Es Claudia. Incita su candidatura desde el poder. Aceita la maquinaria del gobierno para promoverse al margen de la ley. Burla la legislación con arrogancia y descaro para anunciarse espectacularmente gastando infinidad de recursos públicos en su beneficio personal, sin fiscalización y sin transparencia.

Abandona sus funciones y gobierna a medio tiempo para hacer campaña. Se le colapsa el metro. Utiliza el aparato del Estado para favorecerse y des balancear la equidad de la contienda. Falta a los principios de la función electoral. Traslada la nómina de su campaña al gasto corriente del gobierno. Provoca una profunda división en su partido.

Dispone de su cargo para recargarse en la cargada. Utiliza perversamente a los beneficiarios de los programas sociales para rellenar eventos y promover su imagen. Altera la agenda de las distintas áreas del gobierno para armar su agenda de campaña. Copia al viejo PRI en el acarreo, en el desvío de recursos y en el beneficio del dedazo; justamente todo lo que Acción Nacional reprochó y combatió desde su fundación.

¿Es válido, es legal, es ético? Estas conductas públicas y evidentes ¿enaltecen a la política o la denigran? En palabras de don Carlos Castillo Peraza “… si la política no es ordenada, si la política no está sujeta a reglas pactadas y respetadas por todos, si la política no tiene una esencia de cosmos y es sólo caos, de la política se podría esperar todo, que es lo mismo a no poder esperar nada”. Claramente la desfachatez y la insolencia han caracterizado a esta candidatura. La simulación como norma y carta de presentación. Aparentar, más que merecer. Imponer, más que convencer. Jugar chueco y no leal.

Lo que mal empieza, mal termina. Cuando impera lo ilógico y reina la soberbia el fracaso se presenta. Palpar el descaro de la política electorera es presagio del chasco que se avecina. Si para construir su candidatura echa mano de lo ilegal ¿qué credibilidad podrá tener frente a los electores? ¿Cómo merecer respeto? ¿Cómo proyectar confianza? Es Claudia la viva imagen de la política tradicional que no evoluciona y no cambia. La habitual política que se aferra a lo más despreciable de política. Es Claudia, es artificial, es una candidata impuesta.

Cada día es más frecuente realizar pagos o depósitos en tiendas de conveniencia o de autoservicio. Bancos, gobiernos, prestadores de servicios, personas físicas o morales han optado cada día más por utilizar como intermediarios a “corresponsables financieros” –Oxxo, Walmart, Farmacias Guadalajara, 7 Eleven, Telecomm, Farmacias del Ahorro, Coppel…- para realizar sus operaciones monetarias.

Se calcula que existen 48,845 “corresponsables” en todo el territorio nacional, los cuales facilitan la inclusión financiera al acercar y volver mucho más accesibles los servicios financieros que se prestan a través del sistema financiero mexicano. Sin duda, esta figura establecida en la ley permite el incremento de puntos de distribución de los servicios financieros, reduce costos en general y ahorra en tiempos de traslado beneficiando la movilidad.

Hasta aquí todo bien, pero ¿Es justo que se tenga que pagar una comisión adicional por la utilización de este servicio? Claro que sí: los establecimientos destinan sus instalaciones, personal y sistemas para realizar las transacciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, existe un dilema más ¿Quién debe pagar dicha comisión? ¿El banco, el gobierno, el beneficiario de un depósito o el usuario que paga?

Veamos. Es obligación de los bancos mantener una red de sucursales accesibles y cajeros modernos para sus clientes, en cambio, al recurrir a los corresponsables financieros, los bancos ahorran un sin fin de recursos en su beneficio particular; dejan de erogar gastos por mantenimiento a su infraestructura, frenan el crecimiento de sus puntos de atención, no contratan más personal, ahorran en nómina, no gastan en servicios complementarios. Es decir, la inversión bancaria, en este caso, es menor. Los gobiernos, siguiendo otro ejemplo, también ahorran multiplicidad de recursos al no abrir nuevas cajas o implementar nuevos métodos de pago para el cobro de derechos o impuestos; al utilizar las corresponsalías o intermediarios facilitan su recaudación pero trasladan un nuevo costo al ciudadano: la comisión.

