El sector energético es una de las áreas más estratégicas para el desarrollo del país. Los montos de inversión pública y privada que lo sostienen, […]
El sector energético es una de las áreas más estratégicas para el desarrollo del país. Los montos de inversión pública y privada que lo sostienen, el número significativo de empleos que genera y las repercusiones ambientales que implica, lo posicionan como un sector decisivo y que influye y proyecta radicalmente el futuro de la Nación.
México ha transcurrido por un largo proceso de ajustes al marco normativo y constitucional sobre la industria energética, de Ernesto Zedillo a López Obrador, en cada sexenio, se ha buscado adecuar la concepción y el funcionamiento del modelo energético nacional, partiendo de la observancia a la constitución, las pautas internacionales y las demandas del mercado; siempre bajo la premisa de avanzar y evitar retroceder, procurando eficientizar el servicio, cuidar el medio ambiente y detonar el desarrollo económico nacional.
Pero hoy, a la mitad del sexenio lopezobradorista, se plantea una regresión inimaginable para este siglo. Basta con leer la exposición de motivos de la propuesta de reforma “eléctrica” presentada por el presidente López Obrador, para advertir el lastre de complejos y calcular las irreparables consecuencias negativas para el país. Ésta iniciativa es un duro golpe a la competencia y a la economía nacional, contamina el medio ambiente, pega económicamente a los consumidores y es un zarpazo a la legalidad, pues viola la constitución y diversos tratados internacionales.
Para no pocos especialistas, la reforma presentada por el presidente no se trata de una reforma exclusiva al sector eléctrico, y apunta más bien, a una reforma estructural que afectará al sector energético en su totalidad, pero sobre todo, a las finanzas públicas; más que reforma “eléctrica” es una reforma de corte financiero que llevará inevitablemente a endeudar, mediante subsidios, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los efectos previsibles son nefastos: monopoliza y estatiza el servicio de energía eléctrica – buscando fijar y controlar los precios-; afecta directamente al consumidor pues inevitablemente el costo de la electricidad será mayor por la ineficiencia con la que opera la CFE; impacta irreparablemente en el medio ambiente ya que se basa en la generación de energía sucia a partir de la quema del carbón y del combustóleo; violenta el estado de derecho pues incumple con los compromisos adquiridos ante el concierto internacional y contradice la propia constitución.
Distintos conocedores del sector e instituciones respetables como el IMCO, han demostrado que el costo por producción de electricidad por parte de la CFE es hasta 5 veces más caro que la energía generada por privados. A pesar de ello, se insiste en entronizar a la comisión y cancelar toda competencia. Vale reconocer que el actual marco normativo no es perfecto y sí es perfectible, por lo que cabe preguntarnos ¿qué alternativa proponer entonces? Simplemente cumplir la ley, respetar los tratados internacionales, evitar destinar recursos a la CFE y su barril sin fondo, apoyar a la gente para que pueda adquirir paneles y calentadores solares o cualquier otra tecnología que ahorre energía, privilegiar la energía limpia y renovable. Esta debe ser la apuesta del gobierno. Dejar los complejos de lado y volver al futuro.
