#EntreNetas | Regular la pirotecnia

Entre muchas poblaciones del país se ha abierto la discusión sobre la pertinencia de la quema de cohetes pirotécnicos relacionados con tradiciones y fiestas populares. Por un lado están quienes defienden esta práctica milenaria como símbolo cultural y de devoción. Por el otro, quienes cuestionan su uso ordinario y alegan perjuicios ambientales y de orden público. Ante esta disyuntiva es necesario revisar el marco legal que regula esta materia.

Lo primero que advertimos es que en México no existe una ley particular que regule la quema de pirotecnia civil o popular. Si bien la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hace referencia a la pirotecnia, su contemplación corresponde más a un artículo o instrumento armamentista, que a una actividad recreativa, civil, artística o cultural. De la dley federal se desprende que es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien tiene la autoridad plena para autorizar la compra, importación y exportación de materiales explosivos y todo lo concerniente a la fabricación. Infiriendo en ello la producción de fuegos artificiales. En cuanto a la distribución, almacenamiento, venta y uso de estos materiales y sus productos, la SEDENA comparte responsabilidades con las entidades federativas y municipios por lo que a la normatividad ambiental local y de protección civil se puede referir. Es decir, podemos concluir que el Ejecutivo Federal, por medio de la SEDENA, tiene el control y la vigilancia de toda actividad y operación que involucre explosivos y es la instancia encargada de emitir las autorizaciones correspondientes para su fabricación, distribución, almacenaje, comercialización y uso.

Partiendo de lo estipulado por el marco legal, entramos al fondo de la polémica ¿Se debe prohibir el uso de la pirotecnia popular o la quema de pirotecnia con fines civiles? Prohibir no. Regular sí. Para ello existen dos rutas: crear una ley particular sobre la materia o reformar específicamente diversas leyes como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en cuanto a la definición, características y autorizaciones para su desarrollo; especificar en la legislación federal y en las locales, en materia ambiental, las cantidades máximas permitidas de quema evitando una contaminación ambiental, incluyendo la auditiva; perfeccionar la Ley General de Protección Civil y los bandos de protección civil para asegurar las condiciones para su uso, almacenaje y distribución; contemplar en la reglamentación municipal los horarios, días y condiciones básicas para la autorización de eventos o actividades en los que se contemple la quema de pirotecnia, previa autorización de la Sedena, así como sancionar administrativamente la quema ilegal.

En todo caso, los cambios legales que nos permitan regular con mayor claridad y eficacia la pirotecnia deben perseguir tres objetivos: el aseguramiento de las óptimas condiciones para la protección civil, el cuidado al medio ambiente y el reconocimiento de esta actividad, desde lo local, para respetar la cultura y tradiciones sin afectar la tranquilidad y orden público.

Apellido materno primero

En la Cámara de Diputados está por discutirse y votarse una iniciativa de reforma constitucional que pretende establecer como optativo el orden de los apellidos […]

En la Cámara de Diputados está por discutirse y votarse una iniciativa de reforma constitucional que pretende establecer como optativo el orden de los apellidos con los que se registra a un recién nacido; es decir, estipular desde la propia Constitución el derecho de la madre y padre a escoger el orden de los apellidos de sus hijos, de manera libre y consensuada.

De primera no se advierte un amplio consenso en la Cámara, pues hay quienes, desde una visión legalista, consideran que no debe ser materia de garantías de una Constitución, hasta quienes mantienen la firme idea de mantener la costumbre o simplemente consideran innecesario discutir el tema.

