#EntreNetas | El agua NO se privatiza, SÍ se regula

La palabra privatizar es definida por la Real Academia Española como la acción de “Transferir una empresa o actividad pública al sector privado”, mientras que por la palabra concesión se entiende aquél “Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones”. Partiendo de ambas definiciones advertimos primeramente que la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, aprobada recientemente, no privatiza al organismo público encargado de la gestión del agua potable, saneamiento y alcantarillado en el estado ampliamente conocida como la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA); es decir, quienes afirmen que se ha privatizado o se busca privatizar a esta empresa pública mienten y buscan confundir. Es importante subrayar que el Estado mantiene la rectoría sobre la gestión del agua y subsiste el organismo público descentralizado creado hace más de 41 años. Ahora bien, si quienes pretenden inferir la privatización del agua en Querétaro, a partir del otorgamiento de concesiones, sepan que dicha figura existe de mucho tiempo atrás, tanto a nivel local como federal, y que lo único que pretende la nueva Ley es regular a todos aquellos organismos operadores a falta de una norma clara, transparente y debidamente sancionada; es decir, nuevamente, quienes afirman que esta nueva ley creó o incorporó la figura de la concesión para privatizar la gestión del agua mediante empresas privadas, otra vez mienten. Las concesiones son legales, condicionadas y están contempladas desde el nivel federal. Basta con teclear las palabras “trámites de la Comisión Nacional del Agua” en cualquier buscador de internet, para que inmediatamente se desplieguen bajo el portal oficial del gobierno federal todos los trámites existentes relacionados con la explotación del vital líquido. Entre los principales trámites enumerados se encuentran los siguientes: Concesión aguas nacionales superficiales, Concesión aguas nacionales subterráneas, Concesión para la ocupación de terrenos federales, Prórroga de concesión y/o permisos de descarga, Concesión para la extracción de materiales; es decir, el otorgamiento de concesiones en materia hídrica es algo normal y legal que sucede, añosamente, por todo el país. Querétaro era el único estado de la República sin tener una legislación clara en materia hídrica que normara a concesionarios para mejorar la competitividad, capacidad y certeza en el abasto del agua. El agua es un derecho humano por lo que su extracción, distribución y comercialización debe estar normada para garantizar que el propio gobierno y cualquier concesionario presten un servicio de buena calidad. La nueva ley estatal de aguas, no privatiza nada, pero sí regula todo; todo lo hasta hace poco inexistente en la ley pero existente en la práctica

#EntreNetas | Vapeadores bateados

Nuevamente el presidente López Obrador se equivoca al despreciar la ciencia y anteponer su criterio personal por encima del criterio científico. A pesar de recurrir constantemente a la frase “prohibido prohibir”, como parte de su filosofía “liberal y progresista”, el presidente decidió decretar la prohibición de la comercialización y circulación de los cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Simplemente los bateo de México. Es verdad que fumar mata y que no hay mejor estrategia sanitaria que prevenir e impulsar medidas que lleven a la cesación, pero también es cierto que para millones de personas, dejar de fumar no es opción, ya sea por adicción o por gusto. Para estas personas deben existir alternativas que puedan ser menos dañinas. Diversas autoridades sanitarias por todo el mundo han concluido que existe evidencia científica de que los vapeadores son menos dañinos que el cigarro y precisamente por ello se encuentran regulados en más de 60 países. Incluso, hay estudios globales como el realizado por Grupo Cochrane de Adicción al Tabaco que indica que los vapeadores son más efectivos para dejar de fumar que los parches o chicles y más seguros que los cigarrillos. La medida autoritaria del presidente López Obrador no atiende las recomendaciones de los expertos, ni observa las mejores prácticas en otras latitudes. Antes de prohibir por prohibir deben analizarse con apertura datos y estudios serios que permitan a un grupo de investigadores y especialistas determinar la mejor forma de atender esta nueva modalidad para los fumadores. Es necesario que una debida regulación se de por medio del Consejo de Salubridad General y no a ocurrencia del presidente. Con la salud pública no se juega, ni se debe aventurar a la ligera. Senadores y Diputados federales deben intervenir para legislar en esta materia escuchando todas las posiciones bajo un parlamento abierto. Las regulaciones de salubridad y las decisiones de las autoridades sanitarias no pueden ni deben recaer en la exclusividad de la opinión del presidente.

