Las bebidas alcohólicas en México además de pagar 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagan entre un 26% y 53% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otro 4.5% de impuestos locales sobre su precio de salida. A modo de ejemplo, si el valor al mercado de una botella es de $200 pesos, a esta cantidad se le deben añadir impuestos resultando que el precio al consumidor se incrementará, por lo menos, en un 50%, es decir, costará a la venta al público al menos $300 pesos pudiendo llegar incluso a casi el doble de su valor inicial ($400).
¿Por qué tantos impuestos y tan altos? ¿Cuál es la justificación fundamental para aplicarlos? El IEPS es un impuesto indirecto y especial que conlleva un fin extra fiscal – un fin social- que para el caso de las bebidas alcohólicas es desalentar su consumo, combatir el alcoholismo y proteger la salud pública. Este propósito extra fiscal se encuentra mandatado desde la propia Constitución en su artículo 117; lo que se intenta con la imposición de estas grandes cargas fiscales es elevar los precios a las bebidas etílicas para aumentar la recaudación, al tiempo que se inhibe su consumo. Pero, ¿Este esquema es adecuado y opera bien? ¿Realmente desincentiva el consumo excesivo, particularmente de las bebidas con los más altos niveles de alcohol? ¿Es justo aplicar la misma tasa de impuestos al vino de mesa que a la cerveza, a un destilado o a un aguardiente? La respuesta a todas las interrogantes anteriores es no.
A pesar de la aplicación del IEPS, el comercio sigue ofreciendo bebidas de altísima graduación etílica a precios realmente bajos; así encontramos licores de caña con alta graduación de alcohol que se venden a bajo precio. Asimismo, resulta des proporcional aplicar la misma tasa a bebidas que claramente tienen un nivel de alcohol diferente y procesos de calidad distintos.
Entonces ¿Qué debemos hacer? Reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con relación a las bebidas alcohólicas para cambiar el enfoque. Me explico, si se trata de inhibir el consumo de bebidas alcohólicas, gravemos los grados de alcohol contenidos y no el costo al mercado para que las bebidas de baja calidad, baratas y con altos grados de alcohol se encarezcan y las bebidas con menores grados de alcohol y de buena calidad, como el vino mexicano, no paguen altos impuestos afectando su competitividad frente a bebidas extranjeras. Así como no es lo mismo una cerveza comercial o una artesanal o un aguardiente en garrafa que un tequila o vino blanco, sus niveles de alcohol deben regir la tasa de los impuestos a aplicarse.
Este esquema se utiliza con éxito en toda la Unión Europea, gravando así los grados de alcohol en un equivalente de 3.90 pesos por grado de alcohol contenido. Debemos legislar para cumplir con el doble fin de retraer el consumo excesivo de bebidas altamente etílicas y beneficiar directamente a sectores como el vitivinícola para impulsar mejores consumos y proyectar la competitividad de los productos mexicanos de alta calidad.
