El gran peligro de la reforma eléctrica presentada por López Obrador es su efecto contaminante. De aprobarse esta intentona, los daños ambientales serían dramáticos. Se trata de una propuesta retrógrada, de la era del carbón, que por un lado pretende monopolizar y por el otro contaminar. La propuesta de reforma eléctrica presidencial apuesta por la generación de energía cara, sucia y no renovable, bajo la exclusividad y monopolio de la muy ineficiente Comisión Federal de Electricidad (CFE) comandada por el impresentable Manuel Bartlett. Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que la CFE genera electricidad hasta 252% más cara que lo que puede hacerlo el sector privado. Imagínese ahora centralizar toda la producción de electricidad en esta comisión y aniquilar la sana competencia.

Pero regresemos al tema central, el efecto contaminante de la reforma. ¿Por qué se afirma que esta iniciativa generaría energía contaminante? Por tres razones sustantivas. Primero, porque al otorgar el monopolio de la generación de electricidad a la CFE, implícitamente se privilegia la producción de electricidad mediante la quema de combustóleo utilizado como el combustible industrial principal para este efecto. Al respecto Greenpeace asegura “la producción de combustóleo es costosa. En 2019, la producción de un megawatt hora con combustóleo fue de 138 dólares, mientras que el mismo megawatt generado con solar costó 67 dólares y la eólica 66” y agrega “la quema de combustibles trae consigo la emisión de gases de efecto invernadero […] como el azufre”. Es decir, económica y científicamente está demostrado que quemar combustibles para generar electricidad es una pésima idea en este siglo. Segundo, porque al impulsar la capacidad de las refinerías de PEMEX se aumenta exponencialmente la producción del combustóleo (residuo sobrante después de refinar el petróleo crudo) con lo que se estimula que sea la CFE la que le compre a PEMEX esta gran cantidad de combustóleo que genera para cumplir con un doble aunque perverso propósito: ayudar financieramente a PEMEX y seguir con la terquedad de la construcción de una nueva refinería. Y tercero, por los complejos ideológicos del inquilino del palacio, quien vive estancado en el pasado y despreciando un futuro mejor y sostenible. Tenemos un presidente que al igual que Trump es ajeno a la lucha global contra el cambio climático y desprecia el Acuerdo de París.

Aquella imagen de una chimenea industrial expulsando grandes cantidades de humo negro, es la exacta descripción gráfica de la reforma eléctrica promovida, paradójicamente, desde Los Pinos. Es irrefutable que con esta reforma se estaría contaminAMLO a México.

México es un país muy diverso. Posee una gran variedad de hábitats en sus 1,960,189 km2 de superficie continental que lo colocan como el catorceavo país con mayor extensión territorial del mundo. Sus tipos de climas son tan amplios que corren de extremo a extremo ocasionando, naturalmente, inclemencias pasajeras. Nuestro país tiene zonas montañosas, valles, planicies, costas, desiertos, importantes cuerpos de aguas, ríos y mucho más; vivimos en un país con una inigualable riqueza ambiental aunque ello conlleva que, repentinamente, nuestras distintas regiones se conviertan en escenarios de catástrofes naturales. Los accidentes ocurren sin dar aviso, los desastres naturales también. Por tal razón, nuestros gobiernos deben aplicar toda clase de recursos para monitorear constantemente la evolución de los elementos climáticos: temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, viento, así como otros indicadores para medir el desplazamiento de las capas terrestres, la actividad volcánica y muchos otros factores. Sin embargo, el acontecer de un desastre natural resulta inevitable a pesar de estos esfuerzos y pone en riesgo cientos de vidas humanas. Huracanes, sismos, mareas altas, deslaves, inundaciones, suceden cotidianamente, y como ya se dijo, sin aviso. ¿De qué forma puede un gobierno prevenirse mejor ante estas contingencias? ¿Cómo afrontar de mejor manera una crisis repentina ante un desastre natural? La respuesta es lógica: con prevención, capacitación y recursos. Esencialmente con recursos: humanos, técnicos, financieros. En el año 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales – FONDEN por sus siglas- para atender precisamente los efectos de los desastres naturales mediante una capacidad financiera que les permitiera a los gobiernos hacer frente. La cualidad de este fideicomiso era apoyar a los distintos niveles de gobierno con recursos públicos para ocuparse de la atención y recuperación ante un desastre. Pero recientemente, en contrasentido y en un nuevo acto de insensatez, hace tan solo unos pocos meses se oficializó la desaparición de este fondo. Bajo la narrativa presidencial el FONDEN se eliminó porque estaba “plagado de corrupción” a decir del presidente López Obrador. Y nos preguntamos, si existen pruebas de actos de corrupción en su funcionamiento ¿qué era mejor? ¿denunciar y sancionar a los responsables o desaparecer el fondo? En lugar de erradicar la corrupción, se optó por erradicar los apoyos solidarios. Por obvio que parezca lo que se debe eliminar es la corrupción, no así los recursos para la atención de los desastres naturales. En el colmo del desastre se castigó a las víctimas de los desastres y se premió al gobierno federal con el uso discrecional del dinero, sin un esquema transparente y carente de reglas claras de operación que lo regule. Simplemente, el colmo.

