La protección y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales deben ser vistas como tareas de seguridad nacional; para el Estado Mexicano la preservación de nuestro medio ambiente debe ser un tema de la mayor y más grave relevancia económica, política y social.

A pesar de estas máximas, el presidente de la República y sus colaboradores en la materia han sido sistemáticamente indiferentes y los errores que han cometido parecieran deliberados. Es manifiesta y pública la indiferencia del presidente al olvidarse de la agenda ambiental cada mañana, en cada mañanera, en la que dedica horas a la politiquería pero no dedica ni un par de minutos, en comparación, para hablar de su lucha y compromiso contra el cambio climático.

Neta ¿podemos mencionar algún esfuerzo serio, honesto y soportado técnicamente que demuestre el compromiso del gobierno mexicano contra el cambio climático? ¿podemos enlistar resultados destacados en tres años? Por si las ausencias de respuestas convincentes a estas preguntas no resultaran ilustrativas, veamos el error monumental que implica la propuesta de reforma eléctrica enviada desde Palacio Nacional y que bien pudiera ser catalogada como la iniciativa legislativa más contaminante que pudiera inventarse en este siglo, digna de inscribirse en el programa de Ripley “¡Aunque Usted No Lo Crea!”.

¿Alguien del equipo del presidente le ha hecho saber las consecuencias devastadoras de su reforma eléctrica? ¿Cuál es el compromiso institucional del Gobierno de la República para reducir, en serio y en los hechos, la generación de energías sucias, caras y no renovables que tanto le fascinan al presidente?

Existe otro hecho más que desnuda la incapacidad de este gobierno para proteger nuestros ecosistemas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido omisa para prohibir con firmeza y claridad la pesca en la zona cero de la vaquita marina al permitir la entrada a 65 embarcaciones pesqueras en la zona de protección ¿Se va a resignar López Obrador a la extinción de esta especie bajo su gestión? ¿Quiere pasar así a la historia? Las autoridades federales no deben menospreciar el compromiso creciente de los mexicanos en favor del cuidado del medio ambiente.

Hoy más que nunca existe una conciencia colectiva para luchar y proteger nuestro hábitat. Las acciones e inacciones del gobierno tienen una influencia directa en nuestro futuro y los ciudadanos, sociedad organizada y organismos internacionales levantamos la voz ante el desastre que la 4T está provocando sin medir las consecuencias.

¿Cómo identificar un verdadero sistema de salud pública de calidad? Por la gratuidad de sus servicios, por la amplitud de su cobertura, por la accesibilidad […]

¿Cómo identificar un verdadero sistema de salud pública de calidad? Por la gratuidad de sus servicios, por la amplitud de su cobertura, por la accesibilidad a consultas, tratamientos, medicinas e intervenciones y por la calidad integral en la atención que brinda. Bajo estos criterios podemos afirmar, sin temor a equivocación alguna, que el sistema de salud mexicano está en colapso.

Lejano a reconvertirse en un programa de salud pública de primer mundo como lo prometió el presidente, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ha fracasado rotundamente: redujo su cobertura dejando sin acceso a más de 20 millones de personas que contaban ya con la protección del Seguro Popular, ocasionó un desabasto de medicinas sin precedente en nuestra historia reciente, frenó nuevos proyectos de infraestructura y arrinconó a organizaciones público-privadas que prestaban servicios de salud complementarios retirándoles toda aportación de recursos públicos con la que contaban.

Hoy millones de mexicanos se preguntan ¿En dónde está el INSABI? ¿Cómo acceder a medicinas y tratamientos gratuitos y de calidad? ¿Qué servicios cubre? ¿Cómo inscribirse? Preguntas básicas, sin respuestas claras.

