En el mes de enero del año 2013 entró en vigor la primera Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro. Esta ley local vigente contiene el marco normativo que establece las bases y pautas del comportamiento social para la convivencia pacífica y armónica entre todos los habitantes. Para ello, este conjunto de normas ordena las características y propósitos de la participación ciudadana y del impulso a la cultura cívica, además de fijar las conductas que se consideran como faltas administrativas con sus respectivas sanciones.

Los conceptos de justicia cívica y cultura cívica se encuentran plasmados y desarrollados en este ordenamiento legal, cuya importancia y utilidad – de su aplicación- radica en la preservación del orden público, la protección de la dignidad de las personas, la procuración de la tranquilidad y seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente y del entorno urbano, así como la protección de los animales domésticos. Sin duda, la Ley de Respeto Vecinal es una de las leyes más trascendentales para la cohesión social y el desarrollo de nuestra comunidad. A pesar de su gran importancia, como casi todas las leyes, su divulgación y socialización es mínima. Aunque en esta ley se contienen las infracciones más comunes y recurrentes que se comenten diariamente en cualquier colonia, barrio o comunidad – con sus específicas consecuencias y sanciones- su conocimiento es ínfimo.

Es justamente este ordenamiento legal el que reconoce como faltas o infracciones administrativas: producir o causar ruidos que atenten contra la tranquilidad de los vecinos, poseer animales sin adoptar medidas de higiene necesarias, bloquear sin la autorización debida la vía pública o los espacios públicos, detonar cohetes o juegos pirotécnicos sin permiso, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, revender boletos a precio alzado, tirar basura en lugares no autorizados, dañar áreas verdes, pintar bardas sin autorización, destruir o maltratar mobiliario urbano, abandonar animales, entre muchas más. Es decir, las conductas que causan las diferencias más generales y sentidas entre vecinos, afectando con ello la paz social, y que a la larga pueden ocasionar la comisión de delitos de mayor gravedad, están estipuladas en esta ley, con sus correspondientes procedimientos.

La Ley de Respeto Vecinal debe ser una de las leyes prioritarias en su actualización, difusión y observancia. Una ley redactada al detalle, difundida a plenitud y aplicada a la perfección. Una ley de máxima relevancia social para la paz y tranquilidad de todos.

El inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión estuvo manchado por las diferencias expresadas entre Morena y el presidente de la Mesa Directiva, el diputado panista Santiago Creel, por la presencia de miembros armados del Ejército Mexicano en el recinto legislativo. La asistencia de los militares correspondía a integrantes de la escolta de las Fuerzas Armadas para rendir los honores correspondientes en el marco de la sesión de apertura. Si bien a ambas partes les pudiera corresponder alguna razón, estimo que el diputado Creel actuó en apego a la ley y atendiendo razones lógicas. Veamos.

El artículo 61 constitucional menciona que “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”. En tanto, el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados mandata “1. El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga a la Cámara, incluyendo el salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara. 2. El presidente velará por la inviolabilidad del recinto haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance. (…) 4. En el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien trasgreda esta prohibición, el presidente hará que abandone el recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes”.

Como se desprende de estas disposiciones, en el recinto legislativo, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, el Palacio de San Lázaro y en su Pleno está prohibida la entrada a toda persona armada; con una salvedad contemplada bajo el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala “1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, (…)”. Para el caso que nos ocupa el presidente del Congreso invitó y solicitó al Ejército Mexicano su apoyo con la escolta y banda de guerra para enmarcar la sesión solemne que nos convocaba. Sin embargo, al advertir que los soldados se encontraban armados se acordó un protocolo para únicamente restringir el acceso de la escolta -armada- al salón del Pleno. Es decir, hubo diálogo, entendimiento, acuerdo y permiso para interpretar y ejecutar lo dispuesto por los diferentes ordenamientos aquí citados. El presidente de la Cámara, en uso de sus facultades, otorgó un ‘permiso restringido’ de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de este acto legal y estipulado, Morena y aliados avivaron la discusión para alegar la falta de una adecuada conducción de la sesión por parte del presidente de la Mesa Directiva y sugirieron su remoción. A propósito el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de diputados presentes en el Pleno.” Así pues, el respaldo a la actuación del diputado Santiago Creel por parte de su bancada y algunos partidos más le puede garantizar su correcta permanencia al frente de la Cámara de Diputados. Vaya inicio de sesiones.

José Báez

Diputado Federal

Las recientes reformas electorales propuestas por el presidente y aprobadas por Morena violentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen claramente un objetivo perverso: acabar con la democracia y proyectar una dictadura. Se trata pues de trastocar las reglas del juego para favorecer a quienes hoy están en el poder y quieren quedarse a perpetuidad manifiesta.Pero veamos, ¿Qué cambios legales contiene el llamado plan b de López Obrador?

