El artículo 19 constitucional establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos que por su gravedad merecen que el presunto delincuente o imputado sea detenido y no tenga oportunidad de llevar su proceso en libertad.
El texto vigente de esta norma constitucional enlista los siguientes casos que obligan al juez a ordenar la prisión preventiva oficiosamente: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y aquellos relacionados con la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Como se puede percibir, los delitos que la Constitución enumera para derivar en la prisión preventiva son de diversa índole, discrecionales y muy particulares. En esta ocasión no se pretende analizar la eficacia de esta disposición legal, ni su debida correspondencia con la observancia irrestricta a los derechos humanos; mereciendo un estudio serio y a fondo para su modificación como lo ha advertido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estas líneas únicamente nos referiremos a la reciente aprobación de la Cámara de Diputados para incluir al tráfico de armas como un delito grave más, sujeto a la prisión preventiva.
En México 7 de cada 10 homicidios se comenten con un arma de fuego y la gran mayoría de mexicanas y mexicanos creen que las armas son las facilitadoras de la violencia y se oponen, incluso, a la posesión legal de estas. Nuestra vecindad con Estados Unidos ha provocado un alza constante en la internación de armas a México. El canciller Marcelo Ebrard señaló ante el Senado mexicano que en los últimos años se han asegurado en nuestro país 56 mil armas de las cuales 21 mil son armas largas, y propuso, en la sede de la Fiscalía General de la República, que el tráfico de armas fuera considerado como delito grave. Esta iniciativa constitucional fue ya aprobada en la Cámara baja con el apoyo amplio de los partidos políticos como una medida más para respaldar la pacificación del país. Apuntamos que la actuación del gobierno federal en materia de seguridad pública ha sido desastrosa a pesar de contar con todas la herramientas jurídicas, legislativas y financieras. La Guardia Nacional y la estrategia de “abrazos y no balazos” no ha funcionado; sin embargo, debemos coincidir y coadyuvar sin tintes partidistas para endurecer el marco legal con la pretensión de reducir el tráfico de armas y con ello debilitar a las organizaciones criminales que hoy imponen la ley de las armas en tantos sitios de nuestro querido país.
*Diputado federal PAN
