Las recientes reformas electorales propuestas por el presidente y aprobadas por Morena violentan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen claramente un objetivo perverso: acabar con la democracia y proyectar una dictadura. Se trata pues de trastocar las reglas del juego para favorecer a quienes hoy están en el poder y quieren quedarse a perpetuidad manifiesta.Pero veamos, ¿Qué cambios legales contiene el llamado plan b de López Obrador?
Aquí cinco puntos relevantes. Primero, permite la participación descarada del gobierno en precampañas y campañas, sin ninguna consecuencia legal, restringiendo las facultades de sanción y fiscalización de la autoridad electoral y permitiendo el activismo político-electoral de los funcionarios públicos del gobierno. Lo que se persigue con estos cambios legales es blindar la ilegal promoción adelantada de las “corcholatas” y la participación activa del presidente desde la mañanera hasta su promoción en giras y eventos con fines de propaganda electoral. Es decir, autorizan violar la ley sin consecuencias y que los gobernantes puedan desatender sus obligaciones para andar en campaña permanente. Segundo, sanciona como calumnia a quien se atreva a criticar al gobierno, es decir legalizan la censura.
Tercero, ataca directamente la autonomía de la autoridad electoral, modificando su estructura y reduciendo el personal del servicio profesional electoral contradiciendo lo dispuesto por el artículo 41 constitucional que a la letra dice “El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.” El plan b implica el despido masivo de más de 2,000 trabajadores que incluso afectaría el proceso de emisión de las credenciales de elector.
Cuarto, busca provocar gran inestabilidad el día de la jornada electoral ya que no habrá personal suficiente y calificado para entregar los paquetes electorales, capacitar a los funcionarios de casilla y realizar los cómputos y el recuento de los votos. También, reducen de 13 días a 48 horas el tiempo para que los partidos políticos registren a sus representantes de casilla.
Quinto, es una reforma regresiva en materia de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables porque reduce su representación a 25 espacios en la Cámara de Diputados a pesar de que el INE había dispuesto de 50. Como se puede apreciar, el plan b del presidente es basura que contamina la legalidad y arruina lo que bien ha funcionado en más de 20 años. ¿Por qué al igual que los dictadores latinoamericanos recientes, López Obrador modifica las reglas con las que accedió al poder? ¿Por qué cambiar lo que funcionaba bien? Todo apunta a enterrar la posibilidad de la alternancia en México.
El INE ha sido garante de que en más del 60% de las elecciones haya alternancia, es decir, en la mayoría de las elecciones, por decisión de la gente, ganan los retadores y pierden los gobernantes en turno. Lo que quiere López Obrador es reducir al máximo estas posibilidades. Hoy, como nunca antes, nuestra democracia está bajo ataque y debemos resistir. El plan b será impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un claro argumento: el respeto a la autonomía dispuesto en el artículo 41 constitucional. En pie de lucha #ElINENoSeToca
