Las bebidas alcohólicas en México además de pagar 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagan entre un 26% y 53% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otro 4.5% de impuestos locales sobre su precio de salida. A modo de ejemplo, si el valor al mercado de una botella es de $200 pesos, a esta cantidad se le deben añadir impuestos resultando que el precio al consumidor se incrementará, por lo menos, en un 50%, es decir, costará a la venta al público al menos $300 pesos pudiendo llegar incluso a casi el doble de su valor inicial ($400).

¿Por qué tantos impuestos y tan altos? ¿Cuál es la justificación fundamental para aplicarlos? El IEPS es un impuesto indirecto y especial que conlleva un fin extra fiscal – un fin social- que para el caso de las bebidas alcohólicas es desalentar su consumo, combatir el alcoholismo y proteger la salud pública. Este propósito extra fiscal se encuentra mandatado desde la propia Constitución en su artículo 117; lo que se intenta con la imposición de estas grandes cargas fiscales es elevar los precios a las bebidas etílicas para aumentar la recaudación, al tiempo que se inhibe su consumo. Pero, ¿Este esquema es adecuado y opera bien? ¿Realmente desincentiva el consumo excesivo, particularmente de las bebidas con los más altos niveles de alcohol? ¿Es justo aplicar la misma tasa de impuestos al vino de mesa que a la cerveza, a un destilado o a un aguardiente? La respuesta a todas las interrogantes anteriores es no.

A pesar de la aplicación del IEPS, el comercio sigue ofreciendo bebidas de altísima graduación etílica a precios realmente bajos; así encontramos licores de caña con alta graduación de alcohol que se venden a bajo precio. Asimismo, resulta des proporcional aplicar la misma tasa a bebidas que claramente tienen un nivel de alcohol diferente y procesos de calidad distintos.

Entonces ¿Qué debemos hacer? Reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con relación a las bebidas alcohólicas para cambiar el enfoque. Me explico, si se trata de inhibir el consumo de bebidas alcohólicas, gravemos los grados de alcohol contenidos y no el costo al mercado para que las bebidas de baja calidad, baratas y con altos grados de alcohol se encarezcan y las bebidas con menores grados de alcohol y de buena calidad, como el vino mexicano, no paguen altos impuestos afectando su competitividad frente a bebidas extranjeras. Así como no es lo mismo una cerveza comercial o una artesanal o un aguardiente en garrafa que un tequila o vino blanco, sus niveles de alcohol deben regir la tasa de los impuestos a aplicarse.

Este esquema se utiliza con éxito en toda la Unión Europea, gravando así los grados de alcohol en un equivalente de 3.90 pesos por grado de alcohol contenido. Debemos legislar para cumplir con el doble fin de retraer el consumo excesivo de bebidas altamente etílicas y beneficiar directamente a sectores como el vitivinícola para impulsar mejores consumos y proyectar la competitividad de los productos mexicanos de alta calidad.

El inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión estuvo manchado por las diferencias expresadas entre Morena y el presidente de la Mesa Directiva, el diputado panista Santiago Creel, por la presencia de miembros armados del Ejército Mexicano en el recinto legislativo. La asistencia de los militares correspondía a integrantes de la escolta de las Fuerzas Armadas para rendir los honores correspondientes en el marco de la sesión de apertura. Si bien a ambas partes les pudiera corresponder alguna razón, estimo que el diputado Creel actuó en apego a la ley y atendiendo razones lógicas. Veamos.

El artículo 61 constitucional menciona que “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”. En tanto, el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados mandata “1. El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga a la Cámara, incluyendo el salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara. 2. El presidente velará por la inviolabilidad del recinto haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance. (…) 4. En el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien trasgreda esta prohibición, el presidente hará que abandone el recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes”.