El gobierno del presidente Vicente Fox, ideó el Seguro Popular para proyectar un nuevo sistema de salud universal que garantizara el derecho a la salud de toda mexicana y mexicano; los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña lo apuntalaron llegando a cubrir a 53 millones de personas. Si bien, el Seguro Popular aun presentaba muchas áreas de oportunidad y rezagos, su ruta era clara y ascendente; existía un esfuerzo genuino del gobierno federal por construir un sistema articulado, ampliado y perfectible para hacer realidad la garantía constitucional de la protección de la salud.

La salud pública en México está en una grave crisis, no hay inversión en infraestructura nueva, existe un dramático deterioro de las clínicas y hospitales a cargo del gobierno federal, no hay medicinas ni atención pronta y el manejo de la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 evidenció los males que padece nuestro sistema confirmando que, con este gobierno, no hay cura posible y el sector salud federal está desahuciado.

¿Te imaginas obligar a las y los jóvenes que cumplan 18 años de edad a tramitar y obtener su licencia de conducir? Es decir, obligar […]

¿Te imaginas obligar a las y los jóvenes que cumplan 18 años de edad a tramitar y obtener su licencia de conducir? Es decir, obligar por ley a quienes cumplan la mayoría de edad a tener, sí o sí, su licencia para conducir independientemente de si saben o no manejar, o si quieren o no hacerlo. Pues así de absurda y ridícula resulta la nueva disposición legal que aprobaron esta semana las y los diputados de MORENA para obligar a todos los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años a tener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tengan o no alguna actividad económica, e increíblemente y en consecuencia, sean o no contribuyentes; en caso de no hacerlo podrían ser acreedores a multas de 12,000 pesos y a potenciales procedimientos legales.

No existe explicación alguna a esta medida emprendida por el gobierno del presidente López Obrador. No hay razón expuesta que sostenga esta medida irracional. No hay justificación que valga para inscribir en un registro de contribuyentes a quienes no realizan actividades empresariales, ni económicas. Ni MORENA, ni López Obrador, han logrado argumentar o articular una sola razón que defienda esta nueva regla. Por ello, debemos alertar que se busca implementar una burda persecución fiscal hacia la juventud de este país para orillarlos a registrase ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aunque su principal actividad, a veces la única, a veces inaccesible, sea la de estudiar.

¿Qué fin perverso se persigue con esta idea? ¿Por qué se quiere usar el registro de contribuyentes como un padrón poblacional alterno, haciéndose de datos personales e ingresándolos a un sistema tributario aunque no tengan ingresos? Este es el inicio de un terrorismo fiscal, para controlar y manipular. Es a todas luces inconcebible que se obligue a las y los jóvenes a registrarse en el padrón de contribuyentes al tiempo que se exime de esta obligación, por ejemplo, al comercio informal que evidentemente desarrolla una actividad económica por la que se debería tributar. Hoy en México se inicia un nuevo modelo de persecución política fuera de toda proporción, se arrincona a la juventud frente a Hacienda.

El gran peligro de la reforma eléctrica presentada por López Obrador es su efecto contaminante. De aprobarse esta intentona, los daños ambientales serían dramáticos. Se trata de una propuesta retrógrada, de la era del carbón, que por un lado pretende monopolizar y por el otro contaminar. La propuesta de reforma eléctrica presidencial apuesta por la generación de energía cara, sucia y no renovable, bajo la exclusividad y monopolio de la muy ineficiente Comisión Federal de Electricidad (CFE) comandada por el impresentable Manuel Bartlett. Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que la CFE genera electricidad hasta 252% más cara que lo que puede hacerlo el sector privado. Imagínese ahora centralizar toda la producción de electricidad en esta comisión y aniquilar la sana competencia.

