#EntreNetas | Los delitos confesos del Presidente

A pesar de haber jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, López Obrador se ha dedicado a violarlas, interpretarlas a su favor o simplemente despreciarlas ante su voluntad o capricho. No importa lo que diga la norma, el mandata, el reina. No existe otro presidente en la época reciente que haya retado al Estado de derecho como lo ha hecho él. Más figura como virrey o monarca que como el titular del Poder Ejecutivo de una República representativa y democrática. Él, cree fervientemente que a él – solo a él- la ley no le aplica. Se ufana inmune al marco legal, se siente eterno; pero en tres años dejará la presidencia y podrá ser juzgado. Son tantas las evidencias, son tantas las confesiones, son tantas las negligencias, son tantos los errores, que será juzgado. Según el Diccionario Jurídico Mexicano, la confesión “en un sentido lato, es la admisión que se hace en un juicio o fuera de él, de la «verdad» de un hecho o de un acto, que produce consecuencias desfavorables para el confesante”; por su parte, la Real Academia Española indica que la confesión es la “declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro”, en tanto el Diccionario de Derecho Usual establece que la confesión es el “reconocimiento que una persona hace contra ella misma de la verdad de un hecho.” El presidente López Obrador ha confesado delitos graves que, obligadamente, serán investigados y llevados a juicio en cuanto deje su cargo. El ejemplo más claridoso está en la orden que giró para liberar extrajudicialmente a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo; este solo hecho merecerá investigaciones no solo en México, sino en los Estados Unidos. Así como hoy se investiga a Genaro García Luna, podrá ser investigado el para entonces, ex presidente. Ejemplos de presumibles delitos en los que ha participado confesamente sobran, pero hay tres muy memorables: 1. La liberación de Ovidio mencionada líneas arriba (artículos 150 y 225 del Código Penal) “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente” 2. La destrucción y tala de selva y manglares para el paso del Tren Maya (Artículo 420 bis Código Penal) “No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros de los 1,550 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahual, que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto” 3. La negligencia criminal ante el manejo de la pandemia que ha cobrado la vida de 500,000 mexicanos (artículos 7 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas relacionadas con sus posibles causas penales) «Lo del coronavirus, eso de que uno no se puede abrazar… hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, nada de confrontación de pleito» ó “No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud de México)”. En estos tres casos el presidente ha sostenido públicamente su injerencia, decisión, instrucción ó mando. La postura del presidente ante este tipo de acusaciones es de simpleza, negación, ironía y burla tratando de minimizar sus posibles consecuencias legales. Se encuentra a la mitad del sexenio en donde todos los presidentes se sienten intocables. López Obrador no dejará, por estrategia y supervivencia, de dividir a los mexicanos porque es la única forma que tiene para mantener la posibilidad de que su movimiento retenga la Presidencia de la República; sigue la máxima “divide y vencerás”. Quiere coptar determinados sectores sociales para usarlos como su base electoral. Veremos en esta segunda mitad de su mandato a un presidente enojado, agresivo, desleal, promotor del odio y del enfrentamiento entre mexicanos. Sabe bien que, de perder las elecciones presidenciales del 2024, le seguirá un profundo juicio por sus delitos confesos.

AMLITIO: condena al fracaso

Para cuando la “inversión” del Estado Mexicano en la Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO) pudiera empezar a redituar – suponiendo que todo se hizo bien y sin corrupción- seguramente el litio habrá depreciado ya su valor en el mercado

¿Cuál es la relevancia del litio? Se trata de un elemento químico que se utiliza principalmente para la producción de baterías, pues es un metal ligero con una excelente conducción de electricidad y calor. También, el litio mantiene un uso medicinal como agente antimaniaco para tratar a personas con episodios bipolares, depresivos o frenéticos. Hoy en día, el litio se utiliza en una gran parte de componentes electrónicos, automóviles y celulares.

Ante la relevancia de este elemento, el presidente López Obrador a mandatado su “nacionalización” como forma de rescate de la soberanía de nuestro país y una nueva ofrenda al pueblo mexicano.

Tenemos un presidente que tiende, frecuentemente, a tergiversar, inventar, mentir y engañar. Lo mismo organizó la rifa de un avión, sin avión, que ofreció en campaña bajar el precio de la gasolina y desmilitarizar al país, o volvió un ejemplo de patriota puro y vivo al impresentable Manuel Bartlett. Ante su manía por distorsionar las cosas, resulta necesario hacer algunas precisiones sobre esta nueva “bandera pública” y ponerla en su justa dimensión.

