorenzo Córdova a la prensa internacional.

El INE es un órgano autónomo constitucional que mantiene una alta confianza ciudadana y ha sido el garante de procesos electorales justos, apegados a la norma y cuyo resultado ha sido una marcada alternancia. Cuidar su autonomía presupuestaria es quizá hoy día la mayor consigna de los legisladores federales y requiere del mejor y mayor estudio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estarán revisando y resolviendo la controversia constitucional en curso.

La votación federal del año pasado mandó un claro mensaje, frenar los abusos del poder y no tocar la constitución. Aquella votación con una participación récord para una elección intermedia significó un alto a las pretensiones autoritarias del presidente. Debemos proteger al INE del atentado que está en ciernes.

Querétaro, en otro nivel

El recién anuncio del gobernador Mauricio Kuri sobre la inversión histórica que realizará su gobierno en materia de seguridad pública, fue acompañado de un dato […]

El recién anuncio del gobernador Mauricio Kuri sobre la inversión histórica que realizará su gobierno en materia de seguridad pública, fue acompañado de un dato muy alentador dado a conocer por el propio titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Leonel Cota, encargado del máximo órgano autónomo de ejecución y seguimiento del Consejo Nacional de Seguridad, reveló que nuestro Estado es el único de toda la república en tener a todas sus corporaciones policiacas cien por ciento certificadas.

Es decir, en Querétaro todas y todos los elementos de nuestras fuerzas de seguridad cuentan con una certificación para su desempeño. Sin duda vivimos en un lugar privilegiado, merecidamente desacorde con tantas regiones del país donde la inseguridad reina y la delincuencia manda; ciudades, localidades y comunidades en donde simplemente no hay presencia de la autoridad.

¿Qué ha hecho Querétaro diferente? Invertir, invertir e invertir. El estado y los municipios con mayor población privilegian en cada presupuesto y en toda administración recursos importantes y extraordinarios para la seguridad.

Los presupuestos en Querétaro se gastan destacadamente en seguridad, como ejemplo, el Municipio de Corregidora que destina prácticamente la mitad de su hacienda en esta materia con resultados notorios y ejemplares. Este municipio colinda con una de las regiones más inseguras de todo el país, sin embargo, con policías bien preparados y certificados, equipo de primer nivel, tecnología, inteligencia y coordinación el resultado es admirable. Querétaro se ha blindado y marca la diferencia.

El plan estatal “Juntos por la Seguridad” será un hito para mantener nuestra tranquilidad y aumentar la vigilancia. Mauricio Kuri ha definido y fijado, mediante una asignación presupuestal histórica, una de sus más sentidas prioridades: la seguridad de las queretanas y los queretanos.

#EntreNetas | 2022: ¿Un mejor año?

¿Qué esperar del nuevo año? ¿Tendremos en México mayor y mejor desarrollo económico, político y social? ¿Habrá más seguridad, paz y tranquilidad o la delincuencia seguirá presente y mandando como en tantas partes del territorio nacional? Las respuestas a estas preguntas deben partir de un análisis objetivamente serio que nos lleve a comprender, primeramente, cómo estamos hoy; seguido del estudio de las políticas públicas adoptadas por el gobierno federal y los recursos técnicos y económicos en los que se apoyan. Solo así, comprendiendo errores y aciertos, fallas y avances, retrocesos y logros de la primera mitad del sexenio, podemos visualizar si estamos en ruta de mejorar, crecer y progresar en este año que inicia.

Veamos. Nuestro país registra 109 mil homicidios dolosos desde que inició el gobierno de López Obrador según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, es decir, más del doble de los homicidios cometidos en los dos sexenios anteriores. El feminicidio ha crecido casi un 8% en el último año y la violación sexual aumentó 30%. La principal estrategia de seguridad prometida hace tres años fue regresar a los militares a los cuarteles, hoy, día con día, se militariza más al país. En materia de desarrollo social basta con observar que desde que comenzó la presente administración federal hay por lo menos 4 millones más de mexicanos que pasaron a la pobreza. El crecimiento económico ofrecido en campaña fue del 4% anual, es decir “el doble de lo que creció en el periodo neoliberal” según lo dijo el hoy presidente, quien prometió también, un costo para el litro de gasolina de $10 pesos. Lamentablemente hoy el crecimiento del país sigue siendo del 2% y el litro de gasolina ronda los $23 pesos. En materia política todo es división, persecución y encono. Estos son ejemplos del escenario nacional actual. Decía Albert Einstein que “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Entrando a la segunda mitad del sexenio lopezobradorista no se vislumbra ningún cambio, ajuste o corrección. Tal pereciera que las promesas de campaña estuvieran ya cumplidas o en ruta de consolidación. No es así. ¿Qué esperar del año 2022? Nada nuevo, nada diferente, ninguna intención de cambiar. Todos queremos que el nuevo año nos traiga alegrías, mejorías, salud, seguridad, oportunidades y éxitos, pero bien dice el dicho “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, en el horizonte del 2022 no se ven tiempos mejores.

