Nuevamente el presidente López Obrador se equivoca al despreciar la ciencia y anteponer su criterio personal por encima del criterio científico. A pesar de recurrir constantemente a la frase “prohibido prohibir”, como parte de su filosofía “liberal y progresista”, el presidente decidió decretar la prohibición de la comercialización y circulación de los cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Simplemente los bateo de México. Es verdad que fumar mata y que no hay mejor estrategia sanitaria que prevenir e impulsar medidas que lleven a la cesación, pero también es cierto que para millones de personas, dejar de fumar no es opción, ya sea por adicción o por gusto. Para estas personas deben existir alternativas que puedan ser menos dañinas. Diversas autoridades sanitarias por todo el mundo han concluido que existe evidencia científica de que los vapeadores son menos dañinos que el cigarro y precisamente por ello se encuentran regulados en más de 60 países. Incluso, hay estudios globales como el realizado por Grupo Cochrane de Adicción al Tabaco que indica que los vapeadores son más efectivos para dejar de fumar que los parches o chicles y más seguros que los cigarrillos. La medida autoritaria del presidente López Obrador no atiende las recomendaciones de los expertos, ni observa las mejores prácticas en otras latitudes. Antes de prohibir por prohibir deben analizarse con apertura datos y estudios serios que permitan a un grupo de investigadores y especialistas determinar la mejor forma de atender esta nueva modalidad para los fumadores. Es necesario que una debida regulación se de por medio del Consejo de Salubridad General y no a ocurrencia del presidente. Con la salud pública no se juega, ni se debe aventurar a la ligera. Senadores y Diputados federales deben intervenir para legislar en esta materia escuchando todas las posiciones bajo un parlamento abierto. Las regulaciones de salubridad y las decisiones de las autoridades sanitarias no pueden ni deben recaer en la exclusividad de la opinión del presidente.
