No mentir, no robar, no traicionar al pueblo; así, López Obrador conquistó el ánimo social y llegó a la presidencia de la República. Su bandera ondeaba en torno a la lucha contra la corrupción y el destierro de los privilegios para la clase política, la mafia del poder. AMLO no vaciló en asegurar que el método más eficaz para acabar con la corrupción y su impunidad, era “barrerla de arriba para abajo, como a las escaleras” y predicar con el ejemplo. Cinco años después el fracaso es rotundo y la realidad es trágica para el país.

Sobran hechos. El más reciente desfalco investigado por la propia Fiscalía General de la República en el abasto de leche por más de mil 700 millones de pesos en Segalmex, las exhibiciones públicas de los hermanos del presidente en videos recibiendo dinero en efectivo, la casa gris, los escándalos por el mantenimiento de privilegios para el uso personal y discrecional de aeronaves del Ejército de familiares y funcionarios afines a la 4T. Reiteración de actos de corrupción y no la erradicación que prometieron. La negación como protocolo ante la evidencia.

Recientemente la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks publicaron el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción confirmando lo esperado: la corrupción en México aumenta y no disminuye. Nuestro país está rezagado en los últimos lugares del continente junto con Guatemala, Bolivia y la dictadura venezolana. Pero más preocupante es que

solo Guatemala y México han descendido en sus puntuaciones consistentemente desde hace 4 años, justo coincidente con el inicio del gobierno de la cuarta transformación.

Estudios avalados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la institución académica CIDE dimensionan las implicaciones que tiene la corrupción en su impacto económico que representa más de 6,400 millones de pesos para la población y 1,612 millones para las empresas, resultando que el costo promedio de un acto corrupción ronda los 2,800 pesos por persona. Una desfachatez, un descaro.

El discurso presidencial ha fallado. Otro fracaso más del presente gobierno. Una mentira más. Otra política pública malograda. Un grave retroceso que condena a México. Hoy la corrupción continua a tope. Más y no menos.

Pocos dudan del talante dominante del presidente López Obrador. Muchos advertimos en él un serio peligro de regresión autoritaria y autocrática. Casi todos percibimos su terquedad, su cerrazón y su poder dominante. También, una amplísima mayoría de mexicanas y mexicanos le concedemos su capacidad estratégica para marcar la agenda nacional e imponer su narrativa. Andrés Manuel es un líder estratégico que somete a la opinión pública a su conveniencia.

A un año de la elección presidencial, el titular del Poder Ejecutivo Federal dio por iniciado el proceso electoral contraviniendo la constitución, las leyes en la materia, los criterios de los tribunales y los acuerdos y lineamientos de las autoridades electorales. Suplantó a toda institución y norma electoral existente para decretar unilateralmente el arranque de las campañas presidenciales de forma y fondo. Despedazó el calendario comicial que, legal y cronológicamente, establece las etapas, requisitos y reglas para contender por un cargo de elección, incluso al interior de los partidos políticos. Fue irónicamente tajante en adelantar su propia sucesión.

Ha instruido campañas adelantadas en su partido para legitimar el dedazo a su relevo. Renuncias de funcionarios públicos, despliegues publicitarios, actos de campaña, desvíos y derroche de recursos ilegales son ya el escaparate de la política nacional.

Pero ¿para qué adelantar vísperas? ¿Por qué acelerar los tiempos que marca específicamente la ley? Claramente la intención del presidente es acaparar el proceso de sucesión desde el primer minuto posicionando que la competencia esta únicamente al interior MORENA, pues la elección constitucional esta “prácticamente definida” frente a una candidatura de oposición hasta ahora inexistente.

Quiere sepultar la posibilidad del dicho “caballo que alcanza gana” apostando a que la ventaja se acentúe mediante el aprovechamiento del tiempo. Parafraseando a Carlos Castillo Peraza, un gobierno, un proyecto, una candidatura “será mejor en la medida que nos salve de perder el tiempo, puesto que aquí no vale aquello de que `de lo perdido, lo que aparezca`, ya que del tiempo que se extravió no aparecerá ni una brizna.” El presidente lo sabe. Para él cada instante cuenta y su movimiento lo aprovecha; mientras tanto, la oposición pierde el principal recurso no renovable del que dispone: el tiempo. Las campañas ya empezaron. Es cuestión de tiempo.