Inflación, señal de alerta

Los precios de los productos relacionados con los alimentos y del sector energético, principalmente, han tenido un aumento del 7.37% en promedio, según el Índice […]

Los precios de los productos relacionados con los alimentos y del sector energético, principalmente, han tenido un aumento del 7.37% en promedio, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI. Este aumento no se daba desde hace prácticamente 20 años. Diversas instituciones, públicas y privadas, entre ellas el Banco de México, han re estimado a la baja el crecimiento del PIB. Frente a este panorama de bajo desempeño económico y de una constante escalada de precios es necesario, pertinente y urgente que el Gobierno Federal vire su política de gasto y re dirija mayores recursos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de millones de empleos en el país.

Si algo ha caracterizado al actual gobierno federal es su indiferencia, inacción y torpezas ante las amenazas que se le presentan. Frente a la pandemia la actuación del gobierno fue tardía y negligente, frente a la crisis de inseguridad la estrategia del gobierno ha sido exactamente la misma que prometieron cambiar por trágica e ineficiente, frente a la salida de inversión extranjera la respuesta del gobierno ha sido provocar mayor desconfianza y menor estado de derecho; tan solo en este año se registró una salida de inversión extranjera por más de 27 mil millones de dólares, tres veces más fuga de capital que en el 2020.

El aumento de la inflación es una clara señal de alerta. Millones de mexicanos, sobre todo quienes menos oportunidades tienen, sufrirán las consecuencias directas en su gasto familiar y en sus bolsillos ante el aumento de los precios: en solo 3 años el precio del kilo del arroz ha subido 77%, el precio del kilo de frijol negro subió 74%, un jabón “zote” subió su precio en tres años 66% , el precio de un kilo de tortilla ha subido 93%, un pollo entero es hoy 68% más caro. Estos son ejemplos de la subida real del precio de muchos productos básicos en los hogares y que no corresponden al aumento del salario mínimo registrado en los últimos años. El gobierno debe dejar de ser indolente y actuar ya. Estamos frente a una nueva señal de alerta.

#EntreNetas | El fracaso de la revocación de mandato

La aprobación del presupuesto de la Federación condicionó la viabilidad de la consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente. La mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados, avaló a ciegas la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo Federal y, sin el análisis más básico ni el razonamiento más elemental, aprobaron “castigar” al Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyéndole 5,000 millones de pesos a su presupuesto. Desde aquel momento se le advirtió al oficialismo, con puntos y comas, que el recurso reducido era justo para la organización de la consulta popular que estaba en puerta y que ellos mismos impulsaban. Sencillamente no escucharon. ¿Por qué si MORENA y el presidente de la República impulsan la consulta sobre la revocación de mandato no quisieron presupuestar el recurso suficiente para su implementación? ¿Sabían que este ejercicio de participación ciudadana está condenado al fracaso y prefirieron obstaculizar su realización no asignándole los recursos mínimos para su organización? ¿Se trata de un “complot” de MORENA y sus aliados para culpar al INE del fracaso anticipado de su deformación de revocación? El reciente acuerdo del pleno del Consejo General del INE para aplazar de manera temporal la revocación de mandato del presidente por falta de presupuesto ha evidenciado el manejo político y perverso del oficialismo. El mejor ejemplo recae en el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien con una prontitud, determinación y euforia inusitada anunció acciones legales en contra del INE y sus integrantes ante tal medida acordada por el órgano electoral. El diputado de MORENA olvidó por completo que su actuación como presidente de la Mesa Directiva debe representar la pluralidad de la Cámara. No tomar partido. ¿Por qué no actuó de la misma forma ante el decretazo presidencial? ¿A caso el presidente de la Cámara responde unilateralmente al partido en el gobierno? ¿Y la separación de poderes? Diversos actores del gobierno han condenado la decisión del INE, pero lo único claro es que sin los recursos necesarios – que el mismo MORENA retiró al instituto electoral- no es posible organizar el proceso de revocación de mandato tal y como lo exige la legislación. La decisión del INE se encuentra apegada a sus atribuciones y como bien se ha dicho “nadie está obligado a lo imposible”; sin recursos suficientes es imposible realizar una consulta nacional adecuadamente. La revocación de mandato fue un capricho costoso del presidente que ha trastocado y falseado al promocionarlo como un ejercicio de ratificación que no existe en la Constitución, engaña así flagrantemente a los mexicanos. Un proceso desvirtuado, sin recursos para su implementación y con graves fallas en la recolección de firmas que le dan origen, son sin duda la crónica de un fracaso anunciado.