#EntreNetas | Nueva era para la educación pública

La pandemia por la COVID-19 aceleró la transición de los modelos educativos estáticos, monótonos y presenciales hacia las modalidades dinámicas, abiertas y universales. Los sistemas educativos de todo el mundo fueron forzados a probar nuevos métodos, formas y herramientas para impartir la docencia fuera de las aulas tradicionales. Si bien algunas instituciones, principalmente privadas, ya habían utilizado modestamente la tecnología y otros esquemas educativos más progresistas, en México, la educación pública fue sorprendida por completo. A lo largo de la historia se han desarrollado distintos y diversos métodos de estudio, pero es probablemente en la última década, y exponencialmente en el último par de años, que el cambio sustantivo en los principales y más grandes sistemas y modelos educativos del mundo se dará irreversiblemente. La pandemia nos ha sembrado interrogantes que las autoridades de la educación pública deben reflexionar y responder. Quizá el tiempo que pasan los niños en un salón de clases resulte ya excesivo. Quizá los modelos semi presenciales o híbridos llegaron para quedarse. Quizá el uso potencial de herramientas tecnológicas pueda reducir la inversión en el gasto público en cierto tipo de infraestructura educativa. Quizá la colaboración entre instituciones hoy sea más necesaria que nunca. Quizá deba haber maestros de aula y maestros de ‘pantalla’. Quizá la educación por fin llegue a ser verdaderamente universal.

Hoy los gobiernos deben atreverse a intentar cambiar la forma de impartir la educación, desde lo local, y romper con los modelos tradicionales. Urge transformar la forma de educar, particularmente en México, donde la educación se califica más en base a la asistencia física al aula, que al desempeño integral del estudiante; donde importa más lo que se memoriza, que lo que en verdad se aprende; donde la práctica del conocimiento adquirido es nula fuera de la escuela. Sin duda todo cambio conlleva nuevos retos y plantea nuevas disyuntivas, por ello la gradualidad es fundamental. La pandemia fue el arranque de este proceso de transformación que no puede ni debe parar.

Moratoria, pausa o paro constitucional

En México existen dos visiones encontradas de país, dos formas distintas y opuestas de gobernar que se contraponen cada día de manera más extrema.

En México existen dos visiones encontradas de país, dos formas distintas y opuestas de gobernar que se contraponen cada día de manera más extrema. La polarización se fomenta y se justifica desde el palacio presidencial y es motivo, razón de ser y la sustancia en sí de toda la actuación gubernamental. El presidente López Obrador no gobierna para solucionar los problemas del país, gobierna para mantener una base social-electoral de apoyo, y para lograrlo, le ocupa dividir, separar, catalogar, inquirir, acusar, adjetivar, perseguir y condenar a sus ´enemigos´, la otra gran mitad de la nación. Este separatismo forzado desde la silla presidencial utiliza el poder para mantenerse el poder. Bajo este contexto, el diputado federal, Ignacio Loyola Vera ha lanzado una consigna social para establecer un nuevo orden parlamentario, temporal, con el fin de proteger a la Nación desde el propio ejercicio del derecho: No modificar la Constitución en lo que resta de este sexenio. La moratoria constitucional, pausa constitucional o paro constitucional es una declaración firme de la oposición para comprometerse públicamente y ante la sociedad a no impulsar, ni respaldar, ninguna iniciativa que busque reformar la Constitución. Significa adelantarle al presidente que no contará, en ningún caso, con los votos suficientes para proponer cambios a la carta magna. Tocar la Constitución, bajo un régimen autoritario y autocrático, es un alto riesgo que no se debe jugar.

