Amnistía Internacional, una de las organizaciones internacionales más respetadas en materia de derechos humanos en todo el mundo, ha calificado como “riesgosa e ilegal” la propuesta presidencial de militarizar a la Guardia Nacional. Sin duda, la argumentación académica y las experiencias por todo el mundo concluyen, irremediablemente, en que la militarización de la seguridad pública de un país no es la solución ni el antídoto para recuperar y mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz. En este mismo sentido se han pronunciado también la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cuáles son los principales argumentos? ¿Por qué los especialistas se oponen a la militarización del país? Empecemos por puntualizar que la disciplina militar no es igual que la civil. De hecho son opuestas. Matar no es lo mismo que arrestar. Disparar o atacar no es lo mismo que prevenir, denunciar o investigar. El conflicto bélico no es un conflicto comunitario. El adiestramiento militar y sus protocolos para el uso de la fuerza no son equiparables con la instrucción policial. El Ejército tiene la encomienda constitucional, a través del presidente, de velar por la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, pero de manera <> a razón de lo dispuesto claramente por el artículo 129 constitucional que establece que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” Es un falso debate asegurar que, sin militares en las calles, no habrá seguridad ni paz. Es una falacia, un engaño, hacer creer que, a mayor número de militares en la calle, mayor seguridad. Los hechos demuestran exactamente lo contrario. El Ejército ha enfrentado desde hace décadas al crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico no ha cesado. Los números no mienten, este será el sexenio más violento de la historia, aunque el presidente informe otros datos. El verdadero debate que se debe dar es ¿para cuándo podremos garantizarle paz y tranquilidad a las y los mexicanos sin militarizar al país? Bajo este compromiso se deben medir la eficacia y el cumplimiento de un gobierno en materia de seguridad. Lo demás es palabrería. El enfoque del oficialismo para continuar con el proceso de militarización está trastocado por la ceguera de la política electoral; pero la razón apunta con la verdad: ni adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ni ampliarle negligentemente el plazo para su actuación en labores de seguridad pública, son la estrategia correcta. La verdadera estrategia y el debido debate son: para cuándo, cómo, con quienes y con qué tendremos una policía nacional competente y policías estatales y municipales capacitadas, profesionales, científicas, equipadas, bien remuneradas y certificadas. ¿Es posible? ¡Claro que sí! Querétaro es una clara referencia del profesionalismo de sus policías y de la constante e importante inversión que realizan los gobiernos locales para su fortalecimiento institucional. Debemos insistir en honrar el plazo establecido para apoyar decididamente, y en serio, a los cuerpos e instituciones policiacas civiles en cada estado y municipio.

El actual presupuesto directo para las Fuerzas Armadas es de más de 230 mil millones de pesos; además, el Ejército ha administrado el presupuesto correspondiente a otras dependencias federales para la ejecución de obra pública como el Tren Maya, el AIFA, las sucursales del Banco Bienestar, la rehabilitación de hospitales… por más de 300 mil millones equivalentes a seis veces el presupuesto de la UNAM. Evidentemente la inercia gubernamental es gastar más en el Ejército y ahogar presupuestalmente a las policías locales. Así no hay ruta hacia paz.

Los ciudadanos reclaman una patrulla cerca y una policía profesional en su parque; no una tanqueta ni una Escuadra militar salvaguardando el área recreativa del parque de su colonia. Los ciudadanos exigen tranquilidad y paz, no custodia y guerra.

El desarrollo económico de México está detenido, frenado. Se necesitan cambios drásticos que rompan paradigmas y potencien el crecimiento integral de nuestro país. Pero ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Aquí planteo tres medidas económicas de gran calado que permitirían sacudir complejos para el verdadero progreso de México.

Uno. Dejar de subsidiar la gasolina e invertir y subvencionar el transporte público de las áreas metropolitanas. Nuestro país tiene más menos 75 zonas metropolitanas reconocidas en donde viven más de 70 millones de personas, sin embargo, salvo excepciones como la Ciudad de México, la Federación no subsidia ni destina recursos para garantizar la prestación eficiente y de calidad del servicio del transporte público, aunque su función sea de la máxima importancia para el buen desarrollo económico y social. Se calcula que para el año 2025 el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y que la gasolina dejará de ser utilizada en el autotransporte en la siguiente década. Debemos romper la idea populista de subvencionar la gasolina en beneficio de pocos y gastar el dinero en mejoras significativas al transporte público en beneficio de todos. Para darnos una idea de la magnitud del despilfarro en el subsidio de la gasolina, tan solo en el mes de junio el gobierno gastó 159 mil millones de pesos para que quienes compran gasolina les salga más barata.

Dos. Transitar de PEMEX a SOLMEX. México podría convertirse rápidamente en la séptima potencia mundial en generación de energía solar ya que el 85% de nuestro territorio es óptimo para proyectos solares. Veamos la paradoja. En el 2021 PEMEX registró pérdidas por más de 200 mil millones de pesos y en el año 2020 perdió 500 mil millones de pesos. Por si esto no fuera poco, uno de los proyectos principales del sexenio es la construcción de la refinería Dos Bocas que costará más de 350 mil millones de pesos. ¿Qué más se podría hacer con este dinero? Regresar el Seguro Popular, construir nuevos hospitales, asegurar a todo el personal médico, garantizar medicamentos para las personas con cáncer… es decir, tener un sistema de salud de primera.

