El gran peligro de la reforma eléctrica presentada por López Obrador es su efecto contaminante. De aprobarse esta intentona, los daños ambientales serían dramáticos. Se trata de una propuesta retrógrada, de la era del carbón, que por un lado pretende monopolizar y por el otro contaminar. La propuesta de reforma eléctrica presidencial apuesta por la generación de energía cara, sucia y no renovable, bajo la exclusividad y monopolio de la muy ineficiente Comisión Federal de Electricidad (CFE) comandada por el impresentable Manuel Bartlett. Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que la CFE genera electricidad hasta 252% más cara que lo que puede hacerlo el sector privado. Imagínese ahora centralizar toda la producción de electricidad en esta comisión y aniquilar la sana competencia.

Pero regresemos al tema central, el efecto contaminante de la reforma. ¿Por qué se afirma que esta iniciativa generaría energía contaminante? Por tres razones sustantivas. Primero, porque al otorgar el monopolio de la generación de electricidad a la CFE, implícitamente se privilegia la producción de electricidad mediante la quema de combustóleo utilizado como el combustible industrial principal para este efecto. Al respecto Greenpeace asegura “la producción de combustóleo es costosa. En 2019, la producción de un megawatt hora con combustóleo fue de 138 dólares, mientras que el mismo megawatt generado con solar costó 67 dólares y la eólica 66” y agrega “la quema de combustibles trae consigo la emisión de gases de efecto invernadero […] como el azufre”. Es decir, económica y científicamente está demostrado que quemar combustibles para generar electricidad es una pésima idea en este siglo. Segundo, porque al impulsar la capacidad de las refinerías de PEMEX se aumenta exponencialmente la producción del combustóleo (residuo sobrante después de refinar el petróleo crudo) con lo que se estimula que sea la CFE la que le compre a PEMEX esta gran cantidad de combustóleo que genera para cumplir con un doble aunque perverso propósito: ayudar financieramente a PEMEX y seguir con la terquedad de la construcción de una nueva refinería. Y tercero, por los complejos ideológicos del inquilino del palacio, quien vive estancado en el pasado y despreciando un futuro mejor y sostenible. Tenemos un presidente que al igual que Trump es ajeno a la lucha global contra el cambio climático y desprecia el Acuerdo de París.

Aquella imagen de una chimenea industrial expulsando grandes cantidades de humo negro, es la exacta descripción gráfica de la reforma eléctrica promovida, paradójicamente, desde Los Pinos. Es irrefutable que con esta reforma se estaría contaminAMLO a México.

Existe una regla manifiesta en México, el desprecio por la ciencia. El presidente López Obrador nunca ha sido afecto a los análisis metódicos, jamás se ha dispuesto a escuchar una opinión contraria, o por lo menos, a recibir una segunda opinión distinta a la suya – parte fundamental en la verificación científica-, de ninguna forma ha mostrado simpatía por investigadores, especialistas, técnicos o académicos, de ningún modo sus palabras corresponden a una verdad soportada con datos, fiel a razonamientos lógicos o respetando la sistematización del conocimiento. Bien apuntaba el matemático polaco Jacob Bronowski “La ciencia es la aceptación de aquello que funciona y el rechazo de aquello que no. Para eso se necesita más coraje que lo que uno piensa”. Para el presidente mexicano lo que vale es lo que él piensa; sus datos son “los” datos y no hay más. Su desprecio por la verdad científica se constata cada mañana.

Si ya bajo el neoliberalismo vivíamos en un país que invertía muy poco en ciencia y tecnología, ahora, bajo la sombra de la “cuarta transformación” retrocedimos. No solo disminuyó significativamente la inversión en ciencia y tecnología, ahora, aunque usted no lo crea, inició también la persecución política y judicial en contra de investigadores y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), principal organismo público del gobierno dedicado a la promoción, impulso y desarrollo de la ciencia en nuestro país.

Mientras en México se destina actualmente tan solo el .1% del PIB a la ciencia e investigación, en países como Alemania, Corea del Sur o Japón se destina hasta un 4% en comparación. Mientras en países desarrollados y en vías de desarrollo se estimula y reconoce el trabajo de quienes dedican su vida a la investigación, en México se les busca encarcelar tergiversando la información y distorsionando los hechos.

La Fiscalía General de la República, en un hecho inédito, acusa a 31 investigadores por el uso de gastos operativos “indebidos” a pesar de estar claramente soportados por la ley. La Fiscalía pretendió acusarlos de delincuencia organizada y lavado de dinero por haber usado el recurso público en viáticos que son un gasto necesario, reconocido por las autoridades fiscales y que tiene un fin claro que es cubrir la alimentación, hospedaje, transporte… durante un viaje de trabajo específico. La Fiscalía de López pretende enjuiciar a investigadores por utilizar el dinero que se les dio para el fin que se les dio.

Decía Julio Verne que “la ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos hacia la verdad.” Quizá esta sea la razón “científica” para comprender el desprecio presidencial por la ciencia: la permanente negativa a reconocer sus errores y el temor constante por llegar a la verdad.