Primeramente, no sobra decir, que contrario a lo que se ha hecho creer bajo la narrativa oficial, el litio ya era de la nación de acuerdo al artículo 27 constitucional. Segundo, es pertinente aclarar que el litio existente en México no es de fácil extracción y que nuestro país tiene una muy modesta reserva de 1.7 millones de toneladas métricas según el Servicio Geológico de EE.UU que contrastan con los 21 millones que posee, por ejemplo, Bolivia.

Asimismo, es prudente indicar que el litio mexicano se encuentra inicialmente en depósitos de pegmatita o de “roca dura” en minas a cielo abierto o en el subsuelo, a diferencia de otras partes del mundo en donde se encuentra mayoritariamente en la superficie en salmueras.

Tercero, según el propio gobierno federal en México no existe ningún yacimiento de litio en explotación y se encuentran en etapa de exploración solo tres yacimientos. Es decir, en México la explotación y el procesamiento del litio es inexistente; incierta y potencialmente costosa.

La idea setentera del presidente por monopolizar y nacionalizar sectores productivos es una pésima medida pues implica que sea solo el Estado Mexicano, ningún particular mexicano o extranjero, quien explore, explote, produzca y comercialice la industria del litio, lo que llevaría al gobierno a desviar del presupuesto de la federación miles de millones de pesos a lo largo de por lo menos 8 años antes de que la inversión pública pudiera ser productiva.

Entendamos bien, la propuesta de López Obrador es volver a un Estado empresa-monopolio que invierte muchos recursos públicos inútilmente y que bien podrían ser destinados a otros servicios públicos de mayor necesidad social: salud, educación, infraestructura…

Pero ahí no termina todo. Cuarto, y quizá el punto más relevante, diversos expertos coinciden en que más pronto que tarde el litio será sustituido por otros elementos químicos, como el aluminio, para la producción de baterías. Que se entienda, para cuando la “inversión” del Estado Mexicano en la Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO) pudiera empezar a redituar – suponiendo que todo se hizo bien y sin corrupción- seguramente el litio habrá depreciado ya su valor en el mercado.

Para ahondar en ello, el Instituto Fraunhofer de Alemania investiga en fases muy avanzadas la transición del litio al aluminio y de momento se ha concluido en pruebas preliminares realizadas por la empresa australiana Graphene Manufacturing Group que “la velocidad de recarga de las baterías de iones de aluminio multiplican por tres la de las de iones de litio y triplica su durabilidad”.

El presidente López Obrador encabeza un gobierno de caprichos ideológicos y de fracasos necios. Se impuso su voluntad para reformar la ley minera violentando el proceso legislativo. Su propuesta para crear una empresa pública que exclusivamente explote y desarrollo la cadena de valor del litio (AMLITIO) no fue estudiada en comisiones, puesta al análisis de un parlamento abierto que escuchara a los expertos, ni dictaminada. Lo que empieza mal termina mal. Sin duda esta decisión traerá cientos de juicios de amparo e indemnizaciones que le significarán un alto costo a la hacienda pública; además de afectar la reputación internacional de México. AMLITIO esta condenada al fracaso. Uno más de este sexenio.

Leyes que neta sirvan: seguro de desempleo

La planeación implica siempre priorización. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? En una empresa, en la dinámica del gasto […]

La planeación implica siempre priorización. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? En una empresa, en la dinámica del gasto personal o familiar o en un gobierno se debe razonar, racionar y priorizar. Se debe también comprender el contexto, visualizar las metas, clarificar las capacidades y los recursos disponibles para definir una estrategia y emprender un plan.

México vive hoy un emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia por la Covid-19 y el gobierno debe actuar para aminorar sus lamentables consecuencias y recuperar la actividad económica, garantizando la salud pública. Pero, increíblemente, el gobierno federal actúa a contra sentido. A pesar de las cifras y datos oficiales que revelan perdida de empleos, escasez de medicinas, reducción de inversión pública y privada, cierre de comercios y más, la prioridad del gobierno federal no se relaciona con la economía, ni la salud de los gobernados. La agenda legislativa de MORENA -fiel reflejo de la voluntad del presidente- se centra en la revocación de mandato, en consultas populares, en la aniquilación del INE y, con relación al presupuesto de la federación, en magnas obras que poco o nada sirven en el momento que vivimos; la construcción de una refinería inviable en el tiempo, un aeropuerto cuestionado por especialistas y un tren turístico al vapor ejercen más de 119 mil millones de pesos cada año sepultando programas de apoyos sociales, fideicomisos y un verdadero plan nacional de infraestructura.

