#EntreNeta | Tráfico de armas

El artículo 19 constitucional establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos que por su gravedad merecen que el presunto delincuente o imputado sea detenido y no tenga oportunidad de llevar su proceso en libertad.

El texto vigente de esta norma constitucional enlista los siguientes casos que obligan al juez a ordenar la prisión preventiva oficiosamente: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y aquellos relacionados con la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Como se puede percibir, los delitos que la Constitución enumera para derivar en la prisión preventiva son de diversa índole, discrecionales y muy particulares. En esta ocasión no se pretende analizar la eficacia de esta disposición legal, ni su debida correspondencia con la observancia irrestricta a los derechos humanos; mereciendo un estudio serio y a fondo para su modificación como lo ha advertido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estas líneas únicamente nos referiremos a la reciente aprobación de la Cámara de Diputados para incluir al tráfico de armas como un delito grave más, sujeto a la prisión preventiva.

En México 7 de cada 10 homicidios se comenten con un arma de fuego y la gran mayoría de mexicanas y mexicanos creen que las armas son las facilitadoras de la violencia y se oponen, incluso, a la posesión legal de estas. Nuestra vecindad con Estados Unidos ha provocado un alza constante en la internación de armas a México. El canciller Marcelo Ebrard señaló ante el Senado mexicano que en los últimos años se han asegurado en nuestro país 56 mil armas de las cuales 21 mil son armas largas, y propuso, en la sede de la Fiscalía General de la República, que el tráfico de armas fuera considerado como delito grave. Esta iniciativa constitucional fue ya aprobada en la Cámara baja con el apoyo amplio de los partidos políticos como una medida más para respaldar la pacificación del país. Apuntamos que la actuación del gobierno federal en materia de seguridad pública ha sido desastrosa a pesar de contar con todas la herramientas jurídicas, legislativas y financieras. La Guardia Nacional y la estrategia de “abrazos y no balazos” no ha funcionado; sin embargo, debemos coincidir y coadyuvar sin tintes partidistas para endurecer el marco legal con la pretensión de reducir el tráfico de armas y con ello debilitar a las organizaciones criminales que hoy imponen la ley de las armas en tantos sitios de nuestro querido país.

*Diputado federal PAN

#EntreNetas | El Mausoleo de Dos Bocas

La Real Academia Española define la palabra mausoleo como un “Sepulcro magnífico y suntuoso”, un monumento majestuoso para recordar la vida y obra de un difunto. Cuando finalice el sexenio de López Obrador, su gestión, sus obras y acciones, tendrán sus propios recuerdos. ¿Qué se recordará de su mandato? ¿Qué se reclamará de su periodo de gobierno? ¿Habrá algo tan relevante que merezca un mausoleo por su importancia y significado? Sin duda la refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, apunta a convertirse en un gran símbolo del gobierno de la cuarta “transformación”. No solo por ser una de las obras emblemáticas y faraónicas del presidente, también por el impresionante gasto de recursos públicos que ha requerido sobre pasando en 2.6 veces su presupuesto original. No fueron suficientes los 8 mil millones de dólares en los que se preveía su costo, ahora rondan los 18 mil millones de dólares a sobre costo. Una obra mal planeada, mal ejecutada, onerosa, improductiva e insostenible.

Dos Bocas será un fiel símbolo y mausoleo del fracaso de AMLO. Una obra inaugurada pero inacabada, una refinería que no refina, un proyecto del pasado que no encaja en el futuro. Tal y como lo advirtió el excandidato presidencial Ricardo Anaya “Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir de nada en el futuro (…) Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero y, con ese dinero, hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro que son las energías limpias, especialmente la solar. Algunos países, como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, han establecido fechas límite para la venta de automóviles que funcionen con gasolina (…) en el futuro el petróleo no va a valer nada”. Por algo la mayor inversión extranjera privada que ha llegado a México en este sexenio es la planta de Tesla, cuya producción de autos eléctricos, resulta un contrasentido con la inversión pública que se destina a una refinería para producir gasolina que pronto iniciará su desuso.

