En México existen dos visiones encontradas de país, dos formas distintas y opuestas de gobernar que se contraponen cada día de manera más extrema.
En México existen dos visiones encontradas de país, dos formas distintas y opuestas de gobernar que se contraponen cada día de manera más extrema. La polarización se fomenta y se justifica desde el palacio presidencial y es motivo, razón de ser y la sustancia en sí de toda la actuación gubernamental. El presidente López Obrador no gobierna para solucionar los problemas del país, gobierna para mantener una base social-electoral de apoyo, y para lograrlo, le ocupa dividir, separar, catalogar, inquirir, acusar, adjetivar, perseguir y condenar a sus ´enemigos´, la otra gran mitad de la nación. Este separatismo forzado desde la silla presidencial utiliza el poder para mantenerse el poder. Bajo este contexto, el diputado federal, Ignacio Loyola Vera ha lanzado una consigna social para establecer un nuevo orden parlamentario, temporal, con el fin de proteger a la Nación desde el propio ejercicio del derecho: No modificar la Constitución en lo que resta de este sexenio. La moratoria constitucional, pausa constitucional o paro constitucional es una declaración firme de la oposición para comprometerse públicamente y ante la sociedad a no impulsar, ni respaldar, ninguna iniciativa que busque reformar la Constitución. Significa adelantarle al presidente que no contará, en ningún caso, con los votos suficientes para proponer cambios a la carta magna. Tocar la Constitución, bajo un régimen autoritario y autocrático, es un alto riesgo que no se debe jugar.
23 millones de mexicanos, en la elección federal celebrada el año pasado, le quitaron a MORENA la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo cual, cualquier cambio constitucional requiere de la suma de 56 legisladores del bloque opositor conformado por PAN, PRI, MC y PRD; de la misma forma, si la oposición quisiera proponer una reforma de índole constitucional requeriría de 112 diputados del oficialismo. Es decir, cualquier cambio de orden constitucional requiere de un consenso amplio difícil de prever en esta etapa política de alta crispación. A pesar de ello, López Obrador jamás ha tenido la intención de buscar un punto de encuentro o consenso para cambiar la ley, por el contrario, no cesa en sus intentos por modificar la Constitución desde su individualidad y su interés; ya lo hizo mediante la reforma eléctrica – que no alcanzó la mayoría calificada requerida- y ahora persiste con la reforma electoral que, de aprobarse, pondría fin a nuestro régimen democrático y representativo. El presidente sabe que no logrará la aprobación de sus reformas constitucionales, pero recurre a esta práctica para encender y mantener su narrativa nacionalista. Su intención primaria es polarizar, lo secundario es gobernar.
Las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente han sido solo sus anclas discursivas, con el perverso propósito de dividir a nuestra Nación; debemos frenarlas, acotarlas y minimizarlas mediante la moratoria constitucional. Hay que ser drásticos en un momento drástico. No es un asunto meramente de legislación, se trata más de un acuerdo social por nuestra unidad nacional.
José Báez
Diputado Federal