El poder legislativo, como fiscalizador y equilibrio del gobierno, debe ser siempre útil y perseguir leyes que neta sirvan a la gente y que respondan a la realidad. Para eso, se tiene que priorizar. ¿Hoy qué ley urge más? ¿Una ley de revocación de mandato o modificaciones a la legislación para crear un #SeguroDeDesempleo? Aquí un claro ejemplo. Las diputadas y diputados federales del PAN presentamos la iniciativa para crear un #SeguroDeDesempleo para mayores de 18 años que garantice un ingreso básico de $4,402 pesos hasta por cuatro meses, dando un incentivo fiscal a las empresas que los re contraten. Se trata de una ayuda directa – equivalente al salario mínimo mensual- para sostener el consumo de los hogares y coadyuvar a la reactivación económica. El presupuesto para poder disponer de este seguro representa tan solo el 9% del gasto destinado para las obras faraónicas del gobierno de López Obrador. Es decir, con menos de la décima parte del recurso que año con año gasta el presidente en sus necedades, podríamos ayudar a 2.4 millones de mexicanos con un #SeguroDeDesempleo en un mes, o bien ayudar a 600,000 desempleados durante cuatro meses. Desde cualquier óptica la iniciativa es buena y pertinente, este es un claro ejemplo de una iniciativa que neta sirve a la gente. Hay prioridades caprichosas y prioridades inobjetables, preguntémonos ¿de que lado se está?

#EntreNetas | El día después de la consulta

Se desperdiciaron miles de millones de pesos para confirmar lo que ya casi todos sabíamos: la consulta para la revocación de mandato fue un rotundo fracaso. No solo por el bajísimo nivel de participación que apenas llegó al 17 por ciento, sino por la descarada operación – previsible- del gobierno para incidir en el resultado. Participaron aproximadamente 16 millones de personas, menos de 2 de cada 10 mexicanos, cuando se requerían 37 millones de votos para que esta consulta innecesaria tuviera razón de ser. De ese tamaño es el fracaso.

Este proceso de “revocación” se caracterizó por la simulación, por la intromisión ilegal del gobierno y por servir exclusivamente como un mecanismo de propaganda ilegítima del presidente de la República. Quienes participaron en la consulta con la pretensión de revocarle el mandato al presidente, solo contribuyeron, con sus votos, a “representar” – a los ojos del presidente- el “tamaño” de sus opositores. Le regalaron el discurso “oficial” para establecer una nueva narrativa en su favor señalando, malamente, que 9 de cada 10 mexicanos lo respaldan, nada más falso, pero “sustentado” por la absurda participación en la “consulta”. Este proceso ha de recordarnos que el voto jamás se debe ejercer con el hígado, el corazón o el estómago. Votar o no votar, participar o no participar, elegir la opción por la cual se va a votar, se debe decidir con la razón y la conciencia, por eso lo correcto, lo razonado, si se quería en verdad oponerse al presidente, era hacerle un gran vacío para evidenciar que se trataba de un consulta simulada, inútil y personalista, de él y para él.

Este domingo nos arrojó un par de conclusiones por demás importantes. La primera es que la capacidad de movilización de MORENA es limitada y no poseen la “gran” maquinaria electoral que tanto presumen. La segunda es que el INE, a pesar de todos los traspiés que le pusieron, tuvo la capacidad operativa para organizar nuevamente una elección en paz y con las garantías suficientes para su implementación. Pero ¿Qué sigue después de la consulta fallida? Primero, se debe sancionar ejemplarmente a quienes violaron la ley, particularmente a quienes, desde el gobierno, utilizan recursos públicos para incidir en un proceso electoral. Segundo, se tiene que fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para que tenga las herramientas y capacidades suficientes para fiscalizar los recursos que se destinan principalmente en la propaganda electoral. Tercero, se debe legislar para mejorar y fortalecer la implementación de las consultas populares, incluyendo la garantía de suficiencia presupuestal. Finalmente cabe mencionarse que, una vez pasada la consulta, se anuncia una fuerte ofensiva del oficialismo para desacreditar al INE y buscar su desintegración, sin embargo, MORENA no cuenta con los votos suficientes para realizar un cambio constitucional de este tipo, por lo que el ataque y acoso del gobierno será verbal, y como tal, debe encontrar de frente las voces de los demócratas para defender al INE y a la democracia. El día después de la consulta, la consulta falló.