Como se desprende de estas disposiciones, en el recinto legislativo, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, el Palacio de San Lázaro y en su Pleno está prohibida la entrada a toda persona armada; con una salvedad contemplada bajo el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala “1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, (…)”. Para el caso que nos ocupa el presidente del Congreso invitó y solicitó al Ejército Mexicano su apoyo con la escolta y banda de guerra para enmarcar la sesión solemne que nos convocaba. Sin embargo, al advertir que los soldados se encontraban armados se acordó un protocolo para únicamente restringir el acceso de la escolta -armada- al salón del Pleno. Es decir, hubo diálogo, entendimiento, acuerdo y permiso para interpretar y ejecutar lo dispuesto por los diferentes ordenamientos aquí citados. El presidente de la Cámara, en uso de sus facultades, otorgó un ‘permiso restringido’ de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de este acto legal y estipulado, Morena y aliados avivaron la discusión para alegar la falta de una adecuada conducción de la sesión por parte del presidente de la Mesa Directiva y sugirieron su remoción. A propósito el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de diputados presentes en el Pleno.” Así pues, el respaldo a la actuación del diputado Santiago Creel por parte de su bancada y algunos partidos más le puede garantizar su correcta permanencia al frente de la Cámara de Diputados. Vaya inicio de sesiones.

José Báez

Diputado Federal

Las recientes reformas electorales propuestas por el presidente y aprobadas por Morena violentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen claramente un objetivo perverso: acabar con la democracia y proyectar una dictadura. Se trata pues de trastocar las reglas del juego para favorecer a quienes hoy están en el poder y quieren quedarse a perpetuidad manifiesta.Pero veamos, ¿Qué cambios legales contiene el llamado plan b de López Obrador?

Aquí cinco puntos relevantes. Primero, permite la participación descarada del gobierno en precampañas y campañas, sin ninguna consecuencia legal, restringiendo las facultades de sanción y fiscalización de la autoridad electoral y permitiendo el activismo político-electoral de los funcionarios públicos del gobierno. Lo que se persigue con estos cambios legales es blindar la ilegal promoción adelantada de las “corcholatas” y la participación activa del presidente desde la mañanera hasta su promoción en giras y eventos con fines de propaganda electoral. Es decir, autorizan violar la ley sin consecuencias y que los gobernantes puedan desatender sus obligaciones para andar en campaña permanente. Segundo, sanciona como calumnia a quien se atreva a criticar al gobierno, es decir legalizan la censura.

Tercero, ataca directamente la autonomía de la autoridad electoral, modificando su estructura y reduciendo el personal del servicio profesional electoral contradiciendo lo dispuesto por el artículo 41 constitucional que a la letra dice “El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.” El plan b implica el despido masivo de más de 2,000 trabajadores que incluso afectaría el proceso de emisión de las credenciales de elector.

Cuarto, busca provocar gran inestabilidad el día de la jornada electoral ya que no habrá personal suficiente y calificado para entregar los paquetes electorales, capacitar a los funcionarios de casilla y realizar los cómputos y el recuento de los votos. También, reducen de 13 días a 48 horas el tiempo para que los partidos políticos registren a sus representantes de casilla.

Quinto, es una reforma regresiva en materia de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables porque reduce su representación a 25 espacios en la Cámara de Diputados a pesar de que el INE había dispuesto de 50. Como se puede apreciar, el plan b del presidente es basura que contamina la legalidad y arruina lo que bien ha funcionado en más de 20 años. ¿Por qué al igual que los dictadores latinoamericanos recientes, López Obrador modifica las reglas con las que accedió al poder? ¿Por qué cambiar lo que funcionaba bien? Todo apunta a enterrar la posibilidad de la alternancia en México.

El INE ha sido garante de que en más del 60% de las elecciones haya alternancia, es decir, en la mayoría de las elecciones, por decisión de la gente, ganan los retadores y pierden los gobernantes en turno. Lo que quiere López Obrador es reducir al máximo estas posibilidades. Hoy, como nunca antes, nuestra democracia está bajo ataque y debemos resistir. El plan b será impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un claro argumento: el respeto a la autonomía dispuesto en el artículo 41 constitucional. En pie de lucha #ElINENoSeToca

Deben intervenir los tres niveles de gobierno y reformarse normas locales y federales

El diputado federal José Báez, urgió a regular el uso de pirotecnia, esto tras el incidente ocurrido en la colonia Carrillo Puerto de la capital queretana, donde 12 personas resultaron lesionadas por una explosión por el mal uso de estos artefactos.