México es un país muy diverso. Posee una gran variedad de hábitats en sus 1,960,189 km2 de superficie continental que lo colocan como el catorceavo país con mayor extensión territorial del mundo. Sus tipos de climas son tan amplios que corren de extremo a extremo ocasionando, naturalmente, inclemencias pasajeras. Nuestro país tiene zonas montañosas, valles, planicies, costas, desiertos, importantes cuerpos de aguas, ríos y mucho más; vivimos en un país con una inigualable riqueza ambiental aunque ello conlleva que, repentinamente, nuestras distintas regiones se conviertan en escenarios de catástrofes naturales. Los accidentes ocurren sin dar aviso, los desastres naturales también. Por tal razón, nuestros gobiernos deben aplicar toda clase de recursos para monitorear constantemente la evolución de los elementos climáticos: temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, viento, así como otros indicadores para medir el desplazamiento de las capas terrestres, la actividad volcánica y muchos otros factores. Sin embargo, el acontecer de un desastre natural resulta inevitable a pesar de estos esfuerzos y pone en riesgo cientos de vidas humanas. Huracanes, sismos, mareas altas, deslaves, inundaciones, suceden cotidianamente, y como ya se dijo, sin aviso. ¿De qué forma puede un gobierno prevenirse mejor ante estas contingencias? ¿Cómo afrontar de mejor manera una crisis repentina ante un desastre natural? La respuesta es lógica: con prevención, capacitación y recursos. Esencialmente con recursos: humanos, técnicos, financieros. En el año 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales – FONDEN por sus siglas- para atender precisamente los efectos de los desastres naturales mediante una capacidad financiera que les permitiera a los gobiernos hacer frente. La cualidad de este fideicomiso era apoyar a los distintos niveles de gobierno con recursos públicos para ocuparse de la atención y recuperación ante un desastre. Pero recientemente, en contrasentido y en un nuevo acto de insensatez, hace tan solo unos pocos meses se oficializó la desaparición de este fondo. Bajo la narrativa presidencial el FONDEN se eliminó porque estaba “plagado de corrupción” a decir del presidente López Obrador. Y nos preguntamos, si existen pruebas de actos de corrupción en su funcionamiento ¿qué era mejor? ¿denunciar y sancionar a los responsables o desaparecer el fondo? En lugar de erradicar la corrupción, se optó por erradicar los apoyos solidarios. Por obvio que parezca lo que se debe eliminar es la corrupción, no así los recursos para la atención de los desastres naturales. En el colmo del desastre se castigó a las víctimas de los desastres y se premió al gobierno federal con el uso discrecional del dinero, sin un esquema transparente y carente de reglas claras de operación que lo regule. Simplemente, el colmo.

Generalmente al escuchar la palabra fundamentalismo nos ubicamos en regímenes islámicos y nos trasladamos a Irán o Sudán, lugares en donde el extremismo reina. Pero quizá en un corto tiempo nos habituemos al término para referirnos al movimiento que encabeza el actual presidente. Pareciera exageración, pero baste con escuchar a los legisladores del PT y Morena en la tribuna de San Lázaro para advertir el trance. La Real Academia Española (RAE) define al fundamentalismo como la exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida, y así se escuchan de principio a fin en cada intervención. No hay generación de ideas, se desprecia la razón, no existe el menor interés de diálogo, no hay voluntad, menos sensatez. Lo que sí sobra es una exaltada intransigencia y un público fanatismo; ahí están consignadas en el Diario de los Debates, por ejemplo, los constantes sermones de Fernández Noroña como reflejo de un fundamentalismo puro y llano y como voz de una bancada fanatizada. Más que legisladores, parecen ministros; ministros en su acepción religiosa o bien en su sentido oficioso y gubernamental, ya que confesamente son devotos de su señor presidente y empleados de su presidente rey. Bajo estas dos connotaciones vela un alto riesgo, pues un legislador no debería fungir jamás como un empleado del presidente – si se cree en la división de poderes- y menos aún actuar como un sacerdote de culto que vitorea al presidente al final de cada discurso.

Pero, ¿en qué nos perjudica la actitud fundamentalista y fanática de los diputados afines al presidente? En que provocan una profunda división y fragmentación de la unidad nacional, pero sobre todo, en la sustentación del andamiaje de un sistema autoritario, populista y totalitario.

Volvamos a la RAE, el fanatismo es apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Enrique Echeburúa, catedrático de psicología clínica de la Universidad del País Vasco afirma que “mientras las personas no fanáticas tienen ideas, los fanáticos tienen creencias” y que “es más fácil pasar de ser fanático de una cosa a fanático de otra que pasar de fanático a tolerante” Entonces reflexionemos ¿cómo debatir los temas del país con un fanático que integra una mayoría? ¿cómo discutir y acordar una iniciativa de ley? ¿cómo establecer un diálogo propositivo con quienes tienen una sobre valoración afectiva a sus creencias y no admiten que el otro los contradiga? Este es el gran peligro, la instauración de un fundamentalismo a la mexicana en donde el Poder Legislativo endiosa al presidente elevándolo, erigiéndolo, ensoberbeciéndolo, en lugar de fiscalizarlo, controlarlo, orientarlo.

*Diputado federal del PAN