#EntreNetas | ¿Participar o no?

Conforme se desarrolla el proceso de la revocación de mandato, las posturas sobre la participación o no en la consulta y sobre la posición de respaldo o no al Presidente de la República se despejan y naturalmente se enfrentan. No solo se reducen a estar con él o a estar en contra de él. También se moldean a partir de la forma de participación para el día de la jornada electoral: votar, anular o abstenerse de participar. Sin duda, hay dos actitudes primarias diametralmente opuestas. La primera formada por quienes apoyan incondicionalmente al presidente, forman parte de su base de apoyo y movilización y asistirán a votar para “que siga en la Presidencia de la República”. La segunda compuesta por quienes acudirán a votar contrariamente para “que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”. Pero junto a estas dos posiciones radicalmente opuestas también coexisten otras: la de quienes respaldan la gestión del presidente pero no piensan ir a votar, quizá por considerarlo innecesario; la de quienes promueven activamente no acudir a votar como muestra de inconformidad ante la deformación del ejercicio, su inutilidad y el propósito perverso de dañar al Instituto Federal Electoral; e incluso la de quienes simplemente no votarán porque creen genuinamente que el presidente se debe quedar en el cargo los 6 años por los que fue constitucionalmente electo. Existen diversas formas de interpretar la consulta y de materializar la participación en ella. Entre los principales editorialistas, periodistas, analistas, políticos y líderes de opinión existen variadas y distintas reflexiones sobre la pregunta ¿participar o no en la consulta de revocación? Es numéricamente concluyente que una mayoría significativa se inclina por la NO participación argumentando principalmente que se trata de un ejercicio innecesario e inútil, convocado desde el poder y no como un derecho ejercido por los ciudadanos inconformes, desvirtuado y tergiversado por un régimen populista que quiere afectar a la autoridad electoral y promover la agenda presidencial. Estas aseveraciones encuentran apoyo en evidencias públicas y constantes, empezando porque fue el propio presidente y su partido quienes, paradójicamente, impulsaron la consulta de revocación para no revocar a quien no quieren que se le revoque el cargo. Fueron ellos, y solo ellos, quienes recolectaron las firmas para que se activara la consulta popular. Esta consulta fue ideada por el presidente, es promovida por él, para uso de él. ¿Participar o no? Es la pregunta inicial y condicional. Incluso teniendo definida la respuesta a la pregunta sobre la revocación, la reflexión previa sobre las implicaciones y razones para participar o no en la consulta es necesaria y debida. Vivimos momentos complejos que conducen a decisiones complejas. ¿Participar o no?

La consulta tramposa

¿Conviene participar en un ejercicio “democrático” adulterado, de resultado previsible y que pretende ser utilizado por el gobierno para dividir a la oposición y aglutinar […]

¿Conviene participar en un ejercicio “democrático” adulterado, de resultado previsible y que pretende ser utilizado por el gobierno para dividir a la oposición y aglutinar al oficialismo? Contundentemente, la respuesta es no. Me explico. Quienes coincidimos en que el gobierno encabezado por López Obrador ha sido un rotundo fracaso tenemos como la mejor – y quizás la única- alternativa la abstención razonada en la consulta de revocación de mandato, consulta que nació muerta por el simple hecho – contradictorio en sí – de haber sido impulsada por el propio presidente para beneficio de sus intereses particulares. Se trata claramente de un proceso simulado que evidentemente no versa sobre el derecho de los mexicanos a revocar un mandato, sino que pretende ser un instrumento oficialista con fines propagandísticos y de generación de precedentes legales para promover la permanencia de López Obrador en el cargo. La consulta no podrá llegar jamás a buen puerto con el presupuesto que le recortaron para su implementación – intencional y estratégicamente- los diputados de MORENA al INE, que sin duda alguna realiza un esfuerzo descomunal para organizar la consulta pero con un presupuesto insuficiente y bajo los ataques sistemáticos del presidente y su partido. La reducción presupuestal afecta gravemente la consulta y su resultado final pues no se usará papel seguridad para las boletas y solamente se instalarán un tercio de las 161,000 casillas que se ocupan en un proceso electoral federal, es decir, para la consulta lopezobradoriana solo se establecerán 57,500 centros de votación, lo que sin duda disminuirá significativamente la afluencia de votantes y pone en evidencia que no se trata de un ejercicio genuino, sino de una estrategia premeditada del gobierno federal donde lo que menos importa es el proceso, la participación y su resultado. La revocación de mandato es un recurso primeramente retórico y posteriormente jurídico de las dictaduras para incentivar a sus bases, dividir a la oposición y sembrar su permanencia; ahí están los ejemplos irrefutables de Chávez, Maduro y Evo Morales, tan admirados por nuestro presidente.

