La candidata impuesta

Es Claudia. Incita su candidatura desde el poder. Aceita la maquinaria del gobierno para promoverse al margen de la ley. Burla la legislación con arrogancia y descaro para anunciarse espectacularmente gastando infinidad de recursos públicos en su beneficio personal, sin fiscalización y sin transparencia.

Abandona sus funciones y gobierna a medio tiempo para hacer campaña. Se le colapsa el metro. Utiliza el aparato del Estado para favorecerse y des balancear la equidad de la contienda. Falta a los principios de la función electoral. Traslada la nómina de su campaña al gasto corriente del gobierno. Provoca una profunda división en su partido.

Dispone de su cargo para recargarse en la cargada. Utiliza perversamente a los beneficiarios de los programas sociales para rellenar eventos y promover su imagen. Altera la agenda de las distintas áreas del gobierno para armar su agenda de campaña. Copia al viejo PRI en el acarreo, en el desvío de recursos y en el beneficio del dedazo; justamente todo lo que Acción Nacional reprochó y combatió desde su fundación.

¿Es válido, es legal, es ético? Estas conductas públicas y evidentes ¿enaltecen a la política o la denigran? En palabras de don Carlos Castillo Peraza “… si la política no es ordenada, si la política no está sujeta a reglas pactadas y respetadas por todos, si la política no tiene una esencia de cosmos y es sólo caos, de la política se podría esperar todo, que es lo mismo a no poder esperar nada”. Claramente la desfachatez y la insolencia han caracterizado a esta candidatura. La simulación como norma y carta de presentación. Aparentar, más que merecer. Imponer, más que convencer. Jugar chueco y no leal.

Lo que mal empieza, mal termina. Cuando impera lo ilógico y reina la soberbia el fracaso se presenta. Palpar el descaro de la política electorera es presagio del chasco que se avecina. Si para construir su candidatura echa mano de lo ilegal ¿qué credibilidad podrá tener frente a los electores? ¿Cómo merecer respeto? ¿Cómo proyectar confianza? Es Claudia la viva imagen de la política tradicional que no evoluciona y no cambia. La habitual política que se aferra a lo más despreciable de política. Es Claudia, es artificial, es una candidata impuesta.

#EntreNetas | Decretazo contra la libertad

Más de 300,000 millones de pesos, 150% más de lo previsto originalmente, costará el Tren Maya. Más de 17,000 millones de dólares del erario público – dinero de los ciudadanos- gastados a discreción. Una obra que traerá daños irreversibles a los ecosistemas de la selva maya y que ha sepultado el descubrimiento y cuidado de nuestra historia.

Trescientos mil millones equivalentes a 6 veces el presupuesto anual de la UNAM o que podrían cubrir durante 43 años el presupuesto que asignaba la Federación para apoyar a las policías locales mediante el desaparecido subsidio para el fortalecimiento del desempeño de la seguridad pública en municipios y estados (Fortaseg); esta enorme y desproporcional cantidad de dinero para un tren turístico construido por el Ejército mexicano.

Cientos de miles de millones gastados sin control, sin transparencia, a plena oscuridad. Recursos públicos ejercidos selectivamente, cobijados por el manto del presidente y la gracia de la seguridad nacional.

Para encubrir los manejos financieros de esta obra y ocultar toda información sobre su ejecución, el presidente López Obrador publicó meses atrás un decreto para declarar las obras y proyectos del Ejecutivo Federal como de interés nacional y seguridad nacional con el perverso propósito de mantenerlas en reserva. Su primer decreto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por transgredir el derecho al acceso a la información pública, sin embargo, la necedad presidencial lo llevó a emitir un nuevo decreto para declarar tercamente al Tren Maya y del corredor Transístmico y a los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque como de seguridad nacional. ¿Será el propio Ejército quien le haya exigido al Presidente este nuevo decreto para garantizar impunidad ante cualquier irregularidad futura? Recordemos que todas estas obras son construidas por el Ejército. ¿Para qué ocultar el gasto de estas obras? ¿Qué ocultan?