Tres. Aumentar la recaudación sí o sí. México recauda menos impuestos que casi el 80% de los países del mundo. Pero las medidas para recaudar más impuestos no pueden ser parejas, ni uniformes. Muchas y variadas medidas deben adoptarse para que el gobierno redistribuya estratégicamente los recursos públicos para el progreso de todos. ¿Qué se puede hacer? Dos ejemplos. El impuesto predial no se cobra en todo el territorio nacional. Más de 900 municipios, que equivalen a poco más del 35% de los municipios de todo el país, simplemente no cobraban este impuesto, con lo que se dejan de recaudar casi 200 mil millones de pesos equivalentes a dos Aeropuertos Felipe Ángeles. En otro ejemplo, el Impuesto Sobre la Renta para los más ricos debería ser mayor tal y como sucede en gran parte del mundo, algo similar ocurre con el IEPS. Los especialistas coinciden en otras medidas que fortalecerían la hacienda pública para una mejor redistribución del dinero público. Aquí solo tres de ellas con las que México estaría mucho mejor y podría cambiar en serio.

El gobernador Mauricio Kuri ha sostenido, desde el primer día de su gobierno, que el objetivo central de su administración está en “llevar a Querétaro al siguiente nivel”. Pero ¿A qué nivel? ¿Cuál es el siguiente piso? ¿En dónde lo ubicamos? Es de notarse que la narrativa oficial se refiere, sin duda alguna, al hecho de compartir una visión transformadora que responda eficazmente al crecimiento de nuestro estado.

Nos imaginamos de pronto que llegar al siguiente nivel significa, sencillamente, mejorar; poner a Querétaro al frente y arriba en su desarrollo económico, social y político. Elevar el estatus de Querétaro, para mejorar sus condiciones e incrementar sus posiciones, es un enorme compromiso que asumió el gobernador. Nuestro estado es ya ejemplo nacional en muchos rubros e indicadores, mantenerlos o perfeccionarlos son una buena métrica para, objetivamente, verificar que estamos consistentemente llegando a la siguiente altura. Las cifras que nos ubican como líderes en la industria automotriz, en turismo y en el sector aeronáutico son parámetros con los que podremos medir y comparar si avanzamos o retrocedemos, si subimos o bajamos. Pero la consigna va más allá. Llegar al siguiente nivel es retar al status quo y encarar los retos añejos. Querétaro tiene notoriamente problemas que frenan su futuro y detienen su presente: transporte público y movilidad, abasto y gestión del agua, protección del medio ambiente, empleo calificado y seguridad social, son algunos ejemplos. Si Querétaro aspira a subir de nivel, forzosamente el gobierno debe entrarle a resolver estos temas. Y así ha ocurrido. Los primeros meses del actual gobierno apuntan en esa dirección. Publicar la Ley de Aguas, realizar la mayor inversión en tecnología para la seguridad y ejecutar la rehabilitación, modernización y re ingeniería de la avenida 5 de febrero dan constancia de ello. Pero las dificultades no solo se atienden con recursos, obras o leyes; también se corrigen con planeación. Planeación que reclama conocimiento, ciencia, orden, transparencia y coordinación. Y no hay mejor forma de advertir los frutos de la planeación exitosa, como elemento de cohesión social, que observar el desarrollo del Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ahí, existe un organismo del mismo nombre encargado de agrupar a los 36 municipios que la conforman y en donde viven 3,2 millones de habitantes. Su objetivo central es mejorar la prestación de servicios públicos y garantizar la participación ciudadana. Dentro de sus más altas responsabilidades están la ordenación territorial, el transporte público y la movilidad, la gestión del agua y los residuos, el desarrollo socioeconómico sostenible y la oferta de vivienda; sin embargo, su campo de actuación es mucho más amplio, abarcando la definición de políticas urbanísticas que dan forma a su futuro. ¿Te imaginas una institución similar en Querétaro con estas competencias? Una entidad gubernamental encargada de gestionar integralmente los servicios primarios de la zona metropolitana mediante una planeación incesante, recursos convergentes e innovación permanente. ¿Sería posible que Querétaro se reafirme como ejemplo nacional de avanzada en la planeación de políticas públicas y en la gerencia conurbada de los servicios públicos? Evidentemente esto también es poner a Querétaro en el siguiente nivel. Llegar es tarea de todos.

Nuevamente el presidente López Obrador se equivoca al despreciar la ciencia y anteponer su criterio personal por encima del criterio científico. A pesar de recurrir constantemente a la frase “prohibido prohibir”, como parte de su filosofía “liberal y progresista”, el presidente decidió decretar la prohibición de la comercialización y circulación de los cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Simplemente los bateo de México. Es verdad que fumar mata y que no hay mejor estrategia sanitaria que prevenir e impulsar medidas que lleven a la cesación, pero también es cierto que para millones de personas, dejar de fumar no es opción, ya sea por adicción o por gusto. Para estas personas deben existir alternativas que puedan ser menos dañinas. Diversas autoridades sanitarias por todo el mundo han concluido que existe evidencia científica de que los vapeadores son menos dañinos que el cigarro y precisamente por ello se encuentran regulados en más de 60 países. Incluso, hay estudios globales como el realizado por Grupo Cochrane de Adicción al Tabaco que indica que los vapeadores son más efectivos para dejar de fumar que los parches o chicles y más seguros que los cigarrillos. La medida autoritaria del presidente López Obrador no atiende las recomendaciones de los expertos, ni observa las mejores prácticas en otras latitudes. Antes de prohibir por prohibir deben analizarse con apertura datos y estudios serios que permitan a un grupo de investigadores y especialistas determinar la mejor forma de atender esta nueva modalidad para los fumadores. Es necesario que una debida regulación se de por medio del Consejo de Salubridad General y no a ocurrencia del presidente. Con la salud pública no se juega, ni se debe aventurar a la ligera. Senadores y Diputados federales deben intervenir para legislar en esta materia escuchando todas las posiciones bajo un parlamento abierto. Las regulaciones de salubridad y las decisiones de las autoridades sanitarias no pueden ni deben recaer en la exclusividad de la opinión del presidente.