Valga hacer notar que la materia civil y familiar encuentran su regulación en ordenamientos estatales a través de los respectivos Códigos Civiles o Familiares, resultando que en la actualidad solo cuatro estados, entre ellos Querétaro, establecen que es el apellido del hombre el que debe colocarse primeramente. Así, el artículo 37 del Código Civil del Estado de Querétaro señala “Cuando la filiación se establezca por ser hijo nacido del matrimonio, la persona llevará el primer apellido del padre, seguido del primer apellido de la madre.” El resto de los estados no especifican un orden determinado o incluso autorizan cualquier orden, pero manteniendo la sugerencia de que sea el primer apellido el que proviene del padre. Para ejemplo el Código Civil de Campeche que establece “Cuando ambos progenitores acudan ante el Oficial del Registro Civil a registrar a un hijo o hija pueden escoger, de común acuerdo, el orden en que se colocarán los apellidos de su hijo o hija. En caso de que no exista acuerdo respecto al orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, se debe levantar el acta figurando en primer término el apellido del padre.”

Ante la limitación de la norma se han presentado recursos ante diversos tribunales en México y en otros países, los cuales ya se han pronunciado al respecto; destacando el primer amparo concedido en nuestro país por el cual se pudo registrar a una bebé con el apellido materno primero a decisión de madre y padre, justamente en Querétaro.

El artículo 4º constitucional consigna que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la identidad, por lo que esta reforma legal pretende perfeccionar su contenido en un acto puro de igualdad y sustentado en los derechos humanos y apegándose a resoluciones jurisdiccionales locales e internacionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Bienvenida pues la discusión sobre este cambio histórico que no solamente pretende una reivindicación de género, sino que puede funcionar también como una medida pertinente y adecuada para muchas madres solteras.

#EntreNetas | Reducción de la jornada laboral

México es uno de los países con más horas de jornada laboral de entre todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en México se laboran en promedio 2,124 horas al año, en Alemania se laboran 1,332 horas, en Costa Rica 1,913, en Japón 1,598, en Dinamarca 1,346 y en Reino Unido 1,367, en este último caso 62.71% menos horas que en nuestro país.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipuló desde 1948 que “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

Nuestra Constitución establece que la duración de la jornada máxima será de ocho horas y que por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar de un día de descanso con goce de salario, cuando menos. Por lo tanto, se concluye que constitucionalmente tenemos una jornada laboral semanal de 48 horas contradiciendo el Convenio CO47 1935 emitido por la Organización Internacional del Trabajo que establece una jornada de 40 horas como máximo.

Distintos países y empresas han implementado la reducción de la jornada laboral con buenos resultados y con un gran optimismo frente a esta nueva modalidad. Destaca el programa “4 Day Week Global” en Reino Unido que planteó la regla 100-80-100: 100% del sueldo, 80% del tiempo, 100% de productividad. En todos los casos observados en Islandia, Japón, Nueva Zelanda, España, Estados Unidos, Canadá y Australia los resultados son similares: se mejora la salud y el estado anímico del trabajador, se reduce el estrés, se incrementa la productividad y se generan ahorros en gastos operativos.

La propuesta para reducir la jornada laboral en México consiste en establecer 4.5 días laborales con un jornada de 8 horas para reducir de 48 horas a 36 horas semanales o 1,728 anuales si consideramos un promedio de 48 semanas laborales en un año; de esta forma apenas nos acercaríamos al promedio de horas laborales anuales de la OCDE que es de 1,687 horas.

Una jornada laboral 20% más corta debe ocasionar en los trabajadores un mejor estado de salud y promover una mayor convivencia familiar, pero también puede convertirse en un factor para reducir el tránsito vehicular y la contaminación.

La reducción de la jornada laboral se suma a un paquete de iniciativas para alcanzar una mayor justicia laboral. Actualmente se está avanzando en la propuesta para aumentar – duplicando o triplicando- los días de vacaciones de un trabajador desde su primer año de servicio, tal y como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo desde hace 52 años que fijó un periodo mínimo de 18 días vacacionales desde el primer año laboral. Otra iniciativa tiene que ver con el derecho al disfrute de permisos o licencias con goce de sueldo para atender cuidados médicos de familiares directos. La iniciativa plantea otorgar hasta 15 días para que el trabajador pueda cuidar a un familiar hospitalizado, en reposo o con algún padecimiento que requiera de cuidados especializados. Llegó la hora de la justicia laboral.