Mientras nos acostumbramos a un gobierno que despilfarra los recursos de las y los mexicanos edificando un aeropuerto con himno pero sin vuelos y una refinería de la que se sacan millones de barriles de agua por su inundación y ningún barril de petroleo por su producción, el mundo gira en otro sentido.

Dos Bocas, un mausoleo a la corrupción, la ineficacia y el retroceso.

La gran mentira de AMLO sobre el INE

Entre las cientos de mentiras que repite el presidente mexicano en cada mañanera, destaca por estos días el “alto costo” que significa el Instituto Nacional Electoral (INE) para los mexicanos y que ha sido su coartada predilecta para intentar controlar a esta autoridad

Así como Donald Trump mintió más de 30 mil veces durante su presidencia, según el conteo realizado por el Washington Post, López Obrador registró más de 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras en sus primeras 700 mañaneras según la cuenta del doctor Luis Estrada en su libro El Imperio de los Otros Datos. Claramente dos presidentes mentirosos, manipuladores de los hechos a y distorsionadores de la realidad.

Entre las cientos de mentiras que repite el presidente mexicano en cada mañanera, destaca por estos días el “alto costo” que significa el Instituto Nacional Electoral (INE) para los mexicanos y que ha sido su coartada predilecta para intentar controlar a la autoridad electoral y con ello incidir en las elecciones a la usanza de cualquier dictadura.

Imponer a simpatizantes de Morena al frente del INE es su deseo, argumentar que el instituto gasta mucho dinero es su excusa. Pero, ¿en verdad el INE es tan costoso? Veamos.

El INE recibió para este año un presupuesto aproximado de 14 mil millones de pesos para su operación, incluyendo la emisión de las credenciales de elector. Las obras faraónicas del presidente han costado: Refinería Dos Bocas 360 mil millones aún sin producir un solo barril, el AIFA 104 mil millones, aún sin muchos vuelos y el Tren Maya 300 mil millones aún devastando la selva mexicana.

Es decir 764 mil millones contra 14 mil millones que representan tan solo el 1.8%. Sin embargo, el oficialismo podrá alegar que se trata de proyectos que en algún momento – quizá nunca- lleguen a ser productivos y por lo tanto este “gasto” deba ser considerado como una “inversión” a futuro.

Suponiendo, sin conceder, comparemos entonces el “gasto” del INE con las pérdidas de PEMEX; mientras la petrolera mexicana pierde anualmente alrededor de 200 mil millones o el huachicoleo sigue representando pérdidas por casi 6 mil millones anuales, la autoridad electoral, responsable de normalizar nuestra vida democrática, nos “cuesta” 14 mil millones de pesos. Y por si la comparación no fuera suficiente, confrontemos el presupuesto del INE con el costo que tuvo la decisión política de cancelar el aeropuerto de Texcoco: 300 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto del INE por más de 20 años.

Es evidente que la mentira sostenida de acusar al INE de oneroso, lujoso y caro es simplemente el pretexto para dinamitar la democracia y terminar con la competencia electoral en México. Es el primer paso para iniciar la ruta hacia un régimen totalitario y dictatorial.

Resulta, por lo menos curioso, que el INE haya sido el órgano autónomo con mayor reducción de su presupuesto y que los ataques del Presidente se intensifiquen sonoramente. El INE – nuestro sistema operativo de la democracia- ocupa solo 20 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno. Su protección es tarea de todos los mexicanos.

Así como Mike Pence dijo sobre Trump: “No hay una idea menos estadounidense que la noción de que una sola persona pueda escoger al presidente”, hoy en México permanece el mismo peligro: la idea de un mentiroso por imponer su voluntad sin importar lo que digan las urnas.

José Báez
Diputado Federal

Impuestos justos al vino

Las bebidas alcohólicas en México además de pagar 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagan entre un 26% y 53% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otro 4.5% de impuestos locales sobre su precio de salida. A modo de ejemplo, si el valor al mercado de una botella es de $200 pesos, a esta cantidad se le deben añadir impuestos resultando que el precio al consumidor se incrementará, por lo menos, en un 50%, es decir, costará a la venta al público al menos $300 pesos pudiendo llegar incluso a casi el doble de su valor inicial ($400).

