La mejor forma de tapar la corrupción es ocultando la información pública; sin datos no hay hechos, sin pruebas no hay delitos. ¿Cómo revisar un contrato del gobierno sin acceder a nombres, cantidades, condiciones, cuentas, testigos, papeles? ¿Cómo haber podido documentar los casos de corrupción de la casa blanca de Peña Nieto, la estafa maestra o recientemente el enorme desfalco de Segalmex sin acceso a la información pública?
En México, el organismo constitucional encargado de garantizar el acceso a la información pública es el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y es el artículo 6 de la Constitución el que establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
El INAI fue creado en el año 2003 y desde entonces ha funcionado de manera regular, autónoma e imparcial, atendiendo más de 3 millones de solicitudes de acceso a la información pública que han permitido que ciudadanos, periodistas, investigadores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil conozcan la información pública en resguardo de políticos y servidores públicos para su análisis y conocimiento.
¿Qué ha pasado recientemente? ¿Por qué la función constitucional del INAI, para garantizar el acceso a la información pública, se ha obstaculizado? El INAI es un órgano colegiado que funciona a través de 7 comisionados. Al haber concluido el periodo de 3 de los 7 comisionados, el Senado debe proceder a elegir a los nuevos integrantes, sin embargo, deliberadamente, se han frenado los nombramientos ante el veto del presidente López Obrador y su instrucción para paralizar a esta institución.
Como lo manifestó el propio secretario de gobernación ante senadores de su partido MORENA, al presidente le conviene un impasse y está en el “mundo ideal” sin ninguna urgencia para hacer los nombramientos. ¿Por qué? Porque en tanto se encuentre inoperante el INAI nadie podrá acceder a la información de su gobierno y podrá actuar a sus anchas. Cualquier posible caso de corrupción estará resguardado con la impunidad del caso. Ante el fracaso de sus políticas públicas, asfixiar al INAI, mutilarlo. Fiel a su repetida discursiva, el presidente alega los “altos” costos del INAI para incluso sugerir su desaparición sin reflexionar sobre sus consecuencias. Dirá que representa un “elevado” costo para los mexicanos pero no expondrá que el robo de recursos públicos en Segalmex – en su gobierno- equivale a 15 años de presupuesto del INAI. Simplemente una farsa narrativa.
Legisladores, partidos políticos, sociedad organizada, debemos exigir el restablecimiento funcional del INAI de manera inmediata. Ojalá que para el 28 de septiembre que se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuestro país pueda contar con un INAI completo, operante y garante. Sin transparencia e información, prevalece la corrupción.