#EntreNetas | Permiso para cuidados médicos familiares

La seguridad social es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y en nuestra propia Constitución. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo señala que la seguridad social permite a los trabajadores y a sus familias tener acceso a la asistencia médica y a la protección por falta de ingresos, en la vejez, para la niñez o ante una incapacidad. Las prestaciones de la seguridad social deben amparar a los familiares directos del trabajador, sin embargo, existe una omisión que debe corregirse: los cuidados médicos por enfermedad familiar. La atención necesaria de una enfermedad de un familiar directo puede ocasionar al trabajador un serio problema laboral y económico ya que ausentarse de su trabajo, sin una clara regulación, puede ocasionarle descuentos en un salario o incluso ser despedido.

¿Qué pasa si un hijo o hija requiere reposo derivado de algún padecimiento y no puede asistir a la escuela? ¿Quién lo cuida? ¿Y si uno de los cónyuges es hospitalizado por algún accidente y requiere tratamiento? ¿Quién lo procura? En el caso de que la abuela o el abuelo se encuentren en etapa terminal ¿Quién los acompaña?

Diversos pactos internacionales en favor de los derechos civiles y por la protección de las personas con discapacidad y la niñez, consideran que la familia es un elemento fundamental que debe estar protegido ampliamente en la salud y cuidados; por lo que resulta necesario implementar y regular la licencia o permiso indicado para que los trabajadores puedan atender a familiares directos que se encuentren con enfermedad, incapacidad o sufran un accidente.

Para referencia, actualmente La Ley del Seguro Social en su artículo 140 Bis contempla que “Para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico […] La licencia expedida por el Instituto al padre o madre trabajador asegurado, tendrán una vigencia de uno y hasta veintiocho días.”

Lo que se persigue es aumentar los supuestos aplicables para el otorgamiento de licencias de cuidados médicos para que el trabajador asegurado tenga el derecho a una licencia de hasta 15 días para cuidados por enfermedad familiar, entendiéndose que podrá ausentarse de sus labores en caso de que deba cuidar de un familiar directo: hija o hijo, madre, padre, hermana o hermano, cónyuge, concubina o personas sujetas a su tutela.

Debemos avanzar en materia de derechos laborales y adecuarnos a los criterios internacionales. Estas son leyes que neta sirven a la gente y que encaminan el trabajo legislativo en ruta a la justicia laboral.

Tres semanas de vacaciones mínimamente

¿Por qué en nuestro país disfrutamos solamente de 6 días de vacaciones como se aconsejaba hace 91 años?

Hace 103 años fue creada la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como parte del Tratado de Versalles con el propósito de velar por la justicia social y los derechos humanos a partir de la mejora continua de las condiciones laborales. Su misión fundamental es contribuir a la construcción de una adecuada política laboral por medio de acuerdos y recomendaciones para los países que la integran.

México se incorporó a la OIT en el año 1931 y, pocos años después de su afiliación, nuestro país tuvo a bien ratificar el Convenio sobre vacaciones pagadas de 1936 (núm. 52) que establecía la referencia de 6 días de vacaciones anuales pagadas para los trabajadores en general. Al paso del tiempo, en el año 1954, la OIT emitió una nueva Recomendación sobre vacaciones pagadas (núm. 98) por la que ampliaba a dos semanas laborables de vacaciones como mínimo por el año de servicio prestado y, posteriormente, para el año 1970,nuevamente la OIT estableció un nuevo Convenio sobre vacaciones pagadas (núm. 132) donde fija que las vacaciones de los trabajadores no serán en ningún caso inferiores a 3 semanas laborables por un año de servicios. Y entonces ¿qué ha ocurrido en México? ¿Por qué en nuestro país disfrutamos solamente de 6 días de vacaciones como se aconsejaba hace 91 años? En síntesis, tenemos una legislación laboral anticuada y que claramente violenta los derechos humanos.

La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de las jornadas laborales y a vacaciones periódicas pagadas. El parámetro que nos rigetiene nueve décadas de haberse sugerido y 52 años desde que la recomendación cambió a un plazo mínimo de tres semanas.