23 millones de mexicanos, en la elección federal celebrada el año pasado, le quitaron a MORENA la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo cual, cualquier cambio constitucional requiere de la suma de 56 legisladores del bloque opositor conformado por PAN, PRI, MC y PRD; de la misma forma, si la oposición quisiera proponer una reforma de índole constitucional requeriría de 112 diputados del oficialismo. Es decir, cualquier cambio de orden constitucional requiere de un consenso amplio difícil de prever en esta etapa política de alta crispación. A pesar de ello, López Obrador jamás ha tenido la intención de buscar un punto de encuentro o consenso para cambiar la ley, por el contrario, no cesa en sus intentos por modificar la Constitución desde su individualidad y su interés; ya lo hizo mediante la reforma eléctrica – que no alcanzó la mayoría calificada requerida- y ahora persiste con la reforma electoral que, de aprobarse, pondría fin a nuestro régimen democrático y representativo. El presidente sabe que no logrará la aprobación de sus reformas constitucionales, pero recurre a esta práctica para encender y mantener su narrativa nacionalista. Su intención primaria es polarizar, lo secundario es gobernar.

Las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente han sido solo sus anclas discursivas, con el perverso propósito de dividir a nuestra Nación; debemos frenarlas, acotarlas y minimizarlas mediante la moratoria constitucional. Hay que ser drásticos en un momento drástico. No es un asunto meramente de legislación, se trata más de un acuerdo social por nuestra unidad nacional.

José Báez

Diputado Federal

#EntreNetas | Los delitos confesos del Presidente

A pesar de haber jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, López Obrador se ha dedicado a violarlas, interpretarlas a su favor o simplemente despreciarlas ante su voluntad o capricho. No importa lo que diga la norma, el mandata, el reina. No existe otro presidente en la época reciente que haya retado al Estado de derecho como lo ha hecho él. Más figura como virrey o monarca que como el titular del Poder Ejecutivo de una República representativa y democrática. Él, cree fervientemente que a él – solo a él- la ley no le aplica. Se ufana inmune al marco legal, se siente eterno; pero en tres años dejará la presidencia y podrá ser juzgado. Son tantas las evidencias, son tantas las confesiones, son tantas las negligencias, son tantos los errores, que será juzgado. Según el Diccionario Jurídico Mexicano, la confesión “en un sentido lato, es la admisión que se hace en un juicio o fuera de él, de la «verdad» de un hecho o de un acto, que produce consecuencias desfavorables para el confesante”; por su parte, la Real Academia Española indica que la confesión es la “declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro”, en tanto el Diccionario de Derecho Usual establece que la confesión es el “reconocimiento que una persona hace contra ella misma de la verdad de un hecho.” El presidente López Obrador ha confesado delitos graves que, obligadamente, serán investigados y llevados a juicio en cuanto deje su cargo. El ejemplo más claridoso está en la orden que giró para liberar extrajudicialmente a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo; este solo hecho merecerá investigaciones no solo en México, sino en los Estados Unidos. Así como hoy se investiga a Genaro García Luna, podrá ser investigado el para entonces, ex presidente. Ejemplos de presumibles delitos en los que ha participado confesamente sobran, pero hay tres muy memorables: 1. La liberación de Ovidio mencionada líneas arriba (artículos 150 y 225 del Código Penal) “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente” 2. La destrucción y tala de selva y manglares para el paso del Tren Maya (Artículo 420 bis Código Penal) “No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros de los 1,550 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahual, que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto” 3. La negligencia criminal ante el manejo de la pandemia que ha cobrado la vida de 500,000 mexicanos (artículos 7 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas relacionadas con sus posibles causas penales) «Lo del coronavirus, eso de que uno no se puede abrazar… hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, nada de confrontación de pleito» ó “No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud de México)”. En estos tres casos el presidente ha sostenido públicamente su injerencia, decisión, instrucción ó mando. La postura del presidente ante este tipo de acusaciones es de simpleza, negación, ironía y burla tratando de minimizar sus posibles consecuencias legales. Se encuentra a la mitad del sexenio en donde todos los presidentes se sienten intocables. López Obrador no dejará, por estrategia y supervivencia, de dividir a los mexicanos porque es la única forma que tiene para mantener la posibilidad de que su movimiento retenga la Presidencia de la República; sigue la máxima “divide y vencerás”. Quiere coptar determinados sectores sociales para usarlos como su base electoral. Veremos en esta segunda mitad de su mandato a un presidente enojado, agresivo, desleal, promotor del odio y del enfrentamiento entre mexicanos. Sabe bien que, de perder las elecciones presidenciales del 2024, le seguirá un profundo juicio por sus delitos confesos.