Es Claudia. Incita su candidatura desde el poder. Aceita la maquinaria del gobierno para promoverse al margen de la ley. Burla la legislación con arrogancia y descaro para anunciarse espectacularmente gastando infinidad de recursos públicos en su beneficio personal, sin fiscalización y sin transparencia.

Abandona sus funciones y gobierna a medio tiempo para hacer campaña. Se le colapsa el metro. Utiliza el aparato del Estado para favorecerse y des balancear la equidad de la contienda. Falta a los principios de la función electoral. Traslada la nómina de su campaña al gasto corriente del gobierno. Provoca una profunda división en su partido.

Dispone de su cargo para recargarse en la cargada. Utiliza perversamente a los beneficiarios de los programas sociales para rellenar eventos y promover su imagen. Altera la agenda de las distintas áreas del gobierno para armar su agenda de campaña. Copia al viejo PRI en el acarreo, en el desvío de recursos y en el beneficio del dedazo; justamente todo lo que Acción Nacional reprochó y combatió desde su fundación.

¿Es válido, es legal, es ético? Estas conductas públicas y evidentes ¿enaltecen a la política o la denigran? En palabras de don Carlos Castillo Peraza “… si la política no es ordenada, si la política no está sujeta a reglas pactadas y respetadas por todos, si la política no tiene una esencia de cosmos y es sólo caos, de la política se podría esperar todo, que es lo mismo a no poder esperar nada”. Claramente la desfachatez y la insolencia han caracterizado a esta candidatura. La simulación como norma y carta de presentación. Aparentar, más que merecer. Imponer, más que convencer. Jugar chueco y no leal.

Lo que mal empieza, mal termina. Cuando impera lo ilógico y reina la soberbia el fracaso se presenta. Palpar el descaro de la política electorera es presagio del chasco que se avecina. Si para construir su candidatura echa mano de lo ilegal ¿qué credibilidad podrá tener frente a los electores? ¿Cómo merecer respeto? ¿Cómo proyectar confianza? Es Claudia la viva imagen de la política tradicional que no evoluciona y no cambia. La habitual política que se aferra a lo más despreciable de política. Es Claudia, es artificial, es una candidata impuesta.

Cada día es más frecuente realizar pagos o depósitos en tiendas de conveniencia o de autoservicio. Bancos, gobiernos, prestadores de servicios, personas físicas o morales han optado cada día más por utilizar como intermediarios a “corresponsables financieros” –Oxxo, Walmart, Farmacias Guadalajara, 7 Eleven, Telecomm, Farmacias del Ahorro, Coppel…- para realizar sus operaciones monetarias.

Se calcula que existen 48,845 “corresponsables” en todo el territorio nacional, los cuales facilitan la inclusión financiera al acercar y volver mucho más accesibles los servicios financieros que se prestan a través del sistema financiero mexicano. Sin duda, esta figura establecida en la ley permite el incremento de puntos de distribución de los servicios financieros, reduce costos en general y ahorra en tiempos de traslado beneficiando la movilidad.

Hasta aquí todo bien, pero ¿Es justo que se tenga que pagar una comisión adicional por la utilización de este servicio? Claro que sí: los establecimientos destinan sus instalaciones, personal y sistemas para realizar las transacciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, existe un dilema más ¿Quién debe pagar dicha comisión? ¿El banco, el gobierno, el beneficiario de un depósito o el usuario que paga?

Veamos. Es obligación de los bancos mantener una red de sucursales accesibles y cajeros modernos para sus clientes, en cambio, al recurrir a los corresponsables financieros, los bancos ahorran un sin fin de recursos en su beneficio particular; dejan de erogar gastos por mantenimiento a su infraestructura, frenan el crecimiento de sus puntos de atención, no contratan más personal, ahorran en nómina, no gastan en servicios complementarios. Es decir, la inversión bancaria, en este caso, es menor. Los gobiernos, siguiendo otro ejemplo, también ahorran multiplicidad de recursos al no abrir nuevas cajas o implementar nuevos métodos de pago para el cobro de derechos o impuestos; al utilizar las corresponsalías o intermediarios facilitan su recaudación pero trasladan un nuevo costo al ciudadano: la comisión.

