Los ataques sistemáticos de López Obrador y sus discípulos de MORENA al Instituto Nacional Electoral (INE) son una clara muestra de lo importante que es para él controlar al órgano electoral con miras a la sucesión presidencial. Pareciera que, como en cada sexenio ocurre, la luna de miel termina y la realidad lo alcanza: sus obras faraónicas no terminarán de funcionar al cierre de su gobierno, una economía detenida y retraída, un contexto de inseguridad agravado en variadas regiones del país y nuevos casos de corrupción y de conflictos de interés en su círculo más cercano. Todo ello echa por la borda su constante consiga de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Ante este sorpresivo escenario, lo que le queda al presidente para mantener el poder e “institucionalizar” su proyecto personal al puro estilo del priismo cardenista y de Echeverría es atentar y apoderarse del INE.

El diccionario de la lengua española define la palabra atentado como la agresión o desacato grave a la autoridad u ofensa a un principio u orden que se considera recto, asimismo le da el significado de delito que consiste en la violencia o resistencia grave contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de funciones públicas, sin llegar a la rebelión ni sedición. Las descalificaciones, amenazas y agresiones públicas que han realizado actores relevantes del oficialismo dan cuenta del acecho del gobierno a la autoridad electoral al grado de “exterminarlos” en la literalidad expresada por el presidente de MORENA, Mario Delgado. El hostigamiento desde el poder en contra de los consejeros del INE se ha materializado hasta llegar a la persecución penal como no habría ocurrido jamás en los 30 años de existencia del Instituto. “En México se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú” sentenció Lorenzo Córdova a la prensa internacional.

El INE es un órgano autónomo constitucional que mantiene una alta confianza ciudadana y ha sido el garante de procesos electorales justos, apegados a la norma y cuyo resultado ha sido una marcada alternancia. Cuidar su autonomía presupuestaria es quizá hoy día la mayor consigna de los legisladores federales y requiere del mejor y mayor estudio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estarán revisando y resolviendo la controversia constitucional en curso.

La votación federal del año pasado mandó un claro mensaje, frenar los abusos del poder y no tocar la constitución. Aquella votación con una participación récord para una elección intermedia significó un alto a las pretensiones autoritarias del presidente. Debemos proteger al INE del atentado que está en ciernes.

¿Qué esperar del nuevo año? ¿Tendremos en México mayor y mejor desarrollo económico, político y social? ¿Habrá más seguridad, paz y tranquilidad o la delincuencia seguirá presente y mandando como en tantas partes del territorio nacional? Las respuestas a estas preguntas deben partir de un análisis objetivamente serio que nos lleve a comprender, primeramente, cómo estamos hoy; seguido del estudio de las políticas públicas adoptadas por el gobierno federal y los recursos técnicos y económicos en los que se apoyan. Solo así, comprendiendo errores y aciertos, fallas y avances, retrocesos y logros de la primera mitad del sexenio, podemos visualizar si estamos en ruta de mejorar, crecer y progresar en este año que inicia.

Veamos. Nuestro país registra 109 mil homicidios dolosos desde que inició el gobierno de López Obrador según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, es decir, más del doble de los homicidios cometidos en los dos sexenios anteriores. El feminicidio ha crecido casi un 8% en el último año y la violación sexual aumentó 30%. La principal estrategia de seguridad prometida hace tres años fue regresar a los militares a los cuarteles, hoy, día con día, se militariza más al país. En materia de desarrollo social basta con observar que desde que comenzó la presente administración federal hay por lo menos 4 millones más de mexicanos que pasaron a la pobreza. El crecimiento económico ofrecido en campaña fue del 4% anual, es decir “el doble de lo que creció en el periodo neoliberal” según lo dijo el hoy presidente, quien prometió también, un costo para el litro de gasolina de $10 pesos. Lamentablemente hoy el crecimiento del país sigue siendo del 2% y el litro de gasolina ronda los $23 pesos. En materia política todo es división, persecución y encono. Estos son ejemplos del escenario nacional actual. Decía Albert Einstein que “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Entrando a la segunda mitad del sexenio lopezobradorista no se vislumbra ningún cambio, ajuste o corrección. Tal pereciera que las promesas de campaña estuvieran ya cumplidas o en ruta de consolidación. No es así. ¿Qué esperar del año 2022? Nada nuevo, nada diferente, ninguna intención de cambiar. Todos queremos que el nuevo año nos traiga alegrías, mejorías, salud, seguridad, oportunidades y éxitos, pero bien dice el dicho “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, en el horizonte del 2022 no se ven tiempos mejores.

