En México existen dos visiones encontradas de país, dos formas distintas y opuestas de gobernar que se contraponen cada día de manera más extrema.

En México existen dos visiones encontradas de país, dos formas distintas y opuestas de gobernar que se contraponen cada día de manera más extrema. La polarización se fomenta y se justifica desde el palacio presidencial y es motivo, razón de ser y la sustancia en sí de toda la actuación gubernamental. El presidente López Obrador no gobierna para solucionar los problemas del país, gobierna para mantener una base social-electoral de apoyo, y para lograrlo, le ocupa dividir, separar, catalogar, inquirir, acusar, adjetivar, perseguir y condenar a sus ´enemigos´, la otra gran mitad de la nación. Este separatismo forzado desde la silla presidencial utiliza el poder para mantenerse el poder. Bajo este contexto, el diputado federal, Ignacio Loyola Vera ha lanzado una consigna social para establecer un nuevo orden parlamentario, temporal, con el fin de proteger a la Nación desde el propio ejercicio del derecho: No modificar la Constitución en lo que resta de este sexenio. La moratoria constitucional, pausa constitucional o paro constitucional es una declaración firme de la oposición para comprometerse públicamente y ante la sociedad a no impulsar, ni respaldar, ninguna iniciativa que busque reformar la Constitución. Significa adelantarle al presidente que no contará, en ningún caso, con los votos suficientes para proponer cambios a la carta magna. Tocar la Constitución, bajo un régimen autoritario y autocrático, es un alto riesgo que no se debe jugar.

23 millones de mexicanos, en la elección federal celebrada el año pasado, le quitaron a MORENA la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo cual, cualquier cambio constitucional requiere de la suma de 56 legisladores del bloque opositor conformado por PAN, PRI, MC y PRD; de la misma forma, si la oposición quisiera proponer una reforma de índole constitucional requeriría de 112 diputados del oficialismo. Es decir, cualquier cambio de orden constitucional requiere de un consenso amplio difícil de prever en esta etapa política de alta crispación. A pesar de ello, López Obrador jamás ha tenido la intención de buscar un punto de encuentro o consenso para cambiar la ley, por el contrario, no cesa en sus intentos por modificar la Constitución desde su individualidad y su interés; ya lo hizo mediante la reforma eléctrica – que no alcanzó la mayoría calificada requerida- y ahora persiste con la reforma electoral que, de aprobarse, pondría fin a nuestro régimen democrático y representativo. El presidente sabe que no logrará la aprobación de sus reformas constitucionales, pero recurre a esta práctica para encender y mantener su narrativa nacionalista. Su intención primaria es polarizar, lo secundario es gobernar.

Las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente han sido solo sus anclas discursivas, con el perverso propósito de dividir a nuestra Nación; debemos frenarlas, acotarlas y minimizarlas mediante la moratoria constitucional. Hay que ser drásticos en un momento drástico. No es un asunto meramente de legislación, se trata más de un acuerdo social por nuestra unidad nacional.

José Báez

Diputado Federal

Para cuando la “inversión” del Estado Mexicano en la Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO) pudiera empezar a redituar – suponiendo que todo se hizo bien y sin corrupción- seguramente el litio habrá depreciado ya su valor en el mercado

¿Cuál es la relevancia del litio? Se trata de un elemento químico que se utiliza principalmente para la producción de baterías, pues es un metal ligero con una excelente conducción de electricidad y calor. También, el litio mantiene un uso medicinal como agente antimaniaco para tratar a personas con episodios bipolares, depresivos o frenéticos. Hoy en día, el litio se utiliza en una gran parte de componentes electrónicos, automóviles y celulares.

Ante la relevancia de este elemento, el presidente López Obrador a mandatado su “nacionalización” como forma de rescate de la soberanía de nuestro país y una nueva ofrenda al pueblo mexicano.

Tenemos un presidente que tiende, frecuentemente, a tergiversar, inventar, mentir y engañar. Lo mismo organizó la rifa de un avión, sin avión, que ofreció en campaña bajar el precio de la gasolina y desmilitarizar al país, o volvió un ejemplo de patriota puro y vivo al impresentable Manuel Bartlett. Ante su manía por distorsionar las cosas, resulta necesario hacer algunas precisiones sobre esta nueva “bandera pública” y ponerla en su justa dimensión.