Pero regresemos al tema central, el efecto contaminante de la reforma. ¿Por qué se afirma que esta iniciativa generaría energía contaminante? Por tres razones sustantivas. Primero, porque al otorgar el monopolio de la generación de electricidad a la CFE, implícitamente se privilegia la producción de electricidad mediante la quema de combustóleo utilizado como el combustible industrial principal para este efecto. Al respecto Greenpeace asegura “la producción de combustóleo es costosa. En 2019, la producción de un megawatt hora con combustóleo fue de 138 dólares, mientras que el mismo megawatt generado con solar costó 67 dólares y la eólica 66” y agrega “la quema de combustibles trae consigo la emisión de gases de efecto invernadero […] como el azufre”. Es decir, económica y científicamente está demostrado que quemar combustibles para generar electricidad es una pésima idea en este siglo. Segundo, porque al impulsar la capacidad de las refinerías de PEMEX se aumenta exponencialmente la producción del combustóleo (residuo sobrante después de refinar el petróleo crudo) con lo que se estimula que sea la CFE la que le compre a PEMEX esta gran cantidad de combustóleo que genera para cumplir con un doble aunque perverso propósito: ayudar financieramente a PEMEX y seguir con la terquedad de la construcción de una nueva refinería. Y tercero, por los complejos ideológicos del inquilino del palacio, quien vive estancado en el pasado y despreciando un futuro mejor y sostenible. Tenemos un presidente que al igual que Trump es ajeno a la lucha global contra el cambio climático y desprecia el Acuerdo de París.

Aquella imagen de una chimenea industrial expulsando grandes cantidades de humo negro, es la exacta descripción gráfica de la reforma eléctrica promovida, paradójicamente, desde Los Pinos. Es irrefutable que con esta reforma se estaría contaminAMLO a México.

Existe una regla manifiesta en México, el desprecio por la ciencia. El presidente López Obrador nunca ha sido afecto a los análisis metódicos, jamás se ha dispuesto a escuchar una opinión contraria, o por lo menos, a recibir una segunda opinión distinta a la suya – parte fundamental en la verificación científica-, de ninguna forma ha mostrado simpatía por investigadores, especialistas, técnicos o académicos, de ningún modo sus palabras corresponden a una verdad soportada con datos, fiel a razonamientos lógicos o respetando la sistematización del conocimiento. Bien apuntaba el matemático polaco Jacob Bronowski “La ciencia es la aceptación de aquello que funciona y el rechazo de aquello que no. Para eso se necesita más coraje que lo que uno piensa”. Para el presidente mexicano lo que vale es lo que él piensa; sus datos son “los” datos y no hay más. Su desprecio por la verdad científica se constata cada mañana.

Si ya bajo el neoliberalismo vivíamos en un país que invertía muy poco en ciencia y tecnología, ahora, bajo la sombra de la “cuarta transformación” retrocedimos. No solo disminuyó significativamente la inversión en ciencia y tecnología, ahora, aunque usted no lo crea, inició también la persecución política y judicial en contra de investigadores y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), principal organismo público del gobierno dedicado a la promoción, impulso y desarrollo de la ciencia en nuestro país.

Mientras en México se destina actualmente tan solo el .1% del PIB a la ciencia e investigación, en países como Alemania, Corea del Sur o Japón se destina hasta un 4% en comparación. Mientras en países desarrollados y en vías de desarrollo se estimula y reconoce el trabajo de quienes dedican su vida a la investigación, en México se les busca encarcelar tergiversando la información y distorsionando los hechos.

La Fiscalía General de la República, en un hecho inédito, acusa a 31 investigadores por el uso de gastos operativos “indebidos” a pesar de estar claramente soportados por la ley. La Fiscalía pretendió acusarlos de delincuencia organizada y lavado de dinero por haber usado el recurso público en viáticos que son un gasto necesario, reconocido por las autoridades fiscales y que tiene un fin claro que es cubrir la alimentación, hospedaje, transporte… durante un viaje de trabajo específico. La Fiscalía de López pretende enjuiciar a investigadores por utilizar el dinero que se les dio para el fin que se les dio.

Decía Julio Verne que “la ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad.” Quizá esta sea la razón “científica” para comprender el desprecio presidencial por la ciencia: la permanente negativa a reconocer sus errores y el temor constante por llegar a la verdad.