Hoy un ciudadano que acude a realizar un pago bancario a uno de estos establecimientos paga generalmente un promedio de 10 pesos adicionales. Así como el banco le cobra una comisión a un negocio por aceptar el pago con tarjeta, el banco es quien debería pagar la comisión al corresponsal por recaudarle su dinero. ¿Por qué el ciudadano debe pagar una comisión extra por un pago de un impuesto? El gobierno debería de pagarle a las tiendas de conveniencia por ayudarle a ampliar su servicio de recaudación, pero no trasladarle este cargo al ciudadano.

En México existen 15,465 sucursales bancarias, corresponsables hay tres veces más. La tendencia es imparable y los corresponsables son un inmejorable canal para aumentar la presencia indirecta de una institución bancaria, pero su operación debe ser solventada por las instituciones, no por los usuarios. Para ello debemos empezar por reformar la Ley de Transparencia y Servicios Financieros para evitar que las Entidades financieras o corresponsalías puedan cobrar comisiones a los usuarios, sin que esto afecte a las comisiones que se pacten entre la institución bancaria y el intermediario financiero. Estos son cambios legales que neta sirven.

La mejor forma de tapar la corrupción es ocultando la información pública; sin datos no hay hechos, sin pruebas no hay delitos. ¿Cómo revisar un contrato del gobierno sin acceder a nombres, cantidades, condiciones, cuentas, testigos, papeles? ¿Cómo haber podido documentar los casos de corrupción de la casa blanca de Peña Nieto, la estafa maestra o recientemente el enorme desfalco de Segalmex sin acceso a la información pública?

En México, el organismo constitucional encargado de garantizar el acceso a la información pública es el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y es el artículo 6 de la Constitución el que establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

El INAI fue creado en el año 2003 y desde entonces ha funcionado de manera regular, autónoma e imparcial, atendiendo más de 3 millones de solicitudes de acceso a la información pública que han permitido que ciudadanos, periodistas, investigadores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil conozcan la información pública en resguardo de políticos y servidores públicos para su análisis y conocimiento.

¿Qué ha pasado recientemente? ¿Por qué la función constitucional del INAI, para garantizar el acceso a la información pública, se ha obstaculizado? El INAI es un órgano colegiado que funciona a través de 7 comisionados. Al haber concluido el periodo de 3 de los 7 comisionados, el Senado debe proceder a elegir a los nuevos integrantes, sin embargo, deliberadamente, se han frenado los nombramientos ante el veto del presidente López Obrador y su instrucción para paralizar a esta institución.

Como lo manifestó el propio secretario de gobernación ante senadores de su partido MORENA, al presidente le conviene un impasse y está en el “mundo ideal” sin ninguna urgencia para hacer los nombramientos. ¿Por qué? Porque en tanto se encuentre inoperante el INAI nadie podrá acceder a la información de su gobierno y podrá actuar a sus anchas. Cualquier posible caso de corrupción estará resguardado con la impunidad del caso. Ante el fracaso de sus políticas públicas, asfixiar al INAI, mutilarlo. Fiel a su repetida discursiva, el presidente alega los “altos” costos del INAI para incluso sugerir su desaparición sin reflexionar sobre sus consecuencias. Dirá que representa un “elevado” costo para los mexicanos pero no expondrá que el robo de recursos públicos en Segalmex – en su gobierno- equivale a 15 años de presupuesto del INAI. Simplemente una farsa narrativa.

Legisladores, partidos políticos, sociedad organizada, debemos exigir el restablecimiento funcional del INAI de manera inmediata. Ojalá que para el 28 de septiembre que se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuestro país pueda contar con un INAI completo, operante y garante. Sin transparencia e información, prevalece la corrupción.

El artículo 19 constitucional establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos que por su gravedad merecen que el presunto delincuente o imputado sea detenido y no tenga oportunidad de llevar su proceso en libertad.

El texto vigente de esta norma constitucional enlista los siguientes casos que obligan al juez a ordenar la prisión preventiva oficiosamente: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y aquellos relacionados con la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Como se puede percibir, los delitos que la Constitución enumera para derivar en la prisión preventiva son de diversa índole, discrecionales y muy particulares. En esta ocasión no se pretende analizar la eficacia de esta disposición legal, ni su debida correspondencia con la observancia irrestricta a los derechos humanos; mereciendo un estudio serio y a fondo para su modificación como lo ha advertido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estas líneas únicamente nos referiremos a la reciente aprobación de la Cámara de Diputados para incluir al tráfico de armas como un delito grave más, sujeto a la prisión preventiva.

