Vivimos bajo un gobierno que viola permanentemente la ley. Las disposiciones contenidas en nuestra Constitución política, en sus leyes, tratados, códigos, reglamentos y acuerdos se infringen todos los días teniendo como epicentro de la causa el Palacio Nacional.
Las “mañaneras” son el púlpito desde el cual se profana el orden jurídico que debería garantizar, justa e igualitariamente, las conductas básicas del comportamiento social y los límites de actuación de la autoridad.
Sí, en México se tuerce la carta magna desde la propia figura presidencial; la violación sistémica a las leyes y la interpretación conveniente de las mismas son la especialidad de quien nos gobierna. Para el presidente López Obrador “su” fin justifica “sus” medios y ‘sus’ miedos.
Ejemplos sobreabundan: cancelar la construcción de un aeropuerto que tenía un gran avance y que nos costó a los mexicanos más de 100 mil millones de pesos, tergiversar la consulta sobre la revocación de mandato para convertirla en una “ratificación”, desaparecer fideicomisos de utilidad pública, promover la imagen presidencial durante las vedas electorales, proteger a los familiares e incondicionales del presidente frente a los evidentes actos de ilegalidad y corrupción vistos, adjudicar directamente y sin licitación alguna la casi totalidad de los contratos que otorga el gobierno federal, liberar al hijo del “Chapo”, pactar con los delincuentes, actuar negligentemente frente a una de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad y que ha cobrado la vida de medio millón de mexicanos, destruir la selva del sureste y deforestar al país mediante el programa mal llamado “Sembrando Vida”, militarizar al país, inventar delitos y usar a la Fiscalía y a la Secretaría de Hacienda para perseguir a periodistas y a oponentes… Abusos que conculcan cada día la legislación vigente de nuestro país.
Estamos frente al poder pleno depositado en un solo hombre que ejecuta, interpreta, legisla y juzga a la vez. Una sola voz que mandata con o sin razón, con o sin fundamento legal, con o sin ley. Se dice que “sin separación (y equilibrio) de poderes simplemente no hay constitución”, y sin constitución, no hay Estado, no hay derecho, no hay un pacto de convivencia social mínimo.
stamos frente al peligro de un régimen autocrático donde un ‘solitario’ decide libremente, sin freno y sin ley. Se enciende una señal de alerta que anuncia una fuerte sacudida a nuestro marco legal.
El sismo puede ser de consecuencias catastróficas si no se frena y se limita a quien anhela y ejerce todo el poder, sin importar las consecuencias ‘legales’. Es la Corte quien tiene ahora la más alta responsabilidad histórica para garantizar un gobierno equilibrado, de contrapesos y de derecho. Es la ley la que debe guiarnos.