No camiones de carga en la ciudad

La Dirección General de Autotransporte Federal señala un crecimiento preocupante del 115% en los accidentes de alto impacto donde se involucraron vehículos de autotransporte federal o carga pesada

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada año mueren 1.35 millones de personas en accidentes de tránsito en el mundo. Tan solo en México, durante el año 2020, casi 76 mil personas sufrieron de un accidente vial dentro de una zona urbana y se calcula que las muertes ocasionadas rebasan las 15,000 pérdidas humanas según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que representa un promedio de 42 accidentes mortales cada día.

La Dirección General de Autotransporte Federal señala un crecimiento preocupante del 115% en los accidentes de alto impacto donde se involucraron vehículos de autotransporte federal o carga pesada y cuyas causas principales fueron la velocidad inmoderada y la consecuente pérdida de control. El 63.7% de estos eventos fueron por estas dos causas.

Un claro ejemplo local sobre el peligro que representa el paso de camiones de carga por carreteras federales que cruzan poblaciones y zonas urbanas es la carretera 57 México-Querétaro en su paso por los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora. En el último año, se han registrado variados accidentes fatales que han cobrado una decena de vidas y expuesto a la población aledaña a la vía federal, o en circulación por la zona, que aloja hoteles, comercios, casas, tiendas de autoservicio, restaurantes, oficinas gubernamentales, etc. ocasionando un alto flujo de personas a los costados de la carretera federal poniendo en riesgo la seguridad y salud de miles de vidas diariamente.

El Municipio de Querétaro ha intentado convenir con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la regulación del tránsito del transporte de carga por las carreteras federales que atraviesan la zona metropolitana, sin embargo, al no existir una disposición legal clara que le obligue a escuchar, atender y acordar a la SCT con las autoridades locales, no ha sido factible ordenar el tránsito de riesgo en la zona urbana. Ante ello, es necesario reformar el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para obligar a la SCT a convenir con los estados y municipios – a solicitud de la entidad federativa y no al contentillo de la dependencia federal- la prohibición del tránsito pesado en las zonas urbanas y dejar la vigilancia y regulación dentro de la zona urbana a las autoridades locales; siempre y cuando existan libramientos o carreteras alternas, como es el caso de Querétaro que tiene como alternativas el libramiento a San Luis Potosí y el macro libramiento Palmillas-Apaseo.

El paso de camiones pesados por vías federales que cruzan zonas urbanas consolidadas es un peligro constante y evidente que ocasiona pérdidas de vidas, contaminación y tráfico. Urge legislar al respecto.