La no participación en este espectáculo gubernamental puede llegar a ser incluso un acto de constricción moral ante el derroche de recursos públicos y privados sin precedentes, y sin fiscalizar, para enaltecer la imagen personal de un servidor público violando flagrantemente la constitución en sus artículos 35 y 134. Pero si las razones al momento expuestas no fueran suficientes, existe un motivo más y sobretodo concluyente: la consulta es irrelevante en su resultado. Tenemos un mandatario que jamás ha reconocido un resultado que no le sea favorable. Nunca. Pero suponiendo, sin conceder, que perdiera la consulta, que el resultado fuera vinculante al participar más de 38 millones de mexicanos y que por primera vez en su vida aceptara un resultado adverso, el próximo Presidente de la República sería un personaje de MORENA, escogido por López Obrador, ya que tiene los votos suficientes en el Congreso. Se trata de una consulta a todas luces fraudulenta, mitotera, tramposa y sin ninguna posibilidad para sacar a MORENA del gobierno; esto solo podrá ocurrir en las elecciones del 2024 por lo que este ejercicio fallido no debe dividir a quienes queremos y creemos en un verdadero cambio. ¿Participar o no? No. Abstenernos activamente.

Turismo enológico

El turismo enológico o enoturismo pone énfasis en los productos, servicios y experiencias relacionadas con la industria del vino pero a su vez guarda una estrecha relación con el turismo gastronómico, cultural y comunitario o rural.

Según el Consejo Mexicano Vitivinícola, en nuestro país casi la mitad de los estados de la República son productores de vino. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas cultivan más de una decena de variedades de uvas creando una cadena de valor que inicia con los más de 500 mil jornaleros dedicados a la tarea agrícola de la uva, hasta el comercio digital de las 2.5 millones de cajas de botellas que se producen en México.

Sin duda, la industria vitivinícola resulta estratégica para el desarrollo de diversas zonas repartidas por el centro-norte del país, pues su auge detona una nueva modalidad de turismo especializado que permite ampliar la oferta hotelera, restaurantera y de servicios. Viñedos, bodegas y vinícolas se han convertido en centros de atracción de eventos sociales como bodas, festivales, conciertos o eventos de negocios que atraen a millones de visitantes, pero también, son espacios visitados regularmente los fines de semana por miles de turistas que buscan una nueva opción de disfrute ocasional.

El turismo enológico o enoturismo pone énfasis en los productos, servicios y experiencias relacionadas con la industria del vino pero a su vez guarda una estrecha relación con el turismo gastronómico, cultural y comunitario o rural.

Es decir, la modalidad del turismo del vino resulta una actividad primaria con un gran potencial, por lo que se requiere legislar y enfocar sobre medidas específicas para aumentar la atracción de inversión en el sector, bajar los precios al consumidor y fomentar el consumo del vino local. Asimismo, es fundamental promover cambios fiscales para eliminar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) al vino mexicano para volverlo más competitivo frente a los vinos extranjeros que concentran el 70 por ciento del mercado nacional.

El sector turístico representa más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto en México y el tipo de turismo enológico puede y debe ser parte del planteamiento para elevar la participación del turismo en este indicador macro económico.

Tenemos como país una gran oportunidad en frente para provocar la alza en un nuevo segmento turístico que genere desarrollo, bienestar y progreso en amplias latitudes de nuestro querido México. El enoturismo debe ser visto ahora como una nueva política de estado.