Primeramente, no sobra decir, que contrario a lo que se ha hecho creer bajo la narrativa oficial, el litio ya era de la nación de acuerdo al artículo 27 constitucional. Segundo, es pertinente aclarar que el litio existente en México no es de fácil extracción y que nuestro país tiene una muy modesta reserva de 1.7 millones de toneladas métricas según el Servicio Geológico de EE.UU que contrastan con los 21 millones que posee, por ejemplo, Bolivia.

Asimismo, es prudente indicar que el litio mexicano se encuentra inicialmente en depósitos de pegmatita o de “roca dura” en minas a cielo abierto o en el subsuelo, a diferencia de otras partes del mundo en donde se encuentra mayoritariamente en la superficie en salmueras.

Tercero, según el propio gobierno federal en México no existe ningún yacimiento de litio en explotación y se encuentran en etapa de exploración solo tres yacimientos. Es decir, en México la explotación y el procesamiento del litio es inexistente; incierta y potencialmente costosa.

La idea setentera del presidente por monopolizar y nacionalizar sectores productivos es una pésima medida pues implica que sea solo el Estado Mexicano, ningún particular mexicano o extranjero, quien explore, explote, produzca y comercialice la industria del litio, lo que llevaría al gobierno a desviar del presupuesto de la federación miles de millones de pesos a lo largo de por lo menos 8 años antes de que la inversión pública pudiera ser productiva.

Entendamos bien, la propuesta de López Obrador es volver a un Estado empresa-monopolio que invierte muchos recursos públicos inútilmente y que bien podrían ser destinados a otros servicios públicos de mayor necesidad social: salud, educación, infraestructura…

Pero ahí no termina todo. Cuarto, y quizá el punto más relevante, diversos expertos coinciden en que más pronto que tarde el litio será sustituido por otros elementos químicos, como el aluminio, para la producción de baterías. Que se entienda, para cuando la “inversión” del Estado Mexicano en la Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO) pudiera empezar a redituar – suponiendo que todo se hizo bien y sin corrupción- seguramente el litio habrá depreciado ya su valor en el mercado.

Para ahondar en ello, el Instituto Fraunhofer de Alemania investiga en fases muy avanzadas la transición del litio al aluminio y de momento se ha concluido en pruebas preliminares realizadas por la empresa australiana Graphene Manufacturing Group que “la velocidad de recarga de las baterías de iones de aluminio multiplican por tres la de las de iones de litio y triplica su durabilidad”.

El presidente López Obrador encabeza un gobierno de caprichos ideológicos y de fracasos necios. Se impuso su voluntad para reformar la ley minera violentando el proceso legislativo. Su propuesta para crear una empresa pública que exclusivamente explote y desarrollo la cadena de valor del litio (AMLITIO) no fue estudiada en comisiones, puesta al análisis de un parlamento abierto que escuchara a los expertos, ni dictaminada. Lo que empieza mal termina mal. Sin duda esta decisión traerá cientos de juicios de amparo e indemnizaciones que le significarán un alto costo a la hacienda pública; además de afectar la reputación internacional de México. AMLITIO esta condenada al fracaso. Uno más de este sexenio.

Se desperdiciaron miles de millones de pesos para confirmar lo que ya casi todos sabíamos: la consulta para la revocación de mandato fue un rotundo fracaso. No solo por el bajísimo nivel de participación que apenas llegó al 17 por ciento, sino por la descarada operación – previsible- del gobierno para incidir en el resultado. Participaron aproximadamente 16 millones de personas, menos de 2 de cada 10 mexicanos, cuando se requerían 37 millones de votos para que esta consulta innecesaria tuviera razón de ser. De ese tamaño es el fracaso.