¿Por qué tantos impuestos y tan altos? ¿Cuál es la justificación fundamental para aplicarlos? El IEPS es un impuesto indirecto y especial que conlleva un fin extra fiscal – un fin social- que para el caso de las bebidas alcohólicas es desalentar su consumo, combatir el alcoholismo y proteger la salud pública. Este propósito extra fiscal se encuentra mandatado desde la propia Constitución en su artículo 117; lo que se intenta con la imposición de estas grandes cargas fiscales es elevar los precios a las bebidas etílicas para aumentar la recaudación, al tiempo que se inhibe su consumo. Pero, ¿Este esquema es adecuado y opera bien? ¿Realmente desincentiva el consumo excesivo, particularmente de las bebidas con los más altos niveles de alcohol? ¿Es justo aplicar la misma tasa de impuestos al vino de mesa que a la cerveza, a un destilado o a un aguardiente? La respuesta a todas las interrogantes anteriores es no.

A pesar de la aplicación del IEPS, el comercio sigue ofreciendo bebidas de altísima graduación etílica a precios realmente bajos; así encontramos licores de caña con alta graduación de alcohol que se venden a bajo precio. Asimismo, resulta des proporcional aplicar la misma tasa a bebidas que claramente tienen un nivel de alcohol diferente y procesos de calidad distintos.

Entonces ¿Qué debemos hacer? Reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con relación a las bebidas alcohólicas para cambiar el enfoque. Me explico, si se trata de inhibir el consumo de bebidas alcohólicas, gravemos los grados de alcohol contenidos y no el costo al mercado para que las bebidas de baja calidad, baratas y con altos grados de alcohol se encarezcan y las bebidas con menores grados de alcohol y de buena calidad, como el vino mexicano, no paguen altos impuestos afectando su competitividad frente a bebidas extranjeras. Así como no es lo mismo una cerveza comercial o una artesanal o un aguardiente en garrafa que un tequila o vino blanco, sus niveles de alcohol deben regir la tasa de los impuestos a aplicarse.

Este esquema se utiliza con éxito en toda la Unión Europea, gravando así los grados de alcohol en un equivalente de 3.90 pesos por grado de alcohol contenido. Debemos legislar para cumplir con el doble fin de retraer el consumo excesivo de bebidas altamente etílicas y beneficiar directamente a sectores como el vitivinícola para impulsar mejores consumos y proyectar la competitividad de los productos mexicanos de alta calidad.

#EntreNetas | Respeto vecinal

En el mes de enero del año 2013 entró en vigor la primera Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro. Esta ley local vigente contiene el marco normativo que establece las bases y pautas del comportamiento social para la convivencia pacífica y armónica entre todos los habitantes. Para ello, este conjunto de normas ordena las características y propósitos de la participación ciudadana y del impulso a la cultura cívica, además de fijar las conductas que se consideran como faltas administrativas con sus respectivas sanciones.

Los conceptos de justicia cívica y cultura cívica se encuentran plasmados y desarrollados en este ordenamiento legal, cuya importancia y utilidad – de su aplicación- radica en la preservación del orden público, la protección de la dignidad de las personas, la procuración de la tranquilidad y seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente y del entorno urbano, así como la protección de los animales domésticos. Sin duda, la Ley de Respeto Vecinal es una de las leyes más trascendentales para la cohesión social y el desarrollo de nuestra comunidad. A pesar de su gran importancia, como casi todas las leyes, su divulgación y socialización es mínima. Aunque en esta ley se contienen las infracciones más comunes y recurrentes que se comenten diariamente en cualquier colonia, barrio o comunidad – con sus específicas consecuencias y sanciones- su conocimiento es ínfimo.