México es el país con menos vacaciones de toda América Latina y prácticamente de entre todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en países como Armenia, Brasil, Bélgica, España, Iraq, Italia, Portugal o Uruguay, por mencionar unos pocos, se otorgan más de 20 días de vacaciones pagadas desde el primer año, en México la Ley se limita a seis en el primer año.

Si queremos ser un país en desarrollo, debemos empezar por actualizar nuestros compromisos internacionales, atender las recomendaciones de los organismos calificados, respetar los derechos humanos y poner al centro a la persona. Para lograrlo es necesario reformar nuestra Ley federal del Trabajo, pero a la par, es elemental exigir y exhortar al Presidente de la República y al Senado de la República a que ratifiquen urgentemente el Convenio de la OIT de 1970 sobre vacaciones pagadas. Debemos honrar nuestra palabra y actualizar nuestra legislación laboral para que lostrabajadores mexicanos gocen de los días de vacaciones que justamente se merecen.

José Báez

#EntreNetas | No a la Guardia Militar

Amnistía Internacional, una de las organizaciones internacionales más respetadas en materia de derechos humanos en todo el mundo, ha calificado como “riesgosa e ilegal” la propuesta presidencial de militarizar a la Guardia Nacional. Sin duda, la argumentación académica y las experiencias por todo el mundo concluyen, irremediablemente, en que la militarización de la seguridad pública de un país no es la solución ni el antídoto para recuperar y mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz. En este mismo sentido se han pronunciado también la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cuáles son los principales argumentos? ¿Por qué los especialistas se oponen a la militarización del país? Empecemos por puntualizar que la disciplina militar no es igual que la civil. De hecho son opuestas. Matar no es lo mismo que arrestar. Disparar o atacar no es lo mismo que prevenir, denunciar o investigar. El conflicto bélico no es un conflicto comunitario. El adiestramiento militar y sus protocolos para el uso de la fuerza no son equiparables con la instrucción policial. El Ejército tiene la encomienda constitucional, a través del presidente, de velar por la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, pero de manera <> a razón de lo dispuesto claramente por el artículo 129 constitucional que establece que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” Es un falso debate asegurar que, sin militares en las calles, no habrá seguridad ni paz. Es una falacia, un engaño, hacer creer que, a mayor número de militares en la calle, mayor seguridad. Los hechos demuestran exactamente lo contrario. El Ejército ha enfrentado desde hace décadas al crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico no ha cesado. Los números no mienten, este será el sexenio más violento de la historia, aunque el presidente informe otros datos. El verdadero debate que se debe dar es ¿para cuándo podremos garantizarle paz y tranquilidad a las y los mexicanos sin militarizar al país? Bajo este compromiso se deben medir la eficacia y el cumplimiento de un gobierno en materia de seguridad. Lo demás es palabrería. El enfoque del oficialismo para continuar con el proceso de militarización está trastocado por la ceguera de la política electoral; pero la razón apunta con la verdad: ni adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ni ampliarle negligentemente el plazo para su actuación en labores de seguridad pública, son la estrategia correcta. La verdadera estrategia y el debido debate son: para cuándo, cómo, con quienes y con qué tendremos una policía nacional competente y policías estatales y municipales capacitadas, profesionales, científicas, equipadas, bien remuneradas y certificadas. ¿Es posible? ¡Claro que sí! Querétaro es una clara referencia del profesionalismo de sus policías y de la constante e importante inversión que realizan los gobiernos locales para su fortalecimiento institucional. Debemos insistir en honrar el plazo establecido para apoyar decididamente, y en serio, a los cuerpos e instituciones policiacas civiles en cada estado y municipio.

El actual presupuesto directo para las Fuerzas Armadas es de más de 230 mil millones de pesos; además, el Ejército ha administrado el presupuesto correspondiente a otras dependencias federales para la ejecución de obra pública como el Tren Maya, el AIFA, las sucursales del Banco Bienestar, la rehabilitación de hospitales… por más de 300 mil millones equivalentes a seis veces el presupuesto de la UNAM. Evidentemente la inercia gubernamental es gastar más en el Ejército y ahogar presupuestalmente a las policías locales. Así no hay ruta hacia paz.