AMLITIO: condena al fracaso

Para cuando la “inversión” del Estado Mexicano en la Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO) pudiera empezar a redituar – suponiendo que todo se hizo bien y sin corrupción- seguramente el litio habrá depreciado ya su valor en el mercado

¿Cuál es la relevancia del litio? Se trata de un elemento químico que se utiliza principalmente para la producción de baterías, pues es un metal ligero con una excelente conducción de electricidad y calor. También, el litio mantiene un uso medicinal como agente antimaniaco para tratar a personas con episodios bipolares, depresivos o frenéticos. Hoy en día, el litio se utiliza en una gran parte de componentes electrónicos, automóviles y celulares.

Ante la relevancia de este elemento, el presidente López Obrador a mandatado su “nacionalización” como forma de rescate de la soberanía de nuestro país y una nueva ofrenda al pueblo mexicano.

Tenemos un presidente que tiende, frecuentemente, a tergiversar, inventar, mentir y engañar. Lo mismo organizó la rifa de un avión, sin avión, que ofreció en campaña bajar el precio de la gasolina y desmilitarizar al país, o volvió un ejemplo de patriota puro y vivo al impresentable Manuel Bartlett. Ante su manía por distorsionar las cosas, resulta necesario hacer algunas precisiones sobre esta nueva “bandera pública” y ponerla en su justa dimensión.

Primeramente, no sobra decir, que contrario a lo que se ha hecho creer bajo la narrativa oficial, el litio ya era de la nación de acuerdo al artículo 27 constitucional. Segundo, es pertinente aclarar que el litio existente en México no es de fácil extracción y que nuestro país tiene una muy modesta reserva de 1.7 millones de toneladas métricas según el Servicio Geológico de EE.UU que contrastan con los 21 millones que posee, por ejemplo, Bolivia.

Asimismo, es prudente indicar que el litio mexicano se encuentra inicialmente en depósitos de pegmatita o de “roca dura” en minas a cielo abierto o en el subsuelo, a diferencia de otras partes del mundo en donde se encuentra mayoritariamente en la superficie en salmueras.

Tercero, según el propio gobierno federal en México no existe ningún yacimiento de litio en explotación y se encuentran en etapa de exploración solo tres yacimientos. Es decir, en México la explotación y el procesamiento del litio es inexistente; incierta y potencialmente costosa.

La idea setentera del presidente por monopolizar y nacionalizar sectores productivos es una pésima medida pues implica que sea solo el Estado Mexicano, ningún particular mexicano o extranjero, quien explore, explote, produzca y comercialice la industria del litio, lo que llevaría al gobierno a desviar del presupuesto de la federación miles de millones de pesos a lo largo de por lo menos 8 años antes de que la inversión pública pudiera ser productiva.

Entendamos bien, la propuesta de López Obrador es volver a un Estado empresa-monopolio que invierte muchos recursos públicos inútilmente y que bien podrían ser destinados a otros servicios públicos de mayor necesidad social: salud, educación, infraestructura…

Pero ahí no termina todo. Cuarto, y quizá el punto más relevante, diversos expertos coinciden en que más pronto que tarde el litio será sustituido por otros elementos químicos, como el aluminio, para la producción de baterías. Que se entienda, para cuando la “inversión” del Estado Mexicano en la Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO) pudiera empezar a redituar – suponiendo que todo se hizo bien y sin corrupción- seguramente el litio habrá depreciado ya su valor en el mercado.

Para ahondar en ello, el Instituto Fraunhofer de Alemania investiga en fases muy avanzadas la transición del litio al aluminio y de momento se ha concluido en pruebas preliminares realizadas por la empresa australiana Graphene Manufacturing Group que “la velocidad de recarga de las baterías de iones de aluminio multiplican por tres la de las de iones de litio y triplica su durabilidad”.