Aquí cinco puntos relevantes. Primero, permite la participación descarada del gobierno en precampañas y campañas, sin ninguna consecuencia legal, restringiendo las facultades de sanción y fiscalización de la autoridad electoral y permitiendo el activismo político-electoral de los funcionarios públicos del gobierno. Lo que se persigue con estos cambios legales es blindar la ilegal promoción adelantada de las “corcholatas” y la participación activa del presidente desde la mañanera hasta su promoción en giras y eventos con fines de propaganda electoral. Es decir, autorizan violar la ley sin consecuencias y que los gobernantes puedan desatender sus obligaciones para andar en campaña permanente. Segundo, sanciona como calumnia a quien se atreva a criticar al gobierno, es decir legalizan la censura.

Tercero, ataca directamente la autonomía de la autoridad electoral, modificando su estructura y reduciendo el personal del servicio profesional electoral contradiciendo lo dispuesto por el artículo 41 constitucional que a la letra dice “El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.” El plan b implica el despido masivo de más de 2,000 trabajadores que incluso afectaría el proceso de emisión de las credenciales de elector.

Cuarto, busca provocar gran inestabilidad el día de la jornada electoral ya que no habrá personal suficiente y calificado para entregar los paquetes electorales, capacitar a los funcionarios de casilla y realizar los cómputos y el recuento de los votos. También, reducen de 13 días a 48 horas el tiempo para que los partidos políticos registren a sus representantes de casilla.

Quinto, es una reforma regresiva en materia de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables porque reduce su representación a 25 espacios en la Cámara de Diputados a pesar de que el INE había dispuesto de 50. Como se puede apreciar, el plan b del presidente es basura que contamina la legalidad y arruina lo que bien ha funcionado en más de 20 años. ¿Por qué al igual que los dictadores latinoamericanos recientes, López Obrador modifica las reglas con las que accedió al poder? ¿Por qué cambiar lo que funcionaba bien? Todo apunta a enterrar la posibilidad de la alternancia en México.

El INE ha sido garante de que en más del 60% de las elecciones haya alternancia, es decir, en la mayoría de las elecciones, por decisión de la gente, ganan los retadores y pierden los gobernantes en turno. Lo que quiere López Obrador es reducir al máximo estas posibilidades. Hoy, como nunca antes, nuestra democracia está bajo ataque y debemos resistir. El plan b será impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un claro argumento: el respeto a la autonomía dispuesto en el artículo 41 constitucional. En pie de lucha #ElINENoSeToca

Entre muchas poblaciones del país se ha abierto la discusión sobre la pertinencia de la quema de cohetes pirotécnicos relacionados con tradiciones y fiestas populares. Por un lado están quienes defienden esta práctica milenaria como símbolo cultural y de devoción. Por el otro, quienes cuestionan su uso ordinario y alegan perjuicios ambientales y de orden público. Ante esta disyuntiva es necesario revisar el marco legal que regula esta materia.

Lo primero que advertimos es que en México no existe una ley particular que regule la quema de pirotecnia civil o popular. Si bien la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hace referencia a la pirotecnia, su contemplación corresponde más a un artículo o instrumento armamentista, que a una actividad recreativa, civil, artística o cultural. De la dley federal se desprende que es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien tiene la autoridad plena para autorizar la compra, importación y exportación de materiales explosivos y todo lo concerniente a la fabricación. Infiriendo en ello la producción de fuegos artificiales. En cuanto a la distribución, almacenamiento, venta y uso de estos materiales y sus productos, la SEDENA comparte responsabilidades con las entidades federativas y municipios por lo que a la normatividad ambiental local y de protección civil se puede referir. Es decir, podemos concluir que el Ejecutivo Federal, por medio de la SEDENA, tiene el control y la vigilancia de toda actividad y operación que involucre explosivos y es la instancia encargada de emitir las autorizaciones correspondientes para su fabricación, distribución, almacenaje, comercialización y uso.

Partiendo de lo estipulado por el marco legal, entramos al fondo de la polémica ¿Se debe prohibir el uso de la pirotecnia popular o la quema de pirotecnia con fines civiles? Prohibir no. Regular sí. Para ello existen dos rutas: crear una ley particular sobre la materia o reformar específicamente diversas leyes como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en cuanto a la definición, características y autorizaciones para su desarrollo; especificar en la legislación federal y en las locales, en materia ambiental, las cantidades máximas permitidas de quema evitando una contaminación ambiental, incluyendo la auditiva; perfeccionar la Ley General de Protección Civil y los bandos de protección civil para asegurar las condiciones para su uso, almacenaje y distribución; contemplar en la reglamentación municipal los horarios, días y condiciones básicas para la autorización de eventos o actividades en los que se contemple la quema de pirotecnia, previa autorización de la Sedena, así como sancionar administrativamente la quema ilegal.

En todo caso, los cambios legales que nos permitan regular con mayor claridad y eficacia la pirotecnia deben perseguir tres objetivos: el aseguramiento de las óptimas condiciones para la protección civil, el cuidado al medio ambiente y el reconocimiento de esta actividad, desde lo local, para respetar la cultura y tradiciones sin afectar la tranquilidad y orden público.