#EntreNetas | No son de chocolate

El presidente de la República recibió nuevamente una sopa de su propio chocolate. El primer mandatario, auto definido como un paladín de la lucha contra la corrupción, fue exhibido en su círculo más cercano en actos de clara ilegalidad y mucha deshonestidad. Una investigación periodística reciente exhibió en video al secretario particular y a la oficial mayor de Andrés Manuel López Obrador, haciendo depósitos en efectivo mediante una operación carrusel a una cuenta que presumían serviría para los damnificados del sismo pero cuyo recurso acabó en las campañas de MORENA, según detalla la plataforma Latinus. Dicen que la expresión chocolate por la noticia se emplea ante el anuncio de una noticia supuestamente novedosa pero que es ya sabida por todos, este reportaje ya no sorprendió del todo pues AMLO ha estado rodeado de colaboradores y familiares que se han servido a las anchas y han sido expuestos en video. Son ya innumerables las noticias en las que cercanos al presidente aparecen en situaciones comprometedoras relacionadas con actos de evidente corrupción. Unos días antes, la investigación periodística titulada “Sembrando Vida y La Fábrica de Chocolates” puso también en evidencia a uno de los programas estelares del gobierno federal; sí, ese programa que el presidente presumió airadamente a la comunidad internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. ¿Qué concluyó este ejercicio periodístico? En resumen: el gobierno federal le da dinero a los campesinos para que talen sus árboles y parcelas a cambio de sembrar cacaoteros, con la condición de que la futura producción del cacao se la vendan al socio del hijo de Andrés Manuel López Obrador, cuya empresa (del hijo) es fiscalmente irregular. Aquí no aplicó aquel dicho si con chocolate no te quieres quemar, déjaselo a otro paladear; para el descendiente directo del presidente utilizar programas del gobierno federal es honestidad valiente. Dicen que las cosas claras y el chocolate espeso pero para la Fiscalía General de la República estos hechos no merecen ser investigados a pesar de las evidencias públicas. Tal parece que quienes rodean al presidente son de chocolate y gozan así de la protección del Estado. Desde las ligas de René Bejarano en 2004, pasando por las “aportaciones” a los hermanos del presidente Martín y Pío López Obrador, llegando a los depósitos del actual secretario particular y oficial mayor del presidente y del uso inmoral de los programas sociales en beneficio de empresarios y familiares, no existe una sola consecuencia legal ante estos actos. ¿Por qué la supuesta fiscalía autónoma no actúa? ¿Hay una instrucción deliberada para proteger a los allegados al presidente y perseguir solamente a los opositores? Los amigos, familiares y colaboradores del presidente no son de chocolate.

Talando, sembrando y transando

Esta semana fue publicada la investigación periodística titulada “Sembrando Vida y La Fábrica de Chocolates” en la que se siembran muchas dudas sobre uno de […]

Esta semana fue publicada la investigación periodística titulada “Sembrando Vida y La Fábrica de Chocolates” en la que se siembran muchas dudas sobre uno de los programas estelares del gobierno federal; sí, ese programa que el presidente presumió airadamente a la comunidad internacional ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Y… ¿qué concluye el ejercicio periodístico recién publicado? en resumen: el gobierno federal le da dinero a los campesinos para que talen sus árboles y parcelas a cambio de sembrar cacaoteros, con la condición de que la futura producción del cacao se la vendan al socio del hijo de Andrés Manuel López Obrador, cuya empresa (del hijo) es fiscalmente irregular. Por cierto, la información oficial faltante en la exploración periodística está, curiosamente, reservada por el gobierno.

Sembrando Vidas ha sido usado como una discursiva disuasiva del presidente para amortiguar las críticas y señalamientos por la falta de una clara, concisa y efectiva agenda ambiental por parte de su gobierno y con el propósito de ennoblecer causas sociales relacionadas con la pobreza, el campo y el medio ambiente. Sin embargo, este programa está lleno de inevitables cuestionamientos.

Primeramente, es un programa presupuestal que despilfarra recursos públicos. Se gastarán tan solo el próximo año 30 mil millones de pesos que bien podrían utilizarse para garantizar recursos para la atención del cáncer, para reintegrar un fondo para la atención de desastres naturales y para reactivar el seguro popular. De ese tamaño es el presupuesto destinado a este programa que no cuenta con una metodología o gestión de indicadores que demuestren su eficiencia.

En segundo lugar Sembrando Vida merece una crítica severa porque en lugar de sembrar vida, tala selvas. No es un programa de reforestación como lo anuncia el presidente, es un programa de deforestación como en los hechos sucede. La organización World Resource Institute (WRI) encontró una correlación escandalosa: en donde se ha implementado el programa Sembrando Vida se han perdido más de 72,000 hectáreas de cobertura forestal.

Tercero, es un programa clientelar que aplica principalmente en los estados que gobierna MORENA para dar $5,000 pesos mensuales a pequeños agricultores a cambio de sembrar árboles.

Y cuarto, es un programa potencialmente corrupto pues se ha sembrado poderosamente la duda de que este programa beneficia directamente al hijo del presidente de la República. La investigación periodística aquí citada expone las redes, relaciones y posibles transas de Andrés Manuel López Beltrán relacionadas con el ahora mal llamado programa de deforestación nacional Talando Vidas. La corrupción señalada por la Casa Blanca y la Estafa Maestra se quedaron chiquitas.