Es justamente este ordenamiento legal el que reconoce como faltas o infracciones administrativas: producir o causar ruidos que atenten contra la tranquilidad de los vecinos, poseer animales sin adoptar medidas de higiene necesarias, bloquear sin la autorización debida la vía pública o los espacios públicos, detonar cohetes o juegos pirotécnicos sin permiso, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, revender boletos a precio alzado, tirar basura en lugares no autorizados, dañar áreas verdes, pintar bardas sin autorización, destruir o maltratar mobiliario urbano, abandonar animales, entre muchas más. Es decir, las conductas que causan las diferencias más generales y sentidas entre vecinos, afectando con ello la paz social, y que a la larga pueden ocasionar la comisión de delitos de mayor gravedad, están estipuladas en esta ley, con sus correspondientes procedimientos.

La Ley de Respeto Vecinal debe ser una de las leyes prioritarias en su actualización, difusión y observancia. Una ley redactada al detalle, difundida a plenitud y aplicada a la perfección. Una ley de máxima relevancia social para la paz y tranquilidad de todos.

Inviolabilidad del Congreso

El inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión estuvo manchado por las diferencias expresadas entre Morena y el presidente de la Mesa Directiva, el diputado panista Santiago Creel, por la presencia de miembros armados del Ejército Mexicano en el recinto legislativo. La asistencia de los militares correspondía a integrantes de la escolta de las Fuerzas Armadas para rendir los honores correspondientes en el marco de la sesión de apertura. Si bien a ambas partes les pudiera corresponder alguna razón, estimo que el diputado Creel actuó en apego a la ley y atendiendo razones lógicas. Veamos.

El artículo 61 constitucional menciona que “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”. En tanto, el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados mandata “1. El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga a la Cámara, incluyendo el salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara. 2. El presidente velará por la inviolabilidad del recinto haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance. (…) 4. En el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien trasgreda esta prohibición, el presidente hará que abandone el recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes”.

Como se desprende de estas disposiciones, en el recinto legislativo, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, el Palacio de San Lázaro y en su Pleno está prohibida la entrada a toda persona armada; con una salvedad contemplada bajo el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala “1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, (…)”. Para el caso que nos ocupa el presidente del Congreso invitó y solicitó al Ejército Mexicano su apoyo con la escolta y banda de guerra para enmarcar la sesión solemne que nos convocaba. Sin embargo, al advertir que los soldados se encontraban armados se acordó un protocolo para únicamente restringir el acceso de la escolta -armada- al salón del Pleno. Es decir, hubo diálogo, entendimiento, acuerdo y permiso para interpretar y ejecutar lo dispuesto por los diferentes ordenamientos aquí citados. El presidente de la Cámara, en uso de sus facultades, otorgó un ‘permiso restringido’ de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de este acto legal y estipulado, Morena y aliados avivaron la discusión para alegar la falta de una adecuada conducción de la sesión por parte del presidente de la Mesa Directiva y sugirieron su remoción. A propósito el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de diputados presentes en el Pleno.” Así pues, el respaldo a la actuación del diputado Santiago Creel por parte de su bancada y algunos partidos más le puede garantizar su correcta permanencia al frente de la Cámara de Diputados. Vaya inicio de sesiones.

José Báez

Diputado Federal

#EntreNetas | Estas son las mañaneras

Pocas habilidades se le pueden reconocer al presidente López Obrador como su maestría para definir la conversación nacional. Sus mañaneras son el canal de adulteración de la agenda política y de información desde que fuera Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Como ha dicho Enrique Krauze “No son propiamente conferencias de prensa. Son misas cívicas, sermones que se difunden masivamente en televisión y en redes sociales, convirtiéndose en la fuente principal y hasta única de información para sectores mayoritarios.”

Las mañaneras son en sí, el instrumento de manipulación de un régimen populista que, ante la falta de resultados, tergiversa la información como política de gobierno para establecer su narrativa basada en la división, la mentira y la desinformación.