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió que se han perdido 2,000 empresas privadas dedicadas a la construcción de las 9,000 afiliadas a dicha Cámara ante la exclusión del sector en las obras de infraestructura pública. Mientras, el Ejército acapara las obras más importantes, excluyendo al sector privado y a la libre competencia, lo hace con la opacidad que pudiera caracterizar a cualquier gobierno de raíces dictatoriales. “En las obras del Ejército Mexicano, por ley de seguridad nacional, no puede dar a conocer ningún dato, ninguna información de lo que se da. Eso no ayuda para conocer la inversión del dinero público de las obras”, señaló el presidente de la CMIC. La desinformación abre la puerta a la corrupción. Sin información es imposible fiscalizar, contrastar, indagar la verdad y descubrir la falsedad.

#EntreNetas | Las comisiones del OXXO

Cada día es más frecuente realizar pagos o depósitos en tiendas de conveniencia o de autoservicio. Bancos, gobiernos, prestadores de servicios, personas físicas o morales han optado cada día más por utilizar como intermediarios a “corresponsables financieros” –Oxxo, Walmart, Farmacias Guadalajara, 7 Eleven, Telecomm, Farmacias del Ahorro, Coppel…- para realizar sus operaciones monetarias.

Se calcula que existen 48,845 “corresponsables” en todo el territorio nacional, los cuales facilitan la inclusión financiera al acercar y volver mucho más accesibles los servicios financieros que se prestan a través del sistema financiero mexicano. Sin duda, esta figura establecida en la ley permite el incremento de puntos de distribución de los servicios financieros, reduce costos en general y ahorra en tiempos de traslado beneficiando la movilidad.

Hasta aquí todo bien, pero ¿Es justo que se tenga que pagar una comisión adicional por la utilización de este servicio? Claro que sí: los establecimientos destinan sus instalaciones, personal y sistemas para realizar las transacciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, existe un dilema más ¿Quién debe pagar dicha comisión? ¿El banco, el gobierno, el beneficiario de un depósito o el usuario que paga?

Veamos. Es obligación de los bancos mantener una red de sucursales accesibles y cajeros modernos para sus clientes, en cambio, al recurrir a los corresponsables financieros, los bancos ahorran un sin fin de recursos en su beneficio particular; dejan de erogar gastos por mantenimiento a su infraestructura, frenan el crecimiento de sus puntos de atención, no contratan más personal, ahorran en nómina, no gastan en servicios complementarios. Es decir, la inversión bancaria, en este caso, es menor. Los gobiernos, siguiendo otro ejemplo, también ahorran multiplicidad de recursos al no abrir nuevas cajas o implementar nuevos métodos de pago para el cobro de derechos o impuestos; al utilizar las corresponsalías o intermediarios facilitan su recaudación pero trasladan un nuevo costo al ciudadano: la comisión.

Hoy un ciudadano que acude a realizar un pago bancario a uno de estos establecimientos paga generalmente un promedio de 10 pesos adicionales. Así como el banco le cobra una comisión a un negocio por aceptar el pago con tarjeta, el banco es quien debería pagar la comisión al corresponsal por recaudarle su dinero. ¿Por qué el ciudadano debe pagar una comisión extra por un pago de un impuesto? El gobierno debería de pagarle a las tiendas de conveniencia por ayudarle a ampliar su servicio de recaudación, pero no trasladarle este cargo al ciudadano.

En México existen 15,465 sucursales bancarias, corresponsables hay tres veces más. La tendencia es imparable y los corresponsables son un inmejorable canal para aumentar la presencia indirecta de una institución bancaria, pero su operación debe ser solventada por las instituciones, no por los usuarios. Para ello debemos empezar por reformar la Ley de Transparencia y Servicios Financieros para evitar que las Entidades financieras o corresponsalías puedan cobrar comisiones a los usuarios, sin que esto afecte a las comisiones que se pacten entre la institución bancaria y el intermediario financiero. Estos son cambios legales que neta sirven.

México: sin libertad de prensa

Sin prensa libre, hay terreno fértil para la tiranía. Sin periodistas, nacen los dictadores

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) publicó recientemente su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023, constatando las enormes adversidades que enfrenta la profesión periodística en el mundo entero.

Concluye que “las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países y satisfactorias solo en 3 de cada 10”. El informe destaca los peligros de las campañas de desinformación masiva que promueven actores políticos sistemáticamente, lastimando con ello el derecho a la información. Sin lugar a dudas, México es muestra clara de esta “industria del engaño” emprendida por el propio presidente de la República en cada “mañanera” y bajo el ataque directo contra la institución garante del acceso a la información pública, el INAI.