Este proceso de “revocación” se caracterizó por la simulación, por la intromisión ilegal del gobierno y por servir exclusivamente como un mecanismo de propaganda ilegítima del presidente de la República. Quienes participaron en la consulta con la pretensión de revocarle el mandato al presidente, solo contribuyeron, con sus votos, a “representar” – a los ojos del presidente- el “tamaño” de sus opositores. Le regalaron el discurso “oficial” para establecer una nueva narrativa en su favor señalando, malamente, que 9 de cada 10 mexicanos lo respaldan, nada más falso, pero “sustentado” por la absurda participación en la “consulta”. Este proceso ha de recordarnos que el voto jamás se debe ejercer con el hígado, el corazón o el estómago. Votar o no votar, participar o no participar, elegir la opción por la cual se va a votar, se debe decidir con la razón y la conciencia, por eso lo correcto, lo razonado, si se quería en verdad oponerse al presidente, era hacerle un gran vacío para evidenciar que se trataba de un consulta simulada, inútil y personalista, de él y para él.

Este domingo nos arrojó un par de conclusiones por demás importantes. La primera es que la capacidad de movilización de MORENA es limitada y no poseen la “gran” maquinaria electoral que tanto presumen. La segunda es que el INE, a pesar de todos los traspiés que le pusieron, tuvo la capacidad operativa para organizar nuevamente una elección en paz y con las garantías suficientes para su implementación. Pero ¿Qué sigue después de la consulta fallida? Primero, se debe sancionar ejemplarmente a quienes violaron la ley, particularmente a quienes, desde el gobierno, utilizan recursos públicos para incidir en un proceso electoral. Segundo, se tiene que fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para que tenga las herramientas y capacidades suficientes para fiscalizar los recursos que se destinan principalmente en la propaganda electoral. Tercero, se debe legislar para mejorar y fortalecer la implementación de las consultas populares, incluyendo la garantía de suficiencia presupuestal. Finalmente cabe mencionarse que, una vez pasada la consulta, se anuncia una fuerte ofensiva del oficialismo para desacreditar al INE y buscar su desintegración, sin embargo, MORENA no cuenta con los votos suficientes para realizar un cambio constitucional de este tipo, por lo que el ataque y acoso del gobierno será verbal, y como tal, debe encontrar de frente las voces de los demócratas para defender al INE y a la democracia. El día después de la consulta, la consulta falló.

¿Conviene participar en un ejercicio “democrático” adulterado, de resultado previsible y que pretende ser utilizado por el gobierno para dividir a la oposición y aglutinar […]

¿Conviene participar en un ejercicio “democrático” adulterado, de resultado previsible y que pretende ser utilizado por el gobierno para dividir a la oposición y aglutinar al oficialismo? Contundentemente, la respuesta es no. Me explico. Quienes coincidimos en que el gobierno encabezado por López Obrador ha sido un rotundo fracaso tenemos como la mejor – y quizás la única- alternativa la abstención razonada en la consulta de revocación de mandato, consulta que nació muerta por el simple hecho – contradictorio en sí – de haber sido impulsada por el propio presidente para beneficio de sus intereses particulares. Se trata claramente de un proceso simulado que evidentemente no versa sobre el derecho de los mexicanos a revocar un mandato, sino que pretende ser un instrumento oficialista con fines propagandísticos y de generación de precedentes legales para promover la permanencia de López Obrador en el cargo. La consulta no podrá llegar jamás a buen puerto con el presupuesto que le recortaron para su implementación – intencional y estratégicamente- los diputados de MORENA al INE, que sin duda alguna realiza un esfuerzo descomunal para organizar la consulta pero con un presupuesto insuficiente y bajo los ataques sistemáticos del presidente y su partido. La reducción presupuestal afecta gravemente la consulta y su resultado final pues no se usará papel seguridad para las boletas y solamente se instalarán un tercio de las 161,000 casillas que se ocupan en un proceso electoral federal, es decir, para la consulta lopezobradoriana solo se establecerán 57,500 centros de votación, lo que sin duda disminuirá significativamente la afluencia de votantes y pone en evidencia que no se trata de un ejercicio genuino, sino de una estrategia premeditada del gobierno federal donde lo que menos importa es el proceso, la participación y su resultado. La revocación de mandato es un recurso primeramente retórico y posteriormente jurídico de las dictaduras para incentivar a sus bases, dividir a la oposición y sembrar su permanencia; ahí están los ejemplos irrefutables de Chávez, Maduro y Evo Morales, tan admirados por nuestro presidente.