Los ciudadanos reclaman una patrulla cerca y una policía profesional en su parque; no una tanqueta ni una Escuadra militar salvaguardando el área recreativa del parque de su colonia. Los ciudadanos exigen tranquilidad y paz, no custodia y guerra.

#EntreNetas | Más días de vacaciones laborales

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de las jornadas laborales y a vacaciones periódicas pagadas. Para quien fuera profesor emérito de la UNAM, Néstor de Buen, las vacaciones constituyen una causa típica de interrupción de la prestación de los servicios por parte del trabajador y su finalidad es permitirle, mediante un descanso más o menos “prolongado”, recuperar energías y aliviar la tensión del sometimiento diario a un régimen de disciplina y subordinación; y concluye afirmando que en cierto modo el trabajador, mediante el disfrute de las vacaciones, recupera su libertad.

En México la Ley Federal del Trabajo en su artículo 76 establece que el derecho al disfrute de vacaciones se genera por el tiempo de prestación de los servicios, teniendo que, por el primer año, el trabajador se hace merecedor a cuando menos seis días de vacaciones y aumentará en dos días laborales, hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios prestados. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. En síntesis, en nuestro país los trabajadores en general tienen derecho a solo 6 días de vacaciones por el primer año de servicio (los menores de 18 años y trabajadores especiales gozan de otra métrica) ¿Son justos y razonables seis días? ¿Qué sucede en otros países? ¿Qué dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT)? Empecemos por el dato más indicativo y explicativo en sí mismo. México es el país con menos días de vacaciones de toda América Latina y de entre todos los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desatendiendo así el Convenio Sobre Vacaciones Pagadas emitido por la OIT que establece que las vacaciones de los trabajadores no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicio. Así de claro y revelador. Mientras en países como Armenia, Bélgica, Camerún, Rusia, Finlandia, Hungría, Iraq, Italia, Noruega, Portugal, Ucrania, Suecia o Suiza otorgan más de 20 días de vacaciones por año, en México se dan tan solo 6. Comparándonos con América Latina: Brasil, Cuba, Panamá, Perú y Nicaragua conceden 30 días, en tanto Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y Costa Rica contemplan hasta 2 semanas. En tal sentido, para que un trabajador mexicano tenga derecho a 18 días de vacaciones (lo mínimo que establece la OIT para el primer año) tendría que trabajar 14 años consecutivos. Injusto y a todas luces desproporcional. ¿Qué hacer para incrementar los días de vacaciones en México? ¿Cómo normalizar y actualizar nuestra normatividad en la materia? Se requiere una reforma a los artículos 76, 179 y 199 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el mínimo de 18 días de vacaciones que recomienda la OIT y se debe apremiar al Presidente de la República y al Senado para que ratifiquen inmediatamente el Convenio Sobre Vacaciones Pagadas C132, 1970 (NUM132) emitido por la Organización Internacional del Trabajo. Tanto la iniciativa para reformar la Ley, como el Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal y al Senado, han sido presentadas por quien escribe como parte de los trabajos del nuevo periodo de sesiones que inicia esta semana en el Congreso de la Unión. Leyes que neta sirvan

#EntreNetas | Tres medidas para progresar en serio

El desarrollo económico de México está detenido, frenado. Se necesitan cambios drásticos que rompan paradigmas y potencien el crecimiento integral de nuestro país. Pero ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Aquí planteo tres medidas económicas de gran calado que permitirían sacudir complejos para el verdadero progreso de México.