De entre los 180 países evaluados, México se coloca en el deshonroso lugar 128, registrando “el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo”. Dentro del continente americano, nuestro país se localiza en la categoría de países “en situación difícil” solo por delante de Colombia y de las dictaduras nicaragüense, venezolana y cubana. Hacia allá vamos.

En contraste, los ejemplos americanos dentro de las categorías “buena situación” y “situación más bien buena” son Canadá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Jamaica, Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Belice y Uruguay, en ese orden.

Bien decía Thomas Jefferson “Donde es libre la prensa, y donde saben leer todos los hombres, todo está a salvo”. Tal parece que nuestro país se encuentra en el sentido contrario: generando pobreza, destruyendo la educación y la ciencia y en un ataque frontal contra el periodismo. Sin prensa libre, hay terreno fértil para la tiranía. Sin periodistas, nacen los dictadores.

#EntreNetas | Sin información hay corrupción

La mejor forma de tapar la corrupción es ocultando la información pública; sin datos no hay hechos, sin pruebas no hay delitos. ¿Cómo revisar un contrato del gobierno sin acceder a nombres, cantidades, condiciones, cuentas, testigos, papeles? ¿Cómo haber podido documentar los casos de corrupción de la casa blanca de Peña Nieto, la estafa maestra o recientemente el enorme desfalco de Segalmex sin acceso a la información pública?

En México, el organismo constitucional encargado de garantizar el acceso a la información pública es el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y es el artículo 6 de la Constitución el que establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

El INAI fue creado en el año 2003 y desde entonces ha funcionado de manera regular, autónoma e imparcial, atendiendo más de 3 millones de solicitudes de acceso a la información pública que han permitido que ciudadanos, periodistas, investigadores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil conozcan la información pública en resguardo de políticos y servidores públicos para su análisis y conocimiento.

¿Qué ha pasado recientemente? ¿Por qué la función constitucional del INAI, para garantizar el acceso a la información pública, se ha obstaculizado? El INAI es un órgano colegiado que funciona a través de 7 comisionados. Al haber concluido el periodo de 3 de los 7 comisionados, el Senado debe proceder a elegir a los nuevos integrantes, sin embargo, deliberadamente, se han frenado los nombramientos ante el veto del presidente López Obrador y su instrucción para paralizar a esta institución.

Como lo manifestó el propio secretario de gobernación ante senadores de su partido MORENA, al presidente le conviene un impasse y está en el “mundo ideal” sin ninguna urgencia para hacer los nombramientos. ¿Por qué? Porque en tanto se encuentre inoperante el INAI nadie podrá acceder a la información de su gobierno y podrá actuar a sus anchas. Cualquier posible caso de corrupción estará resguardado con la impunidad del caso. Ante el fracaso de sus políticas públicas, asfixiar al INAI, mutilarlo. Fiel a su repetida discursiva, el presidente alega los “altos” costos del INAI para incluso sugerir su desaparición sin reflexionar sobre sus consecuencias. Dirá que representa un “elevado” costo para los mexicanos pero no expondrá que el robo de recursos públicos en Segalmex – en su gobierno- equivale a 15 años de presupuesto del INAI. Simplemente una farsa narrativa.

Legisladores, partidos políticos, sociedad organizada, debemos exigir el restablecimiento funcional del INAI de manera inmediata. Ojalá que para el 28 de septiembre que se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuestro país pueda contar con un INAI completo, operante y garante. Sin transparencia e información, prevalece la corrupción.

En el PAN, la unidad por principio

Un principio es aquello que es primero y es principal; lo más importante y lo inicial. Un valor que obliga y define.

