Más de 300,000 millones de pesos, 150% más de lo previsto originalmente, costará el Tren Maya. Más de 17,000 millones de dólares del erario público – dinero de los ciudadanos- gastados a discreción. Una obra que traerá daños irreversibles a los ecosistemas de la selva maya y que ha sepultado el descubrimiento y cuidado de nuestra historia.
Trescientos mil millones equivalentes a 6 veces el presupuesto anual de la UNAM o que podrían cubrir durante 43 años el presupuesto que asignaba la Federación para apoyar a las policías locales mediante el desaparecido subsidio para el fortalecimiento del desempeño de la seguridad pública en municipios y estados (Fortaseg); esta enorme y desproporcional cantidad de dinero para un tren turístico construido por el Ejército mexicano.
Cientos de miles de millones gastados sin control, sin transparencia, a plena oscuridad. Recursos públicos ejercidos selectivamente, cobijados por el manto del presidente y la gracia de la seguridad nacional.
Para encubrir los manejos financieros de esta obra y ocultar toda información sobre su ejecución, el presidente López Obrador publicó meses atrás un decreto para declarar las obras y proyectos del Ejecutivo Federal como de interés nacional y seguridad nacional con el perverso propósito de mantenerlas en reserva. Su primer decreto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por transgredir el derecho al acceso a la información pública, sin embargo, la necedad presidencial lo llevó a emitir un nuevo decreto para declarar tercamente al Tren Maya y del corredor Transístmico y a los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque como de seguridad nacional. ¿Será el propio Ejército quien le haya exigido al Presidente este nuevo decreto para garantizar impunidad ante cualquier irregularidad futura? Recordemos que todas estas obras son construidas por el Ejército. ¿Para qué ocultar el gasto de estas obras? ¿Qué ocultan?
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió que se han perdido 2,000 empresas privadas dedicadas a la construcción de las 9,000 afiliadas a dicha Cámara ante la exclusión del sector en las obras de infraestructura pública. Mientras, el Ejército acapara las obras más importantes, excluyendo al sector privado y a la libre competencia, lo hace con la opacidad que pudiera caracterizar a cualquier gobierno de raíces dictatoriales. “En las obras del Ejército Mexicano, por ley de seguridad nacional, no puede dar a conocer ningún dato, ninguna información de lo que se da. Eso no ayuda para conocer la inversión del dinero público de las obras”, señaló el presidente de la CMIC. La desinformación abre la puerta a la corrupción. Sin información es imposible fiscalizar, contrastar, indagar la verdad y descubrir la falsedad.