El decreto del dictador

El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se declara de “interés público […]

El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se declara de “interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Estas obras y proyectos abarcan prácticamente todas las modalidades y sectores: en comunicaciones, telecomunicaciones, hidráulicas, ambientales, hídricas, turísticas, de salud, férreas, aeroportuarias, entre muchas otras más, siempre que se les considere por el propio gobierno como prioritarias y/o estratégicas para el desarrollo de México.

¿Qué implicación tiene este acuerdo publicado por la Presidencia de la República? La afirmación de un gobierno totalitario, por el cual, el Estado ejerce el poder sin ninguna restricción y regulación. Mediante la vigencia de este acuerdo el Presidente pretende hacer y deshacer en la ejecución de las obras públicas sin miramiento mínimo a la ley y sin cumplir con los requisitos básicos establecidos por las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, es decir, actuar de manera autoritaria, ilegal y dictatorial. Con este acuerdo se evidencia la instauración progresiva de un despotismo a la mexicana como lo definiera Montesquieu en El Espíritu de las Leyes “el gobierno de uno solo, sin ley ni frenos, que arrastra todo y a todos tras su voluntad y sus caprichos”.

Este decreto significa conceder todo el poder a un solo poder, usando de manera discrecional recursos públicos y pasando por alto los actos de autoridades diversas para cumplir los antojos del presidente. Aunado a ello, se pretende evadir la transparencia, el cumplimiento legal y los requisitos ambientales y administrativos necesarios para la autorización debida de una obra cualquiera. ¿Qué se puede hacer ante este acto perverso de autoridad? La presentación de una acción de clara inconstitucionalidad por parte de los legisladores federales, la interposición de acciones de controversia constitucional a cargo de municipios o autoridades competentes o el uso del amparo. Este acuerdo pinta de cuerpo entero la vocación autoritaria, soberbia y caprichosa con la que el presidente gobierna el país. El decretazo de este 22 de noviembre es el decreto de un dictador en funciones de presidente.

#EntreNetas | ¿Revocación o ratificación de mandato?

En la primera semana de septiembre la Cámara de Diputados discutió la Ley de Revocación de Mandato con el propósito de ampliar el derecho de los ciudadanos a participar en la determinación de su gobierno. Este ejercicio de democracia avanzada mantiene una sola esencia y custodia un solo objetivo: permitir la terminación de un encargo público antes de finalizar el periodo para el que es electo. Nada mas, pero nada menos. Esta ley se materializa mediante la realización de una consulta pública a las y los ciudadanos sobre si el presidente debe continuar en su cargo o debe ser removido por la pérdida de confianza. Hasta aquí todo aparenta ser una novedosa práctica para implementar un ejercicio democrático que califique anticipadamente el desempeño del presidente. Sin embargo, existen tres lastres que desvirtúan e impiden la realización genuina de esta práctica progresista. Primera, la deformación de su concepción por parte del oficialismo. Revocación según la Real Academia Española es la acción y efecto de revocar definiendo revocar como dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Mientras que la ratificación es la acción y efecto de ratificar, es decir, aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos. ¿Qué podemos interpretar al respecto? ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre un proceso de revocación – como lo mandata la ley- y uno de ratificación? Sencillo, la revocación persigue exclusivamente el ánimo para promover la terminación del cargo, mientras que la ratificación promueve la permanencia. No es lo mimo recolectar firmas para pedir que un presidente se quede en el puesto a pedir firmas para que deje el cargo; son peticiones opuestas. Promover la ratificación dentro de un ejercicio eminentemente de revocación es un total contrasentido. Ha sido el propio presidente quien paradójicamente ha promovido la revocación desde el oficialismo.

Él es quien todos los días busca engañar haciendo ver la revocación como una ratificación; violando la ley, usando recursos públicos, con pronunciamientos ilegales y en tiempos oficiales. Segundo obstáculo, el financiero. Para la correcta implementación de un proceso de consulta nacional se requieren recursos extraordinarios para desplegar centros de votación a lo largo y ancho de todo el país. Contradictoriamente, fue la mayoría legislativa oficialista quien recortó en casi 5,000 millones de pesos el presupuesto al INE poniendo en riesgo la consulta. Y tercer inconveniente, el legal. Existe una acción de inconstitucionalidad presentada por los legisladores de oposición ante la tergiversación que de este ejercicio ha realizado el gobierno. Es evidente el carácter propagandístico que el presidente ha dado a esta consulta con fines perversamente electorales en un nuevo refuerzo a la narrativa presidencial. ¿Revocación o ratificación de mandato? La diferencia es clara.