Estamos a pocos meses de que inicie el proceso electoral 2024 y el Partido Acción Nacional se alista para competir y presentarse nuevamente como una opción real de programa y de gobierno. Sin duda, la definición sobre quienes habrán de personificar las candidaturas es estratégica. Es sustancial postular una buena plataforma electoral y muy importante valorar la ocasión para celebrar alianzas o coaliciones electorales, incluir candidaturas ciudadanas y aplicar las reglas para garantizar la paridad de género, pero ante todo, lo primero y principal, es cuidar de la unidad partidista. Unidad que es condición mínima e indispensable para ser competitivos. Antecedente inequívoco de derrotas ciertas o victorias posibles. Motivo singular por el cual el panismo queretano pasó a la historia como el primer estado panista en recuperar una gubernatura que había perdido. No hay duda, un partido fracturado no es opción ciudadana y augura un fiasco; por algo se dice que no hay mayor opositor de un panista que otro panista. Procurar y alentar la unidad es irremplazable.

La unidad no se decreta, ni se concede. La unidad es un proceso que se construye con diálogo, apertura, generosidad, razón, negociación y acuerdo. En un partido político se hace política y la política implica necesariamente ceder y tratar, por ello la unidad debe ser inclusión y no segregación. Suma de sumas y no suma de restas.

Nada que divida al PAN tiene lógica ni coherencia. Quienes pretenden sembrar discordia y plantear falsos debates para enfrentar a panistas contra panistas o a panistas contra ciudadanos se equivocan. Ignoran que el panismo queretano es maduro. Pasan por alto que histórica y auténticamente Acción Nacional ha postulado destacados ciudadanos en su justa dimensión – y proporción- al tiempo de “apostar”, en palabras de don Carlos Castillo Peraza, “por nosotros mismos”.

Acción Nacional se encuentra a tiempo de repetir la fórmula ganadora, la fórmula queretana que parte de la unidad para repetir éxitos y evitar fracasos. Debemos respetar al PAN y con ello a su democracia, procesos y militancia. Ni encerrarnos, ni vulnerarnos. Ni cerrazón, pero tampoco asalto. No deben animarse dudas, quien milita en el PAN, jamás abandona su condición de ciudadano, por el contrario, participar formalmente en política enaltece su propia condición ciudadana.

Un partido claro en sus posturas, innovador en sus propuestas, receptivo y unido en su circunstancia es la mejor oferta política en un país devastado por la segregación, la división y el oportunismo. Unidad como principio.

#EntreNeta | Tráfico de armas

El artículo 19 constitucional establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos que por su gravedad merecen que el presunto delincuente o imputado sea detenido y no tenga oportunidad de llevar su proceso en libertad.

El texto vigente de esta norma constitucional enlista los siguientes casos que obligan al juez a ordenar la prisión preventiva oficiosamente: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y aquellos relacionados con la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Como se puede percibir, los delitos que la Constitución enumera para derivar en la prisión preventiva son de diversa índole, discrecionales y muy particulares. En esta ocasión no se pretende analizar la eficacia de esta disposición legal, ni su debida correspondencia con la observancia irrestricta a los derechos humanos; mereciendo un estudio serio y a fondo para su modificación como lo ha advertido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estas líneas únicamente nos referiremos a la reciente aprobación de la Cámara de Diputados para incluir al tráfico de armas como un delito grave más, sujeto a la prisión preventiva.

En México 7 de cada 10 homicidios se comenten con un arma de fuego y la gran mayoría de mexicanas y mexicanos creen que las armas son las facilitadoras de la violencia y se oponen, incluso, a la posesión legal de estas. Nuestra vecindad con Estados Unidos ha provocado un alza constante en la internación de armas a México. El canciller Marcelo Ebrard señaló ante el Senado mexicano que en los últimos años se han asegurado en nuestro país 56 mil armas de las cuales 21 mil son armas largas, y propuso, en la sede de la Fiscalía General de la República, que el tráfico de armas fuera considerado como delito grave. Esta iniciativa constitucional fue ya aprobada en la Cámara baja con el apoyo amplio de los partidos políticos como una medida más para respaldar la pacificación del país. Apuntamos que la actuación del gobierno federal en materia de seguridad pública ha sido desastrosa a pesar de contar con todas la herramientas jurídicas, legislativas y financieras. La Guardia Nacional y la estrategia de “abrazos y no balazos” no ha funcionado; sin embargo, debemos coincidir y coadyuvar sin tintes partidistas para endurecer el marco legal con la pretensión de reducir el tráfico de armas y con ello debilitar a las organizaciones criminales que hoy imponen la ley de las armas en tantos sitios de nuestro querido país.