#EntreNetas | Solo, sin freno y sin ley

Vivimos bajo un gobierno que viola permanentemente la ley. Las disposiciones contenidas en nuestra Constitución política, en sus leyes, tratados, códigos, reglamentos y acuerdos se infringen todos los días teniendo como epicentro de la causa el Palacio Nacional.

Las “mañaneras” son el púlpito desde el cual se profana el orden jurídico que debería garantizar, justa e igualitariamente, las conductas básicas del comportamiento social y los límites de actuación de la autoridad.

Sí, en México se tuerce la carta magna desde la propia figura presidencial; la violación sistémica a las leyes y la interpretación conveniente de las mismas son la especialidad de quien nos gobierna. Para el presidente López Obrador “su” fin justifica “sus” medios y ‘sus’ miedos.

Ejemplos sobreabundan: cancelar la construcción de un aeropuerto que tenía un gran avance y que nos costó a los mexicanos más de 100 mil millones de pesos, tergiversar la consulta sobre la revocación de mandato para convertirla en una “ratificación”, desaparecer fideicomisos de utilidad pública, promover la imagen presidencial durante las vedas electorales, proteger a los familiares e incondicionales del presidente frente a los evidentes actos de ilegalidad y corrupción vistos, adjudicar directamente y sin licitación alguna la casi totalidad de los contratos que otorga el gobierno federal, liberar al hijo del “Chapo”, pactar con los delincuentes, actuar negligentemente frente a una de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad y que ha cobrado la vida de medio millón de mexicanos, destruir la selva del sureste y deforestar al país mediante el programa mal llamado “Sembrando Vida”, militarizar al país, inventar delitos y usar a la Fiscalía y a la Secretaría de Hacienda para perseguir a periodistas y a oponentes… Abusos que conculcan cada día la legislación vigente de nuestro país.

Estamos frente al poder pleno depositado en un solo hombre que ejecuta, interpreta, legisla y juzga a la vez. Una sola voz que mandata con o sin razón, con o sin fundamento legal, con o sin ley. Se dice que “sin separación (y equilibrio) de poderes simplemente no hay constitución”, y sin constitución, no hay Estado, no hay derecho, no hay un pacto de convivencia social mínimo.

stamos frente al peligro de un régimen autocrático donde un ‘solitario’ decide libremente, sin freno y sin ley. Se enciende una señal de alerta que anuncia una fuerte sacudida a nuestro marco legal.

El sismo puede ser de consecuencias catastróficas si no se frena y se limita a quien anhela y ejerce todo el poder, sin importar las consecuencias ‘legales’. Es la Corte quien tiene ahora la más alta responsabilidad histórica para garantizar un gobierno equilibrado, de contrapesos y de derecho. Es la ley la que debe guiarnos.

¿Quién perderá la guerra?

Sobre la invasión en Ucrania que está en curso, la mayoría prevé que Rusia se alce victoriosa al recuperar territorios antes suyos y extendiendo así […]

Sobre la invasión en Ucrania que está en curso, la mayoría prevé que Rusia se alce victoriosa al recuperar territorios antes suyos y extendiendo así su dominio frente a occidente. La Federación de Rusia comandada por Vladímir Putin se presenta en este escenario de confrontación como invencible frente a una joven República Ucraniana que solitariamente desafía a una de las principales potencias armamentistas del mundo. El basto arsenal militar y la arraigada capacidad geopolítica de Rusia no prometen un resultado diferente al triunfo soviético. Pero, verdaderamente ¿alguien gana en una guerra?

historia marca triunfadores, pero ¿a qué costos? ¿el saldo final para el “ganador” es realmente positivo? Si partimos de la preeminencia del derecho y protección a la vida podríamos afirmar que nada puede significar una ganancia positiva frente a las pérdidas de vidas humanas. Entonces, más que aventurarnos a profetizar quién “ganará la guerra” debemos preguntarnos ¿quién la perderá? Yo no tengo duda, al corto y mediano plazo Rusia perderá esta guerra; de hecho ya la está perdiendo en términos de comunicación, económicos, de relaciones y de futuro. Me explico. La imagen del dictador ruso, y con ello su liderazgo global, está siendo duramente afectada al grado de ser merecedor de sobrenombres como el de Putler (resultado de la conjunción de Putin con Hitler) y el valor de su palabra ha sido degradado al máximo pues en un principio aseguró al mundo entero que no invadiría a su país vecino, hoy es evidente que mintió con total cinismo.