Hoy un ciudadano que acude a realizar un pago bancario a uno de estos establecimientos paga generalmente un promedio de 10 pesos adicionales. Así como el banco le cobra una comisión a un negocio por aceptar el pago con tarjeta, el banco es quien debería pagar la comisión al corresponsal por recaudarle su dinero. ¿Por qué el ciudadano debe pagar una comisión extra por un pago de un impuesto? El gobierno debería de pagarle a las tiendas de conveniencia por ayudarle a ampliar su servicio de recaudación, pero no trasladarle este cargo al ciudadano.

En México existen 15,465 sucursales bancarias, corresponsables hay tres veces más. La tendencia es imparable y los corresponsables son un inmejorable canal para aumentar la presencia indirecta de una institución bancaria, pero su operación debe ser solventada por las instituciones, no por los usuarios. Para ello debemos empezar por reformar la Ley de Transparencia y Servicios Financieros para evitar que las Entidades financieras o corresponsalías puedan cobrar comisiones a los usuarios, sin que esto afecte a las comisiones que se pacten entre la institución bancaria y el intermediario financiero. Estos son cambios legales que neta sirven.

La mejor forma de tapar la corrupción es ocultando la información pública; sin datos no hay hechos, sin pruebas no hay delitos. ¿Cómo revisar un contrato del gobierno sin acceder a nombres, cantidades, condiciones, cuentas, testigos, papeles? ¿Cómo haber podido documentar los casos de corrupción de la casa blanca de Peña Nieto, la estafa maestra o recientemente el enorme desfalco de Segalmex sin acceso a la información pública?

En México, el organismo constitucional encargado de garantizar el acceso a la información pública es el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y es el artículo 6 de la Constitución el que establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

El INAI fue creado en el año 2003 y desde entonces ha funcionado de manera regular, autónoma e imparcial, atendiendo más de 3 millones de solicitudes de acceso a la información pública que han permitido que ciudadanos, periodistas, investigadores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil conozcan la información pública en resguardo de políticos y servidores públicos para su análisis y conocimiento.

¿Qué ha pasado recientemente? ¿Por qué la función constitucional del INAI, para garantizar el acceso a la información pública, se ha obstaculizado? El INAI es un órgano colegiado que funciona a través de 7 comisionados. Al haber concluido el periodo de 3 de los 7 comisionados, el Senado debe proceder a elegir a los nuevos integrantes, sin embargo, deliberadamente, se han frenado los nombramientos ante el veto del presidente López Obrador y su instrucción para paralizar a esta institución.

Como lo manifestó el propio secretario de gobernación ante senadores de su partido MORENA, al presidente le conviene un impasse y está en el “mundo ideal” sin ninguna urgencia para hacer los nombramientos. ¿Por qué? Porque en tanto se encuentre inoperante el INAI nadie podrá acceder a la información de su gobierno y podrá actuar a sus anchas. Cualquier posible caso de corrupción estará resguardado con la impunidad del caso. Ante el fracaso de sus políticas públicas, asfixiar al INAI, mutilarlo. Fiel a su repetida discursiva, el presidente alega los “altos” costos del INAI para incluso sugerir su desaparición sin reflexionar sobre sus consecuencias. Dirá que representa un “elevado” costo para los mexicanos pero no expondrá que el robo de recursos públicos en Segalmex – en su gobierno- equivale a 15 años de presupuesto del INAI. Simplemente una farsa narrativa.

Legisladores, partidos políticos, sociedad organizada, debemos exigir el restablecimiento funcional del INAI de manera inmediata. Ojalá que para el 28 de septiembre que se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuestro país pueda contar con un INAI completo, operante y garante. Sin transparencia e información, prevalece la corrupción.