*Diputado federal PAN

#EntreNetas | El Mausoleo de Dos Bocas

La Real Academia Española define la palabra mausoleo como un “Sepulcro magnífico y suntuoso”, un monumento majestuoso para recordar la vida y obra de un difunto. Cuando finalice el sexenio de López Obrador, su gestión, sus obras y acciones, tendrán sus propios recuerdos. ¿Qué se recordará de su mandato? ¿Qué se reclamará de su periodo de gobierno? ¿Habrá algo tan relevante que merezca un mausoleo por su importancia y significado? Sin duda la refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, apunta a convertirse en un gran símbolo del gobierno de la cuarta “transformación”. No solo por ser una de las obras emblemáticas y faraónicas del presidente, también por el impresionante gasto de recursos públicos que ha requerido sobre pasando en 2.6 veces su presupuesto original. No fueron suficientes los 8 mil millones de dólares en los que se preveía su costo, ahora rondan los 18 mil millones de dólares a sobre costo. Una obra mal planeada, mal ejecutada, onerosa, improductiva e insostenible.

Dos Bocas será un fiel símbolo y mausoleo del fracaso de AMLO. Una obra inaugurada pero inacabada, una refinería que no refina, un proyecto del pasado que no encaja en el futuro. Tal y como lo advirtió el excandidato presidencial Ricardo Anaya “Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir de nada en el futuro (…) Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero y, con ese dinero, hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro que son las energías limpias, especialmente la solar. Algunos países, como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, han establecido fechas límite para la venta de automóviles que funcionen con gasolina (…) en el futuro el petróleo no va a valer nada”. Por algo la mayor inversión extranjera privada que ha llegado a México en este sexenio es la planta de Tesla, cuya producción de autos eléctricos, resulta un contrasentido con la inversión pública que se destina a una refinería para producir gasolina que pronto iniciará su desuso.

Mientras nos acostumbramos a un gobierno que despilfarra los recursos de las y los mexicanos edificando un aeropuerto con himno pero sin vuelos y una refinería de la que se sacan millones de barriles de agua por su inundación y ningún barril de petroleo por su producción, el mundo gira en otro sentido.

Dos Bocas, un mausoleo a la corrupción, la ineficacia y el retroceso.

La gran mentira de AMLO sobre el INE

Entre las cientos de mentiras que repite el presidente mexicano en cada mañanera, destaca por estos días el “alto costo” que significa el Instituto Nacional Electoral (INE) para los mexicanos y que ha sido su coartada predilecta para intentar controlar a esta autoridad

Así como Donald Trump mintió más de 30 mil veces durante su presidencia, según el conteo realizado por el Washington Post, López Obrador registró más de 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras en sus primeras 700 mañaneras según la cuenta del doctor Luis Estrada en su libro El Imperio de los Otros Datos. Claramente dos presidentes mentirosos, manipuladores de los hechos a y distorsionadores de la realidad.

Entre las cientos de mentiras que repite el presidente mexicano en cada mañanera, destaca por estos días el “alto costo” que significa el Instituto Nacional Electoral (INE) para los mexicanos y que ha sido su coartada predilecta para intentar controlar a la autoridad electoral y con ello incidir en las elecciones a la usanza de cualquier dictadura.

Imponer a simpatizantes de Morena al frente del INE es su deseo, argumentar que el instituto gasta mucho dinero es su excusa. Pero, ¿en verdad el INE es tan costoso? Veamos.

El INE recibió para este año un presupuesto aproximado de 14 mil millones de pesos para su operación, incluyendo la emisión de las credenciales de elector. Las obras faraónicas del presidente han costado: Refinería Dos Bocas 360 mil millones aún sin producir un solo barril, el AIFA 104 mil millones, aún sin muchos vuelos y el Tren Maya 300 mil millones aún devastando la selva mexicana.

Es decir 764 mil millones contra 14 mil millones que representan tan solo el 1.8%. Sin embargo, el oficialismo podrá alegar que se trata de proyectos que en algún momento – quizá nunca- lleguen a ser productivos y por lo tanto este “gasto” deba ser considerado como una “inversión” a futuro.