Uno. Dejar de subsidiar la gasolina e invertir y subvencionar el transporte público de las áreas metropolitanas. Nuestro país tiene más menos 75 zonas metropolitanas reconocidas en donde viven más de 70 millones de personas, sin embargo, salvo excepciones como la Ciudad de México, la Federación no subsidia ni destina recursos para garantizar la prestación eficiente y de calidad del servicio del transporte público, aunque su función sea de la máxima importancia para el buen desarrollo económico y social. Se calcula que para el año 2025 el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y que la gasolina dejará de ser utilizada en el autotransporte en la siguiente década. Debemos romper la idea populista de subvencionar la gasolina en beneficio de pocos y gastar el dinero en mejoras significativas al transporte público en beneficio de todos. Para darnos una idea de la magnitud del despilfarro en el subsidio de la gasolina, tan solo en el mes de junio el gobierno gastó 159 mil millones de pesos para que quienes compran gasolina les salga más barata.

Dos. Transitar de PEMEX a SOLMEX. México podría convertirse rápidamente en la séptima potencia mundial en generación de energía solar ya que el 85% de nuestro territorio es óptimo para proyectos solares. Veamos la paradoja. En el 2021 PEMEX registró pérdidas por más de 200 mil millones de pesos y en el año 2020 perdió 500 mil millones de pesos. Por si esto no fuera poco, uno de los proyectos principales del sexenio es la construcción de la refinería Dos Bocas que costará más de 350 mil millones de pesos. ¿Qué más se podría hacer con este dinero? Regresar el Seguro Popular, construir nuevos hospitales, asegurar a todo el personal médico, garantizar medicamentos para las personas con cáncer… es decir, tener un sistema de salud de primera.

Tres. Aumentar la recaudación sí o sí. México recauda menos impuestos que casi el 80% de los países del mundo. Pero las medidas para recaudar más impuestos no pueden ser parejas, ni uniformes. Muchas y variadas medidas deben adoptarse para que el gobierno redistribuya estratégicamente los recursos públicos para el progreso de todos. ¿Qué se puede hacer? Dos ejemplos. El impuesto predial no se cobra en todo el territorio nacional. Más de 900 municipios, que equivalen a poco más del 35% de los municipios de todo el país, simplemente no cobraban este impuesto, con lo que se dejan de recaudar casi 200 mil millones de pesos equivalentes a dos Aeropuertos Felipe Ángeles. En otro ejemplo, el Impuesto Sobre la Renta para los más ricos debería ser mayor tal y como sucede en gran parte del mundo, algo similar ocurre con el IEPS. Los especialistas coinciden en otras medidas que fortalecerían la hacienda pública para una mejor redistribución del dinero público. Aquí solo tres de ellas con las que México estaría mucho mejor y podría cambiar en serio.

Área Metropolitana de Querétaro

Sin duda alguna el Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB por sus siglas, es un ejemplo de planeación y gestión de espacios y servicios públicos en […]

Sin duda alguna el Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB por sus siglas, es un ejemplo de planeación y gestión de espacios y servicios públicos en todo el mundo. Este organismo de la administración pública agrupa a 36 municipios en donde viven 3,2 millones de habitantes y se rige por su propia ley con el objetivo central de mejorar la prestación de servicios públicos y garantizar la participación ciudadana.

Dentro de sus más altas responsabilidades están la ordenación territorial, el transporte público y la movilidad, la gestión del agua y los residuos, el desarrollo socioeconómico sostenible y la oferta de vivienda; sin embargo, su campo de actuación es mucho más amplio, abarcando la definición de políticas urbanísticas, la planeación como elemento de cohesión social y la cooperación interinstitucional.

El AMB es un referente orgánico, estructurado y funcional que tiene supra facultades para administrar los servicios públicos integralmente. Con acceder a su página de internet amb.cat se pueden dimensionar los alcances de su quehacer y los resultados obtenidos desde su formación.

¿Te imaginas una institución similar en Querétaro con estas competencias? Una entidad gubernamental encargada de gestionar integralmente los servicios primarios de la zona metropolitana mediante una planeación incesante, recursos convergentes e innovación permanente. ¿Será posible que Querétaro se reafirme como ejemplo nacional de avanzada en la planeación de políticas públicas y en la gerencia conurbada de los servicios públicos?