El presidente López Obrador encabeza un gobierno de caprichos ideológicos y de fracasos necios. Se impuso su voluntad para reformar la ley minera violentando el proceso legislativo. Su propuesta para crear una empresa pública que exclusivamente explote y desarrollo la cadena de valor del litio (AMLITIO) no fue estudiada en comisiones, puesta al análisis de un parlamento abierto que escuchara a los expertos, ni dictaminada. Lo que empieza mal termina mal. Sin duda esta decisión traerá cientos de juicios de amparo e indemnizaciones que le significarán un alto costo a la hacienda pública; además de afectar la reputación internacional de México. AMLITIO esta condenada al fracaso. Uno más de este sexenio.

Leyes que neta sirvan: seguro de desempleo

La planeación implica siempre priorización. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? En una empresa, en la dinámica del gasto […]

La planeación implica siempre priorización. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? En una empresa, en la dinámica del gasto personal o familiar o en un gobierno se debe razonar, racionar y priorizar. Se debe también comprender el contexto, visualizar las metas, clarificar las capacidades y los recursos disponibles para definir una estrategia y emprender un plan.

México vive hoy un emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia por la Covid-19 y el gobierno debe actuar para aminorar sus lamentables consecuencias y recuperar la actividad económica, garantizando la salud pública. Pero, increíblemente, el gobierno federal actúa a contra sentido. A pesar de las cifras y datos oficiales que revelan perdida de empleos, escasez de medicinas, reducción de inversión pública y privada, cierre de comercios y más, la prioridad del gobierno federal no se relaciona con la economía, ni la salud de los gobernados. La agenda legislativa de MORENA -fiel reflejo de la voluntad del presidente- se centra en la revocación de mandato, en consultas populares, en la aniquilación del INE y, con relación al presupuesto de la federación, en magnas obras que poco o nada sirven en el momento que vivimos; la construcción de una refinería inviable en el tiempo, un aeropuerto cuestionado por especialistas y un tren turístico al vapor ejercen más de 119 mil millones de pesos cada año sepultando programas de apoyos sociales, fideicomisos y un verdadero plan nacional de infraestructura.

El poder legislativo, como fiscalizador y equilibrio del gobierno, debe ser siempre útil y perseguir leyes que neta sirvan a la gente y que respondan a la realidad. Para eso, se tiene que priorizar. ¿Hoy qué ley urge más? ¿Una ley de revocación de mandato o modificaciones a la legislación para crear un #SeguroDeDesempleo? Aquí un claro ejemplo. Las diputadas y diputados federales del PAN presentamos la iniciativa para crear un #SeguroDeDesempleo para mayores de 18 años que garantice un ingreso básico de $4,402 pesos hasta por cuatro meses, dando un incentivo fiscal a las empresas que los re contraten. Se trata de una ayuda directa – equivalente al salario mínimo mensual- para sostener el consumo de los hogares y coadyuvar a la reactivación económica. El presupuesto para poder disponer de este seguro representa tan solo el 9% del gasto destinado para las obras faraónicas del gobierno de López Obrador. Es decir, con menos de la décima parte del recurso que año con año gasta el presidente en sus necedades, podríamos ayudar a 2.4 millones de mexicanos con un #SeguroDeDesempleo en un mes, o bien ayudar a 600,000 desempleados durante cuatro meses. Desde cualquier óptica la iniciativa es buena y pertinente, este es un claro ejemplo de una iniciativa que neta sirve a la gente. Hay prioridades caprichosas y prioridades inobjetables, preguntémonos ¿de que lado se está?

#EntreNetas | El día después de la consulta

Se desperdiciaron miles de millones de pesos para confirmar lo que ya casi todos sabíamos: la consulta para la revocación de mandato fue un rotundo fracaso. No solo por el bajísimo nivel de participación que apenas llegó al 17 por ciento, sino por la descarada operación – previsible- del gobierno para incidir en el resultado. Participaron aproximadamente 16 millones de personas, menos de 2 de cada 10 mexicanos, cuando se requerían 37 millones de votos para que esta consulta innecesaria tuviera razón de ser. De ese tamaño es el fracaso.