Suponiendo, sin conceder, comparemos entonces el “gasto” del INE con las pérdidas de PEMEX; mientras la petrolera mexicana pierde anualmente alrededor de 200 mil millones o el huachicoleo sigue representando pérdidas por casi 6 mil millones anuales, la autoridad electoral, responsable de normalizar nuestra vida democrática, nos “cuesta” 14 mil millones de pesos. Y por si la comparación no fuera suficiente, confrontemos el presupuesto del INE con el costo que tuvo la decisión política de cancelar el aeropuerto de Texcoco: 300 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto del INE por más de 20 años.

Es evidente que la mentira sostenida de acusar al INE de oneroso, lujoso y caro es simplemente el pretexto para dinamitar la democracia y terminar con la competencia electoral en México. Es el primer paso para iniciar la ruta hacia un régimen totalitario y dictatorial.

Resulta, por lo menos curioso, que el INE haya sido el órgano autónomo con mayor reducción de su presupuesto y que los ataques del Presidente se intensifiquen sonoramente. El INE – nuestro sistema operativo de la democracia- ocupa solo 20 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno. Su protección es tarea de todos los mexicanos.

Así como Mike Pence dijo sobre Trump: “No hay una idea menos estadounidense que la noción de que una sola persona pueda escoger al presidente”, hoy en México permanece el mismo peligro: la idea de un mentiroso por imponer su voluntad sin importar lo que digan las urnas.

José Báez
Diputado Federal

Impuestos justos al vino

Las bebidas alcohólicas en México además de pagar 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagan entre un 26% y 53% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otro 4.5% de impuestos locales sobre su precio de salida. A modo de ejemplo, si el valor al mercado de una botella es de $200 pesos, a esta cantidad se le deben añadir impuestos resultando que el precio al consumidor se incrementará, por lo menos, en un 50%, es decir, costará a la venta al público al menos $300 pesos pudiendo llegar incluso a casi el doble de su valor inicial ($400).

¿Por qué tantos impuestos y tan altos? ¿Cuál es la justificación fundamental para aplicarlos? El IEPS es un impuesto indirecto y especial que conlleva un fin extra fiscal – un fin social- que para el caso de las bebidas alcohólicas es desalentar su consumo, combatir el alcoholismo y proteger la salud pública. Este propósito extra fiscal se encuentra mandatado desde la propia Constitución en su artículo 117; lo que se intenta con la imposición de estas grandes cargas fiscales es elevar los precios a las bebidas etílicas para aumentar la recaudación, al tiempo que se inhibe su consumo. Pero, ¿Este esquema es adecuado y opera bien? ¿Realmente desincentiva el consumo excesivo, particularmente de las bebidas con los más altos niveles de alcohol? ¿Es justo aplicar la misma tasa de impuestos al vino de mesa que a la cerveza, a un destilado o a un aguardiente? La respuesta a todas las interrogantes anteriores es no.

A pesar de la aplicación del IEPS, el comercio sigue ofreciendo bebidas de altísima graduación etílica a precios realmente bajos; así encontramos licores de caña con alta graduación de alcohol que se venden a bajo precio. Asimismo, resulta des proporcional aplicar la misma tasa a bebidas que claramente tienen un nivel de alcohol diferente y procesos de calidad distintos.

Entonces ¿Qué debemos hacer? Reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con relación a las bebidas alcohólicas para cambiar el enfoque. Me explico, si se trata de inhibir el consumo de bebidas alcohólicas, gravemos los grados de alcohol contenidos y no el costo al mercado para que las bebidas de baja calidad, baratas y con altos grados de alcohol se encarezcan y las bebidas con menores grados de alcohol y de buena calidad, como el vino mexicano, no paguen altos impuestos afectando su competitividad frente a bebidas extranjeras. Así como no es lo mismo una cerveza comercial o una artesanal o un aguardiente en garrafa que un tequila o vino blanco, sus niveles de alcohol deben regir la tasa de los impuestos a aplicarse.

Este esquema se utiliza con éxito en toda la Unión Europea, gravando así los grados de alcohol en un equivalente de 3.90 pesos por grado de alcohol contenido. Debemos legislar para cumplir con el doble fin de retraer el consumo excesivo de bebidas altamente etílicas y beneficiar directamente a sectores como el vitivinícola para impulsar mejores consumos y proyectar la competitividad de los productos mexicanos de alta calidad.