El compromiso decidido del gobernador Mauricio Kuri por “llevar a Querétaro al siguiente nivel” inicia como una narrativa de una visión transformadora que responda eficazmente al crecimiento de nuestro estado, pero se materializa en acciones tangibles como la regeneración de la avenida 5 de febrero o la histórica inversión en tecnología para la seguridad pública. Crear un modelo administrativo, único en México, para proyectar el desarrollo de la zona metropolitana de Querétaro sería una apuesta trascendental de este sexenio.

Existen las referencias necesarias y suficientes para justificar y acreditar que en la conjuntes, en la gobernanza y en la actuación transversal se pueden encontrar las grandes soluciones a los grandes problemas.

#EntreNetas | ¿Al siguiente nivel?

El gobernador Mauricio Kuri ha sostenido, desde el primer día de su gobierno, que el objetivo central de su administración está en “llevar a Querétaro al siguiente nivel”. Pero ¿A qué nivel? ¿Cuál es el siguiente piso? ¿En dónde lo ubicamos? Es de notarse que la narrativa oficial se refiere, sin duda alguna, al hecho de compartir una visión transformadora que responda eficazmente al crecimiento de nuestro estado.

Nos imaginamos de pronto que llegar al siguiente nivel significa, sencillamente, mejorar; poner a Querétaro al frente y arriba en su desarrollo económico, social y político. Elevar el estatus de Querétaro, para mejorar sus condiciones e incrementar sus posiciones, es un enorme compromiso que asumió el gobernador. Nuestro estado es ya ejemplo nacional en muchos rubros e indicadores, mantenerlos o perfeccionarlos son una buena métrica para, objetivamente, verificar que estamos consistentemente llegando a la siguiente altura. Las cifras que nos ubican como líderes en la industria automotriz, en turismo y en el sector aeronáutico son parámetros con los que podremos medir y comparar si avanzamos o retrocedemos, si subimos o bajamos. Pero la consigna va más allá. Llegar al siguiente nivel es retar al status quo y encarar los retos añejos. Querétaro tiene notoriamente problemas que frenan su futuro y detienen su presente: transporte público y movilidad, abasto y gestión del agua, protección del medio ambiente, empleo calificado y seguridad social, son algunos ejemplos. Si Querétaro aspira a subir de nivel, forzosamente el gobierno debe entrarle a resolver estos temas. Y así ha ocurrido. Los primeros meses del actual gobierno apuntan en esa dirección. Publicar la Ley de Aguas, realizar la mayor inversión en tecnología para la seguridad y ejecutar la rehabilitación, modernización y re ingeniería de la avenida 5 de febrero dan constancia de ello. Pero las dificultades no solo se atienden con recursos, obras o leyes; también se corrigen con planeación. Planeación que reclama conocimiento, ciencia, orden, transparencia y coordinación. Y no hay mejor forma de advertir los frutos de la planeación exitosa, como elemento de cohesión social, que observar el desarrollo del Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ahí, existe un organismo del mismo nombre encargado de agrupar a los 36 municipios que la conforman y en donde viven 3,2 millones de habitantes. Su objetivo central es mejorar la prestación de servicios públicos y garantizar la participación ciudadana. Dentro de sus más altas responsabilidades están la ordenación territorial, el transporte público y la movilidad, la gestión del agua y los residuos, el desarrollo socioeconómico sostenible y la oferta de vivienda; sin embargo, su campo de actuación es mucho más amplio, abarcando la definición de políticas urbanísticas que dan forma a su futuro. ¿Te imaginas una institución similar en Querétaro con estas competencias? Una entidad gubernamental encargada de gestionar integralmente los servicios primarios de la zona metropolitana mediante una planeación incesante, recursos convergentes e innovación permanente. ¿Sería posible que Querétaro se reafirme como ejemplo nacional de avanzada en la planeación de políticas públicas y en la gerencia conurbada de los servicios públicos? Evidentemente esto también es poner a Querétaro en el siguiente nivel. Llegar es tarea de todos.