En México 7 de cada 10 homicidios se comenten con un arma de fuego y la gran mayoría de mexicanas y mexicanos creen que las armas son las facilitadoras de la violencia y se oponen, incluso, a la posesión legal de estas. Nuestra vecindad con Estados Unidos ha provocado un alza constante en la internación de armas a México. El canciller Marcelo Ebrard señaló ante el Senado mexicano que en los últimos años se han asegurado en nuestro país 56 mil armas de las cuales 21 mil son armas largas, y propuso, en la sede de la Fiscalía General de la República, que el tráfico de armas fuera considerado como delito grave. Esta iniciativa constitucional fue ya aprobada en la Cámara baja con el apoyo amplio de los partidos políticos como una medida más para respaldar la pacificación del país. Apuntamos que la actuación del gobierno federal en materia de seguridad pública ha sido desastrosa a pesar de contar con todas la herramientas jurídicas, legislativas y financieras. La Guardia Nacional y la estrategia de “abrazos y no balazos” no ha funcionado; sin embargo, debemos coincidir y coadyuvar sin tintes partidistas para endurecer el marco legal con la pretensión de reducir el tráfico de armas y con ello debilitar a las organizaciones criminales que hoy imponen la ley de las armas en tantos sitios de nuestro querido país.

*Diputado federal PAN

Entre las cientos de mentiras que repite el presidente mexicano en cada mañanera, destaca por estos días el “alto costo” que significa el Instituto Nacional Electoral (INE) para los mexicanos y que ha sido su coartada predilecta para intentar controlar a esta autoridad

Así como Donald Trump mintió más de 30 mil veces durante su presidencia, según el conteo realizado por el Washington Post, López Obrador registró más de 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras en sus primeras 700 mañaneras según la cuenta del doctor Luis Estrada en su libro El Imperio de los Otros Datos. Claramente dos presidentes mentirosos, manipuladores de los hechos a y distorsionadores de la realidad.

Entre las cientos de mentiras que repite el presidente mexicano en cada mañanera, destaca por estos días el “alto costo” que significa el Instituto Nacional Electoral (INE) para los mexicanos y que ha sido su coartada predilecta para intentar controlar a la autoridad electoral y con ello incidir en las elecciones a la usanza de cualquier dictadura.

Imponer a simpatizantes de Morena al frente del INE es su deseo, argumentar que el instituto gasta mucho dinero es su excusa. Pero, ¿en verdad el INE es tan costoso? Veamos.

El INE recibió para este año un presupuesto aproximado de 14 mil millones de pesos para su operación, incluyendo la emisión de las credenciales de elector. Las obras faraónicas del presidente han costado: Refinería Dos Bocas 360 mil millones aún sin producir un solo barril, el AIFA 104 mil millones, aún sin muchos vuelos y el Tren Maya 300 mil millones aún devastando la selva mexicana.

Es decir 764 mil millones contra 14 mil millones que representan tan solo el 1.8%. Sin embargo, el oficialismo podrá alegar que se trata de proyectos que en algún momento – quizá nunca- lleguen a ser productivos y por lo tanto este “gasto” deba ser considerado como una “inversión” a futuro.

Suponiendo, sin conceder, comparemos entonces el “gasto” del INE con las pérdidas de PEMEX; mientras la petrolera mexicana pierde anualmente alrededor de 200 mil millones o el huachicoleo sigue representando pérdidas por casi 6 mil millones anuales, la autoridad electoral, responsable de normalizar nuestra vida democrática, nos “cuesta” 14 mil millones de pesos. Y por si la comparación no fuera suficiente, confrontemos el presupuesto del INE con el costo que tuvo la decisión política de cancelar el aeropuerto de Texcoco: 300 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto del INE por más de 20 años.

Es evidente que la mentira sostenida de acusar al INE de oneroso, lujoso y caro es simplemente el pretexto para dinamitar la democracia y terminar con la competencia electoral en México. Es el primer paso para iniciar la ruta hacia un régimen totalitario y dictatorial.

Resulta, por lo menos curioso, que el INE haya sido el órgano autónomo con mayor reducción de su presupuesto y que los ataques del Presidente se intensifiquen sonoramente. El INE – nuestro sistema operativo de la democracia- ocupa solo 20 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno. Su protección es tarea de todos los mexicanos.

Así como Mike Pence dijo sobre Trump: “No hay una idea menos estadounidense que la noción de que una sola persona pueda escoger al presidente”, hoy en México permanece el mismo peligro: la idea de un mentiroso por imponer su voluntad sin importar lo que digan las urnas.

José Báez
Diputado Federal