Desde las mañaneras se difama, se exonera y se condena, se minimiza o se exagera, se incrimina o se exculpa, se engaña o se malinterpreta, pero casi nunca, se habla con transparencia y veracidad. Como lo ha registrado el analista y politólogo Luis Estrada en su libro El Imperio de los Otros Datos, en 700 mañaneras se han pronunciado 67,000 falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el Presidente de la República.

En este singular ejercicio diario de comunicación se habla con tal descaro, y se engaña con tanta frecuencia, que se puede afirmar que las mañaneras son un caso de corrupción nacional.

¿Y si los medios informativos no cubrieran las mañaneras? ¿Si únicamente informaran lo relevante y sustancioso – lo real y verdadero- y dejaran de replicar sus mentiras? Se podrá argumentar a priori que se trataría de un acto de censura, de una restricción al acceso de información pública, pero limitar la transmisión masiva de “noticias” claramente falseadas ¿es correcto? Las mentiras no deberían circular con tanta facilidad y repetición, y menos si surgen desde el Palacio Nacional y en boca del presidente.

Cubrir la fuente, o replicar la información oficial, no es obligación dada, ni pre concedida. A cuatro años de una evidente estrategia de alteración de la información cabe reflexionar ¿Qué razón hay para repetir sus infamias, sus calumnias y diatribas? Ninguna. Decía Abraham Lincoln “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo.

Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Esta frase que se le atribuye a uno de los presidentes de los Estados Unidos de América más reconocidos nos recuerda que la verdad siempre aflora y el tiempo siempre juzga. Por lo pronto, estas son las mañaneras que canta el rey Andrés.

#EntreNetas | Plan (B)asura

Las recientes reformas electorales propuestas por el presidente y aprobadas por Morena violentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen claramente un objetivo perverso: acabar con la democracia y proyectar una dictadura. Se trata pues de trastocar las reglas del juego para favorecer a quienes hoy están en el poder y quieren quedarse a perpetuidad manifiesta.Pero veamos, ¿Qué cambios legales contiene el llamado plan b de López Obrador?

Aquí cinco puntos relevantes. Primero, permite la participación descarada del gobierno en precampañas y campañas, sin ninguna consecuencia legal, restringiendo las facultades de sanción y fiscalización de la autoridad electoral y permitiendo el activismo político-electoral de los funcionarios públicos del gobierno. Lo que se persigue con estos cambios legales es blindar la ilegal promoción adelantada de las “corcholatas” y la participación activa del presidente desde la mañanera hasta su promoción en giras y eventos con fines de propaganda electoral. Es decir, autorizan violar la ley sin consecuencias y que los gobernantes puedan desatender sus obligaciones para andar en campaña permanente. Segundo, sanciona como calumnia a quien se atreva a criticar al gobierno, es decir legalizan la censura.

Tercero, ataca directamente la autonomía de la autoridad electoral, modificando su estructura y reduciendo el personal del servicio profesional electoral contradiciendo lo dispuesto por el artículo 41 constitucional que a la letra dice “El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.” El plan b implica el despido masivo de más de 2,000 trabajadores que incluso afectaría el proceso de emisión de las credenciales de elector.

Cuarto, busca provocar gran inestabilidad el día de la jornada electoral ya que no habrá personal suficiente y calificado para entregar los paquetes electorales, capacitar a los funcionarios de casilla y realizar los cómputos y el recuento de los votos. También, reducen de 13 días a 48 horas el tiempo para que los partidos políticos registren a sus representantes de casilla.

Quinto, es una reforma regresiva en materia de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables porque reduce su representación a 25 espacios en la Cámara de Diputados a pesar de que el INE había dispuesto de 50. Como se puede apreciar, el plan b del presidente es basura que contamina la legalidad y arruina lo que bien ha funcionado en más de 20 años. ¿Por qué al igual que los dictadores latinoamericanos recientes, López Obrador modifica las reglas con las que accedió al poder? ¿Por qué cambiar lo que funcionaba bien? Todo apunta a enterrar la posibilidad de la alternancia en México.

