El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se declara de “interés público […]

El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se declara de “interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Estas obras y proyectos abarcan prácticamente todas las modalidades y sectores: en comunicaciones, telecomunicaciones, hidráulicas, ambientales, hídricas, turísticas, de salud, férreas, aeroportuarias, entre muchas otras más, siempre que se les considere por el propio gobierno como prioritarias y/o estratégicas para el desarrollo de México.

¿Qué implicación tiene este acuerdo publicado por la Presidencia de la República? La afirmación de un gobierno totalitario, por el cual, el Estado ejerce el poder sin ninguna restricción y regulación. Mediante la vigencia de este acuerdo el Presidente pretende hacer y deshacer en la ejecución de las obras públicas sin miramiento mínimo a la ley y sin cumplir con los requisitos básicos establecidos por las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, es decir, actuar de manera autoritaria, ilegal y dictatorial. Con este acuerdo se evidencia la instauración progresiva de un despotismo a la mexicana como lo definiera Montesquieu en El Espíritu de las Leyes “el gobierno de uno solo, sin ley ni frenos, que arrastra todo y a todos tras su voluntad y sus caprichos”.

Este decreto significa conceder todo el poder a un solo poder, usando de manera discrecional recursos públicos y pasando por alto los actos de autoridades diversas para cumplir los antojos del presidente. Aunado a ello, se pretende evadir la transparencia, el cumplimiento legal y los requisitos ambientales y administrativos necesarios para la autorización debida de una obra cualquiera. ¿Qué se puede hacer ante este acto perverso de autoridad? La presentación de una acción de clara inconstitucionalidad por parte de los legisladores federales, la interposición de acciones de controversia constitucional a cargo de municipios o autoridades competentes o el uso del amparo. Este acuerdo pinta de cuerpo entero la vocación autoritaria, soberbia y caprichosa con la que el presidente gobierna el país. El decretazo de este 22 de noviembre es el decreto de un dictador en funciones de presidente.

Tres de los principales partidos políticos de oposición en México que conforman la alianza Va Por México presentaron una propuesta de presupuesto alterno para el […]

Tres de los principales partidos políticos de oposición en México que conforman la alianza Va Por México presentaron una propuesta de presupuesto alterno para el año 2022. A la mitad del actual sexenio ha quedado manifiesta la incapacidad del gobierno federal para orientar el gasto público a las necesidades más apremiantes para millones de mexicanos. Cada año, nos encontramos con un presupuesto impuesto y encaminado a cumplir los caprichos del presidente y sus obras faraónicas. La propuesta alterna denominada “Presupuesto por México” contiene ajustes por cerca de 380 mil millones de pesos para re orientar este dinero bajo 4 ejes fundamentales: reactivación económica, federalismo, impulso a la mujer y política social. Oponerse y buscar re orientar recursos no significa cancelar obras o proyectos. Significa reducir temporalmente el gasto en estos rubros para usar el recurso público en donde hoy más se necesita. No existe un afán destructivo para frenar un tren o un aeropuerto, lo que sí existe es un ánimo por atender las prioridades de la gente: salud y medicinas, apoyos y becas, empleo y oportunidades para emprender. Ahí debe estar el presupuesto de la federación, ayudando a las y los mexicanos a superar la crisis económica derivada de la pandemia que nos azotó.

Bien dijo el ex presidente estadounidense Ronald Reagan “creo que el mejor programa social es un empleo”, hoy requerimos un presupuesto orientado a reactivar la economía: reactivar el turismo y su derrama económica por medio de nuestros Pueblos Mágicos, reactivar la inversión en educación, ciencia y tecnología apoyando presupuestalmente a las universidades públicas, reactivar la economía familiar con la estabilidad que conlleva tener una estancia infantil cerca, un seguro de desempleo y regresando el seguro popular. Se debe procurar un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que fomente el empleo y el auto empleo.

Solo con la reducción del 50% de la inversión en los proyectos del tren maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el programa Sembrando Vida se podrían reasignar más de 60 mil millones de pesos que pudieran destinarse a programas como el de Fortalecimiento a la Seguridad Pública con 10,000 millones, proyectos de Infraestructura Carretera con 27 mil millones, regresar el Seguro Popular con 16 mil 200 millones, programa especial para la atención a personas con cáncer con 6,000 millones, entre otros más. La propuesta alterna esta hecha. Serán los diputados federales quienes discutirán y votarán el presupuesto en esta misma semana. Esperamos que triunfe la sensatez.

El turismo es uno de los sectores estratégicos más eficientes para reactivar la economía de nuestro país; aporta casi el 10% de todos los empleos […]

El turismo es uno de los sectores estratégicos más eficientes para reactivar la economía de nuestro país; aporta casi el 10% de todos los empleos generados en México según datos del propio gobierno federal. Los casi 4.5 millones de empleos directos que genera, integran a trabajadores de restaurantes, bares, centros de entretenimiento, servicios de transporte, alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, comercio, artesanos y más. Se trata pues de un amplio sector económico que activa las economías regionales atrayendo el gasto y activando cadenas productivas muy variadas.