La no participación en este espectáculo gubernamental puede llegar a ser incluso un acto de constricción moral ante el derroche de recursos públicos y privados sin precedentes, y sin fiscalizar, para enaltecer la imagen personal de un servidor público violando flagrantemente la constitución en sus artículos 35 y 134. Pero si las razones al momento expuestas no fueran suficientes, existe un motivo más y sobretodo concluyente: la consulta es irrelevante en su resultado. Tenemos un mandatario que jamás ha reconocido un resultado que no le sea favorable. Nunca. Pero suponiendo, sin conceder, que perdiera la consulta, que el resultado fuera vinculante al participar más de 38 millones de mexicanos y que por primera vez en su vida aceptara un resultado adverso, el próximo Presidente de la República sería un personaje de MORENA, escogido por López Obrador, ya que tiene los votos suficientes en el Congreso. Se trata de una consulta a todas luces fraudulenta, mitotera, tramposa y sin ninguna posibilidad para sacar a MORENA del gobierno; esto solo podrá ocurrir en las elecciones del 2024 por lo que este ejercicio fallido no debe dividir a quienes queremos y creemos en un verdadero cambio. ¿Participar o no? No. Abstenernos activamente.

Vivimos bajo un gobierno que viola permanentemente la ley. Las disposiciones contenidas en nuestra Constitución política, en sus leyes, tratados, códigos, reglamentos y acuerdos se infringen todos los días teniendo como epicentro de la causa el Palacio Nacional.

Las “mañaneras” son el púlpito desde el cual se profana el orden jurídico que debería garantizar, justa e igualitariamente, las conductas básicas del comportamiento social y los límites de actuación de la autoridad.

Sí, en México se tuerce la carta magna desde la propia figura presidencial; la violación sistémica a las leyes y la interpretación conveniente de las mismas son la especialidad de quien nos gobierna. Para el presidente López Obrador “su” fin justifica “sus” medios y ‘sus’ miedos.

Ejemplos sobreabundan: cancelar la construcción de un aeropuerto que tenía un gran avance y que nos costó a los mexicanos más de 100 mil millones de pesos, tergiversar la consulta sobre la revocación de mandato para convertirla en una “ratificación”, desaparecer fideicomisos de utilidad pública, promover la imagen presidencial durante las vedas electorales, proteger a los familiares e incondicionales del presidente frente a los evidentes actos de ilegalidad y corrupción vistos, adjudicar directamente y sin licitación alguna la casi totalidad de los contratos que otorga el gobierno federal, liberar al hijo del “Chapo”, pactar con los delincuentes, actuar negligentemente frente a una de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad y que ha cobrado la vida de medio millón de mexicanos, destruir la selva del sureste y deforestar al país mediante el programa mal llamado “Sembrando Vida”, militarizar al país, inventar delitos y usar a la Fiscalía y a la Secretaría de Hacienda para perseguir a periodistas y a oponentes… Abusos que conculcan cada día la legislación vigente de nuestro país.

Estamos frente al poder pleno depositado en un solo hombre que ejecuta, interpreta, legisla y juzga a la vez. Una sola voz que mandata con o sin razón, con o sin fundamento legal, con o sin ley. Se dice que “sin separación (y equilibrio) de poderes simplemente no hay constitución”, y sin constitución, no hay Estado, no hay derecho, no hay un pacto de convivencia social mínimo.

stamos frente al peligro de un régimen autocrático donde un ‘solitario’ decide libremente, sin freno y sin ley. Se enciende una señal de alerta que anuncia una fuerte sacudida a nuestro marco legal.

El sismo puede ser de consecuencias catastróficas si no se frena y se limita a quien anhela y ejerce todo el poder, sin importar las consecuencias ‘legales’. Es la Corte quien tiene ahora la más alta responsabilidad histórica para garantizar un gobierno equilibrado, de contrapesos y de derecho. Es la ley la que debe guiarnos.