El presidente ruso es un gran estratega político y militar pero quizá esté subestimando el avance tecnológico y la resonancia de las nuevas comunicaciones que juegan un nuevo papel determinante ya que, a diferencia de en cualquier guerra anterior, cada detalle y abuso cometido por su ejército será público y evidenciado. Putin calculó destruir las instalaciones estratégicas de comunicaciones en Ucrania para, entre otros objetivos tácticos, minimizar mostrar los daños que causará su irrupción, pero no previó, por ejemplo, que el dueño de Tesla, Elon Musk, esté activando sus satélites para dotar de internet gratuito a los ciudadanos víctimas en la zona de guerra y con ello ayudar a visibilizar las atrocidades en curso y facilitar la coordinación de los ciudadanos que defienden a su Nación.

Putin es el típico dictador con añoranzas por el pasado que cree que bombardeando a la televisora local logrará censurar la libertad de expresión, pero se equivoca. Putin tampoco entiende que hay un nuevo ciudadano global que aspira a la paz y la defiende al máximo. Estos son ejemplos que muestran el precio que ya paga Rusia. El principal: su derrota pública y moral. Pero también, los ciudadanos rusos pagarán altísimos costos por las sanciones y bloqueos acordados por los principales países del mundo para frenar el comercio, las inversiones y transacciones de Rusia con el mercado global, lo que afectará gravemente a la economía del pueblo ruso y lo enfrentará al tiempo con su gobierno.

Mientras Putin amenaza con bombas nucleares aterrorizando al orbe, la naciones unidas actúan firmemente con un bloqueo comercial sin precedentes y con consecuencias también devastadoras para Rusia. En el futuro próximo los rusos tendrán que decidirse y escoger si quieren seguir viviendo bajo una dictadura añeja que les genera culpa, deterioro y retroceso o si cambian y reivindican su futuro.

#EntreNetas | Plan de Desarme

Cada día mueren violentamente en nuestro país casi 100 mexicanas y mexicanos. En la amplísima mayoría de estas muertes – en 7 de cada 10 homicidios que se cometen- existe un arma de fuego de por medio. En México, se cometieron tan solo en el mes de enero del presente año 4 mil 461 robos en calle y 671 robos en transporte público, muchos de estos delitos se ejecutaron también mediante el empleo de un arma. Es evidente que la utilización de armas de fuego es uno de los elementos principales en la comisión de los delitos. Ante esta realidad es necesario que el Poder Legislativo Federal discuta con urgencia y seriedad las reformas legales aplicables para contribuir al diseño e implementación de un gran Plan Nacional de Desarme que nos permita reducir los delitos y ayudar a pacificar al país. Si en verdad queremos reducir la violencia y la inseguridad debemos sacar las armas de las calles. A México le urge un plan de desarme que, entre otras acciones, eleve radicalmente las penas para quienes porten un arma sin el debido permiso, sean del calibre que sean, incluso si se tratan de armas hechizas. Se debe regresar al debate y discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, sin derecho a fianza y sujetándose a un proceso con altas penas, para quien porte un arma de fuego sin permiso. Es decir, urge legislar para que en nuestro país la portación de armas de fuego sea un delito grave. Además de aumentar considerablemente las penas, es necesario ampliar el catálogo de armas prohibidas, incrementar y modernizar los requisitos para los permisos de portación y revisar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Según la reciente encuesta telefónica realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 68.8% de los encuestados esta en desacuerdo con la política de armas en algunos lugares de Estados Unidos que permiten a los ciudadanos poseer, portar y usar armas de fuego. Asimismo, prácticamente el 69% de quienes contestaron la encuesta están en contra de una propuesta que permita que las armas de fuego sean legales para portarlas en vehículos y lugares de trabajo en México. Finalmente el 65% de los encuestados cree que las armas nutren la violencia en el país y son el vehículo para la comisión de miles de homicidios, mientras el 55% cree que el crimen aumentaría si México expande la posesión legal de armas de fuego a lugares de trabajo y vehículos. El camino es claro, legislar para acotar al máximo la posesión y portación de armas. Estas son leyes que neta sirven a la gente y sirven para rescatar a México de la profunda crisis de inseguridad en que vivimos. Hay que actuar ya.