Ante la crisis económica derivada de la pandemia, el sector turístico se presenta como una potencial oportunidad para normalizar los ingresos de millones de familias que padecieron del freno a sus actividades productivas. Pero ¿cómo reanimar al turismo local e internacional? El primero paso debe ser el resurgimiento de nuestros Pueblos Mágicos. Es desde lo local, desde donde se puede y debe impulsar el desarrollo y crecimiento. México cuenta con 132 Pueblos Mágicos nombrados y reconocidos por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Dichos pueblos se encuentran localizados y distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional abarcando 31 estados de la República Mexicana.

Tan solo en Querétaro encontramos 6 Pueblos Mágicos: Amealco, Bernal, Tequisquiapan, Cadereyta, Jalpan y San Joaquín. Ésta extendida cobertura resulta estratégica para la economía nacional, pero además tiene otra gran bondad: aviva nuestra cultura. Cada pueblo es un difusor insustituible de nuestra identidad nacional constituyendo nuestro patrimonio histórico, pero al mismo tiempo, son un motor básico de la reactivación del turismo nacional e internacional y generadores de derrama económica para sus localidades.

Vista la relevancia que guarda el turismo y sus Pueblos Mágicos, ¿de qué forma debe intervenir el gobierno para garantizar que el camino hacia la reactivación económica, a través de la magia de los pueblos, llegue a buen fin? Invirtiendo en lo básico. Ayudando subsidiariamente a cada Pueblo Mágico a mejorar su infraestructura año por año.

Es necesario puntualizar que en los últimos 3 años se ha dejado de asignar presupuesto federal al programa de Pueblos Mágicos ocasionando, en diversos casos, rezagos en sus infraestructuras que deben ser atendidas prontamente. Ante ello, es urgente que en el presupuesto de egresos de la federación para el 2022, se etiqueten recursos específicos para fomentar el turismo local y mundial por medio de nuestros pueblos. Se necesitan recursos para embellecer, cuidar y mejorar los Pueblos Mágicos, orgullo de México. No hay otra llave que abra mejor la reactivación de la economía mexicana.

Bien decía desde hace más de 88 años don Manuel Gómez Morin, ex rector de la UNAM, que “la existencia de la Universidad no es un lujo, sino una necesidad primordial para la República. El trabajo de los universitarios no es sólo un derecho, sino una responsabilidad social bien grave. Ni la Universidad puede vivir, ni los universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad tiene derecho a exigirles, si las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen.” De mucho tiempo atrás las universidades públicas de todo el país padecen de las coyunturas políticas imperantes al momento de plantear sus necesidades presupuestales.

Año tras año, ante la definición de los presupuestos de egresos, la mayoría de las instituciones de educación pública se enfrentan al contentillo y criterio de los titulares de los poderes ejecutivos – presidente y gobernadores- que, casi siempre, mantienen una influencia determinante en las legislaturas respectivas. Es así que el presupuesto que se otorga a las universidades públicas comúnmente se regatea sin considerar la trascendencia de su función social.

Es cierta también, la existencia de casos documentados de malos manejos financieros o desfalcos en algunas instituciones que han puesto en duda el correcto uso de los recursos públicos destinados a las universidades, pero sin duda, son excepciones que deben investigarse y sancionarse pero no por ello convertirse en un precedente negativo que sirva para condicionar el aumento significativo y decidido al presupuesto de las mismas. Hoy la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) forma a más de 32,000 estudiantes y el conocimiento que genera es incomparable.

¿Por qué no aumentar su presupuesto si es necesario incrementar su nivel de cobertura? Si cada año, 7 de cada 10 aspirantes a ingresar a la Universidad, no pueden hacerlo ¿por qué no destinar mayores recursos a la Máxima Casa de estudios del Estado? Quizá prevalezcan consideraciones técnico-financieras que no permitan dar un incremento sustancial pronto, pero no hay justificación racional que valga para seguir postergando el inicio de una recuperación presupuestal significativa y paulatina.

Es momento de re valorar la posibilidad de garantizar un presupuesto suficiente e incremental para las universidades públicas desde las propias constituciones. La UAQ ha cumplido al mantenerse entre las mejores universidades de nuestro país, ahora nos toca a todos, sociedad y gobierno, retribuirle en nuestras posibilidades. Quienes somos egresados y ocupamos una posición política estamos doblemente obligados a hacerlo. Recientemente la rectora Teresa García tuvo a bien recordar aquella frase de Derek Curtis Bok, ex rector de la Universidad de Harvard, “Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”, este es el verdadero dilema que enfrentamos, apostar con recursos públicos por la educación pública o acostumbrarnos a la ignorancia.