El INE ha sido garante de que en más del 60% de las elecciones haya alternancia, es decir, en la mayoría de las elecciones, por decisión de la gente, ganan los retadores y pierden los gobernantes en turno. Lo que quiere López Obrador es reducir al máximo estas posibilidades. Hoy, como nunca antes, nuestra democracia está bajo ataque y debemos resistir. El plan b será impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un claro argumento: el respeto a la autonomía dispuesto en el artículo 41 constitucional. En pie de lucha #ElINENoSeToca

La ministra espuria

Ante un escándalo de esta magnitud, en cualquier otro país, una vacante de ministra habría. Fuera por renuncia, fuera por remoción, fuera voluntaria u obligadamente, […]

La ministra espuria
Foto: Archivo

Ante un escándalo de esta magnitud, en cualquier otro país, una vacante de ministra habría. Fuera por renuncia, fuera por remoción, fuera voluntaria u obligadamente, de mutuo propio o por aplicación de la ley, una ministra que plagió su tesis académica de licenciatura dejaría inmediatamente una vacante en el máximo tribunal de la nación.

Dicta el artículo 95 constitucional, “Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: (…) IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.” Confirmado por la Universidad Nacional Autónoma de México el plagio, la inhabilitación de la ministra Yasmín Esquivel es operante. No hay duda, no hay confusión, menos complot. La abogada faltó a la verdad y al honor; mintió y traicionó.

Esquivel Mossa llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace casi cuatro años, nominada por el presidente López Obrador después de haber presidido por 7 años el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Con una carrera judicial ligada al círculo de intereses del actual presidente de la república, Esquivel es la ministra que, según información publicada por el periódico Reforma, ha respaldado en 67% los intereses de la cuarta transformación en asuntos relevantes de la Corte. Una ministra hecha a los modos del presidente.

Ha transcurrido una semana desde que la máxima casa de estudios del país confirmara el plagio y la ministra no deja el cargo. Por respeto a la Corte y a su investidura, por cuidado y lealtad a la Universidad y por dignidad a su persona, la renuncia debería llegar a la mesa. Mientras no ocurra así, la ministra espuria, falsa, ilegítima y cero auténtica permanecerá como otro símbolo más, de un capricho presidencial.

Uso de pirotecnia debe ser regulado: José Báez

Deben intervenir los tres niveles de gobierno y reformarse normas locales y federales

El diputado federal José Báez, urgió a regular el uso de pirotecnia, esto tras el incidente ocurrido en la colonia Carrillo Puerto de la capital queretana, donde 12 personas resultaron lesionadas por una explosión por el mal uso de estos artefactos.

Afirmó que no está a favor de la prohibición, pero sí de la regulación a través de una ley específica o de reformas a diversas leyes y reglamentos ya que “en México no existe una ley particular que regule la quema de pirotecnia civil o popular. Si bien la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hace referencia a la pirotecnia, su contemplación corresponde más a un artículo o instrumento armamentista, que a una actividad recreativa, civil, artística o cultural”.

Aseguró que se debe trabajar en dos rutas esenciales, tal como la creación de una “(…) Ley particular sobre la materia o reformar específicamente diversas leyes como La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y especificar la legislación federal y local en materia ambiental”.

De igual manera, mencionó que se debe perfeccionar la Ley General de Protección Civil y los bandos de protección civil municipales para asegurar las condiciones para su uso, almacenaje y distribución; así como contemplar en los reglamentos municipales los horarios, días y condiciones básicas para la autorización de eventos o actividades en los que se contemple la quema de pirotecnia, previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como sancionar administrativamente la quema ilegal.

Al lamentar el pasado incidente en la colina Carrillo Puerto, el legislador señaló que éstos pueden ser evitados con leyes y reglamentos federales y municipales claros y que ordenen dicha actividad.

Concluyó diciendo que “urgen cambios legales que nos permitan regular con claridad y eficacia el uso de la pirotecnia persiguiendo tres objetivos; el aseguramiento de las condiciones para la protección civil; el cuidado al medio ambiente, y el reconocimiento de esta actividad, desde lo local, para respetar la cultura y tradiciones sin afectar la tranquilidad y orden público”.