Mañana 1 de septiembre se reúne el Congreso General para inaugurar el periodo de sesiones del Poder Legislativo y con ello las preguntas más elementales surgen ¿cuáles son los temas prioritarios para el presidente de la República? ¿cómo pretende gastar los recursos de la Nación estando a la mitad de una profunda crisis económica y sanitaria?

Han pasado 17 meses desde que la Organización Mundial de la Salud reconoció la existencia de la pandemia de Covid-19 desencadenando los estragos que ha causado en el mundo. En México, más de 250,000 muertes oficialmente, aproximadamente 400,000 empleos perdidos que siguen sin recuperarse, la inversión pública más baja en 23 años y, negligentemente, millones de niños y jóvenes sin acceso a educación.

La crisis sanitaria, cuyas consecuencias se recienten diariamente en cientos de miles de hogares, debería orillar al gobierno a declarar a la economía, a la salud y a la educación como los temas prioritarios a enfocar en los tiempos que nos esperan. Estamos, sin más, ante una emergencia sanitaria y económica brutal que requiere de leyes, programas y presupuesto para atender esta coyuntura con la mayor responsabilidad. Apoyar a los micro, pequeños y medianos comerciantes, reorganizar al sistema de salud para garantizar atención de calidad, becar al que regresa a clases, dotar de tecnología a maestros y escuelas. Human Rights Watch ha señalado que “la educación debería estar en el centro de los planes de recuperación de todos los gobiernos” y México no puede ser la excepción. Pero la primera palabra la tiene el presidente y no hay otra manera de identificar, en los hechos, las prioridades presidenciales más que respondiendo a las preguntas aquí formuladas ¿qué cambios legales quiere hacer de manera preferente? ¿en qué se quiere gastar el dinero el presidente? Si su prioridad legislativa resulta ser la implementación de una consulta popular para seguir dividiendo al país y su propuesta de gasto se mantiene en la terquedad de construir una refinería, estaremos conociendo las prioridades, inimaginables, del gobierno lopezobradorista.

Existe una expresión que hace referencia a la decisión de un gobierno por volcar todos los recursos del país hacia una situación bélica, en tanto se encuentra en guerra, se le conoce como “economía de guerra”. Es decir, todos los recursos del estado se destinan para hacer frente al conflicto. Hoy, nuestro país está en una situación desafiante que amerita que el gobierno se vuelque – como en economía de guerra- en una clara estrategia de recuperación económica. Estamos a horas de poder medir la sensatez de este gobierno. Llegó el momento de conocer las prioridades para el cierre del sexenio.

*Diputado Federal PAN