La aprobación del presupuesto de la Federación condicionó la viabilidad de la consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente. La mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados, avaló a ciegas la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo Federal y, sin el análisis más básico ni el razonamiento más elemental, aprobaron “castigar” al Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyéndole 5,000 millones de pesos a su presupuesto. Desde aquel momento se le advirtió al oficialismo, con puntos y comas, que el recurso reducido era justo para la organización de la consulta popular que estaba en puerta y que ellos mismos impulsaban. Sencillamente no escucharon. ¿Por qué si MORENA y el presidente de la República impulsan la consulta sobre la revocación de mandato no quisieron presupuestar el recurso suficiente para su implementación? ¿Sabían que este ejercicio de participación ciudadana está condenado al fracaso y prefirieron obstaculizar su realización no asignándole los recursos mínimos para su organización? ¿Se trata de un “complot” de MORENA y sus aliados para culpar al INE del fracaso anticipado de su deformación de revocación? El reciente acuerdo del pleno del Consejo General del INE para aplazar de manera temporal la revocación de mandato del presidente por falta de presupuesto ha evidenciado el manejo político y perverso del oficialismo. El mejor ejemplo recae en el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien con una prontitud, determinación y euforia inusitada anunció acciones legales en contra del INE y sus integrantes ante tal medida acordada por el órgano electoral. El diputado de MORENA olvidó por completo que su actuación como presidente de la Mesa Directiva debe representar la pluralidad de la Cámara. No tomar partido. ¿Por qué no actuó de la misma forma ante el decretazo presidencial? ¿A caso el presidente de la Cámara responde unilateralmente al partido en el gobierno? ¿Y la separación de poderes? Diversos actores del gobierno han condenado la decisión del INE, pero lo único claro es que sin los recursos necesarios – que el mismo MORENA retiró al instituto electoral- no es posible organizar el proceso de revocación de mandato tal y como lo exige la legislación. La decisión del INE se encuentra apegada a sus atribuciones y como bien se ha dicho “nadie está obligado a lo imposible”; sin recursos suficientes es imposible realizar una consulta nacional adecuadamente. La revocación de mandato fue un capricho costoso del presidente que ha trastocado y falseado al promocionarlo como un ejercicio de ratificación que no existe en la Constitución, engaña así flagrantemente a los mexicanos. Un proceso desvirtuado, sin recursos para su implementación y con graves fallas en la recolección de firmas que le dan origen, son sin duda la crónica de un fracaso anunciado.

El presidente de la República recibió nuevamente una sopa de su propio chocolate. El primer mandatario, auto definido como un paladín de la lucha contra la corrupción, fue exhibido en su círculo más cercano en actos de clara ilegalidad y mucha deshonestidad. Una investigación periodística reciente exhibió en video al secretario particular y a la oficial mayor de Andrés Manuel López Obrador, haciendo depósitos en efectivo mediante una operación carrusel a una cuenta que presumían serviría para los damnificados del sismo pero cuyo recurso acabó en las campañas de MORENA, según detalla la plataforma Latinus. Dicen que la expresión chocolate por la noticia se emplea ante el anuncio de una noticia supuestamente novedosa pero que es ya sabida por todos, este reportaje ya no sorprendió del todo pues AMLO ha estado rodeado de colaboradores y familiares que se han servido a las anchas y han sido expuestos en video. Son ya innumerables las noticias en las que cercanos al presidente aparecen en situaciones comprometedoras relacionadas con actos de evidente corrupción. Unos días antes, la investigación periodística titulada “Sembrando Vida y La Fábrica de Chocolates” puso también en evidencia a uno de los programas estelares del gobierno federal; sí, ese programa que el presidente presumió airadamente a la comunidad internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. ¿Qué concluyó este ejercicio periodístico? En resumen: el gobierno federal le da dinero a los campesinos para que talen sus árboles y parcelas a cambio de sembrar cacaoteros, con la condición de que la futura producción del cacao se la vendan al socio del hijo de Andrés Manuel López Obrador, cuya empresa (del hijo) es fiscalmente irregular. Aquí no aplicó aquel dicho si con chocolate no te quieres quemar, déjaselo a otro paladear; para el descendiente directo del presidente utilizar programas del gobierno federal es honestidad valiente. Dicen que las cosas claras y el chocolate espeso pero para la Fiscalía General de la República estos hechos no merecen ser investigados a pesar de las evidencias públicas. Tal parece que quienes rodean al presidente son de chocolate y gozan así de la protección del Estado. Desde las ligas de René Bejarano en 2004, pasando por las “aportaciones” a los hermanos del presidente Martín y Pío López Obrador, llegando a los depósitos del actual secretario particular y oficial mayor del presidente y del uso inmoral de los programas sociales en beneficio de empresarios y familiares, no existe una sola consecuencia legal ante estos actos. ¿Por qué la supuesta fiscalía autónoma no actúa? ¿Hay una instrucción deliberada para proteger a los allegados al presidente y perseguir solamente a los opositores? Los amigos, familiares y colaboradores del presidente no son de chocolate.