Afirmó que no está a favor de la prohibición, pero sí de la regulación a través de una ley específica o de reformas a diversas leyes y reglamentos ya que “en México no existe una ley particular que regule la quema de pirotecnia civil o popular. Si bien la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hace referencia a la pirotecnia, su contemplación corresponde más a un artículo o instrumento armamentista, que a una actividad recreativa, civil, artística o cultural”.

Aseguró que se debe trabajar en dos rutas esenciales, tal como la creación de una “(…) Ley particular sobre la materia o reformar específicamente diversas leyes como La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y especificar la legislación federal y local en materia ambiental”.

De igual manera, mencionó que se debe perfeccionar la Ley General de Protección Civil y los bandos de protección civil municipales para asegurar las condiciones para su uso, almacenaje y distribución; así como contemplar en los reglamentos municipales los horarios, días y condiciones básicas para la autorización de eventos o actividades en los que se contemple la quema de pirotecnia, previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como sancionar administrativamente la quema ilegal.

Al lamentar el pasado incidente en la colina Carrillo Puerto, el legislador señaló que éstos pueden ser evitados con leyes y reglamentos federales y municipales claros y que ordenen dicha actividad.

Concluyó diciendo que “urgen cambios legales que nos permitan regular con claridad y eficacia el uso de la pirotecnia persiguiendo tres objetivos; el aseguramiento de las condiciones para la protección civil; el cuidado al medio ambiente, y el reconocimiento de esta actividad, desde lo local, para respetar la cultura y tradiciones sin afectar la tranquilidad y orden público”.

En la Cámara de Diputados está por discutirse y votarse una iniciativa de reforma constitucional que pretende establecer como optativo el orden de los apellidos […]

En la Cámara de Diputados está por discutirse y votarse una iniciativa de reforma constitucional que pretende establecer como optativo el orden de los apellidos con los que se registra a un recién nacido; es decir, estipular desde la propia Constitución el derecho de la madre y padre a escoger el orden de los apellidos de sus hijos, de manera libre y consensuada.

De primera no se advierte un amplio consenso en la Cámara, pues hay quienes, desde una visión legalista, consideran que no debe ser materia de garantías de una Constitución, hasta quienes mantienen la firme idea de mantener la costumbre o simplemente consideran innecesario discutir el tema.

Valga hacer notar que la materia civil y familiar encuentran su regulación en ordenamientos estatales a través de los respectivos Códigos Civiles o Familiares, resultando que en la actualidad solo cuatro estados, entre ellos Querétaro, establecen que es el apellido del hombre el que debe colocarse primeramente. Así, el artículo 37 del Código Civil del Estado de Querétaro señala “Cuando la filiación se establezca por ser hijo nacido del matrimonio, la persona llevará el primer apellido del padre, seguido del primer apellido de la madre.” El resto de los estados no especifican un orden determinado o incluso autorizan cualquier orden, pero manteniendo la sugerencia de que sea el primer apellido el que proviene del padre. Para ejemplo el Código Civil de Campeche que establece “Cuando ambos progenitores acudan ante el Oficial del Registro Civil a registrar a un hijo o hija pueden escoger, de común acuerdo, el orden en que se colocarán los apellidos de su hijo o hija. En caso de que no exista acuerdo respecto al orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, se debe levantar el acta figurando en primer término el apellido del padre.”

Ante la limitación de la norma se han presentado recursos ante diversos tribunales en México y en otros países, los cuales ya se han pronunciado al respecto; destacando el primer amparo concedido en nuestro país por el cual se pudo registrar a una bebé con el apellido materno primero a decisión de madre y padre, justamente en Querétaro.

El artículo 4º constitucional consigna que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la identidad, por lo que esta reforma legal pretende perfeccionar su contenido en un acto puro de igualdad y sustentado en los derechos humanos y apegándose a resoluciones jurisdiccionales locales e internacionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Bienvenida pues la discusión sobre este cambio histórico que no solamente pretende una reivindicación de género, sino que puede funcionar también como una medida pertinente y adecuada para muchas madres solteras.