Este proceso de “revocación” se caracterizó por la simulación, por la intromisión ilegal del gobierno y por servir exclusivamente como un mecanismo de propaganda ilegítima del presidente de la República. Quienes participaron en la consulta con la pretensión de revocarle el mandato al presidente, solo contribuyeron, con sus votos, a “representar” – a los ojos del presidente- el “tamaño” de sus opositores. Le regalaron el discurso “oficial” para establecer una nueva narrativa en su favor señalando, malamente, que 9 de cada 10 mexicanos lo respaldan, nada más falso, pero “sustentado” por la absurda participación en la “consulta”. Este proceso ha de recordarnos que el voto jamás se debe ejercer con el hígado, el corazón o el estómago. Votar o no votar, participar o no participar, elegir la opción por la cual se va a votar, se debe decidir con la razón y la conciencia, por eso lo correcto, lo razonado, si se quería en verdad oponerse al presidente, era hacerle un gran vacío para evidenciar que se trataba de un consulta simulada, inútil y personalista, de él y para él.

Este domingo nos arrojó un par de conclusiones por demás importantes. La primera es que la capacidad de movilización de MORENA es limitada y no poseen la “gran” maquinaria electoral que tanto presumen. La segunda es que el INE, a pesar de todos los traspiés que le pusieron, tuvo la capacidad operativa para organizar nuevamente una elección en paz y con las garantías suficientes para su implementación. Pero ¿Qué sigue después de la consulta fallida? Primero, se debe sancionar ejemplarmente a quienes violaron la ley, particularmente a quienes, desde el gobierno, utilizan recursos públicos para incidir en un proceso electoral. Segundo, se tiene que fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para que tenga las herramientas y capacidades suficientes para fiscalizar los recursos que se destinan principalmente en la propaganda electoral. Tercero, se debe legislar para mejorar y fortalecer la implementación de las consultas populares, incluyendo la garantía de suficiencia presupuestal. Finalmente cabe mencionarse que, una vez pasada la consulta, se anuncia una fuerte ofensiva del oficialismo para desacreditar al INE y buscar su desintegración, sin embargo, MORENA no cuenta con los votos suficientes para realizar un cambio constitucional de este tipo, por lo que el ataque y acoso del gobierno será verbal, y como tal, debe encontrar de frente las voces de los demócratas para defender al INE y a la democracia. El día después de la consulta, la consulta falló.

#EntreNetas | ¿Participar o no?

Conforme se desarrolla el proceso de la revocación de mandato, las posturas sobre la participación o no en la consulta y sobre la posición de respaldo o no al Presidente de la República se despejan y naturalmente se enfrentan. No solo se reducen a estar con él o a estar en contra de él. También se moldean a partir de la forma de participación para el día de la jornada electoral: votar, anular o abstenerse de participar. Sin duda, hay dos actitudes primarias diametralmente opuestas. La primera formada por quienes apoyan incondicionalmente al presidente, forman parte de su base de apoyo y movilización y asistirán a votar para “que siga en la Presidencia de la República”. La segunda compuesta por quienes acudirán a votar contrariamente para “que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”. Pero junto a estas dos posiciones radicalmente opuestas también coexisten otras: la de quienes respaldan la gestión del presidente pero no piensan ir a votar, quizá por considerarlo innecesario; la de quienes promueven activamente no acudir a votar como muestra de inconformidad ante la deformación del ejercicio, su inutilidad y el propósito perverso de dañar al Instituto Federal Electoral; e incluso la de quienes simplemente no votarán porque creen genuinamente que el presidente se debe quedar en el cargo los 6 años por los que fue constitucionalmente electo. Existen diversas formas de interpretar la consulta y de materializar la participación en ella. Entre los principales editorialistas, periodistas, analistas, políticos y líderes de opinión existen variadas y distintas reflexiones sobre la pregunta ¿participar o no en la consulta de revocación? Es numéricamente concluyente que una mayoría significativa se inclina por la NO participación argumentando principalmente que se trata de un ejercicio innecesario e inútil, convocado desde el poder y no como un derecho ejercido por los ciudadanos inconformes, desvirtuado y tergiversado por un régimen populista que quiere afectar a la autoridad electoral y promover la agenda presidencial. Estas aseveraciones encuentran apoyo en evidencias públicas y constantes, empezando porque fue el propio presidente y su partido quienes, paradójicamente, impulsaron la consulta de revocación para no revocar a quien no quieren que se le revoque el cargo. Fueron ellos, y solo ellos, quienes recolectaron las firmas para que se activara la consulta popular. Esta consulta fue ideada por el presidente, es promovida por él, para uso de él. ¿Participar o no? Es la pregunta inicial y condicional. Incluso teniendo definida la respuesta a la pregunta sobre la revocación, la reflexión previa sobre las implicaciones y razones para participar o no en la consulta es necesaria y debida. Vivimos momentos complejos que conducen a decisiones complejas. ¿Participar o no?

La consulta tramposa

¿Conviene participar en un ejercicio “democrático” adulterado, de resultado previsible y que pretende ser utilizado por el gobierno para dividir a la oposición y aglutinar […]

¿Conviene participar en un ejercicio “democrático” adulterado, de resultado previsible y que pretende ser utilizado por el gobierno para dividir a la oposición y aglutinar al oficialismo? Contundentemente, la respuesta es no. Me explico. Quienes coincidimos en que el gobierno encabezado por López Obrador ha sido un rotundo fracaso tenemos como la mejor – y quizás la única- alternativa la abstención razonada en la consulta de revocación de mandato, consulta que nació muerta por el simple hecho – contradictorio en sí – de haber sido impulsada por el propio presidente para beneficio de sus intereses particulares. Se trata claramente de un proceso simulado que evidentemente no versa sobre el derecho de los mexicanos a revocar un mandato, sino que pretende ser un instrumento oficialista con fines propagandísticos y de generación de precedentes legales para promover la permanencia de López Obrador en el cargo. La consulta no podrá llegar jamás a buen puerto con el presupuesto que le recortaron para su implementación – intencional y estratégicamente- los diputados de MORENA al INE, que sin duda alguna realiza un esfuerzo descomunal para organizar la consulta pero con un presupuesto insuficiente y bajo los ataques sistemáticos del presidente y su partido. La reducción presupuestal afecta gravemente la consulta y su resultado final pues no se usará papel seguridad para las boletas y solamente se instalarán un tercio de las 161,000 casillas que se ocupan en un proceso electoral federal, es decir, para la consulta lopezobradoriana solo se establecerán 57,500 centros de votación, lo que sin duda disminuirá significativamente la afluencia de votantes y pone en evidencia que no se trata de un ejercicio genuino, sino de una estrategia premeditada del gobierno federal donde lo que menos importa es el proceso, la participación y su resultado. La revocación de mandato es un recurso primeramente retórico y posteriormente jurídico de las dictaduras para incentivar a sus bases, dividir a la oposición y sembrar su permanencia; ahí están los ejemplos irrefutables de Chávez, Maduro y Evo Morales, tan admirados por nuestro presidente.

La no participación en este espectáculo gubernamental puede llegar a ser incluso un acto de constricción moral ante el derroche de recursos públicos y privados sin precedentes, y sin fiscalizar, para enaltecer la imagen personal de un servidor público violando flagrantemente la constitución en sus artículos 35 y 134. Pero si las razones al momento expuestas no fueran suficientes, existe un motivo más y sobretodo concluyente: la consulta es irrelevante en su resultado. Tenemos un mandatario que jamás ha reconocido un resultado que no le sea favorable. Nunca. Pero suponiendo, sin conceder, que perdiera la consulta, que el resultado fuera vinculante al participar más de 38 millones de mexicanos y que por primera vez en su vida aceptara un resultado adverso, el próximo Presidente de la República sería un personaje de MORENA, escogido por López Obrador, ya que tiene los votos suficientes en el Congreso. Se trata de una consulta a todas luces fraudulenta, mitotera, tramposa y sin ninguna posibilidad para sacar a MORENA del gobierno; esto solo podrá ocurrir en las elecciones del 2024 por lo que este ejercicio fallido no debe dividir a quienes queremos y creemos en un verdadero cambio. ¿Participar o no? No. Abstenernos activamente.